La Asamblea Legislativa aprobó este martes la reforma a la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación, la cual tiene por objeto la agilización de procedimientos regulados en dicha ley, y prorrogar su vigencia por un plazo de cinco años.
El decreto fue emitido en 2015 y cuenta con una prórroga, la cual vence el 12 de mayo de 2025, por lo que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) pidió la prolongación del mismo y algunas reformas.
La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, mencionó que la ley especial “ha tenido muchos buenos resultados, ya que ha permitido legalizar 1,976 inmuebles a favor del MINED”, atribuyéndolo al gobierno de Bukele.
De no prorrogarla, afectaría a 1,232 centros educativo. “Actualmente no pueden ser intervenidos para remodelaciones o construcciones” dijo Merlos.
De acuerdo a la presentación del titular del Ministerio, José Mauricio Pineda, ante la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno este lunes, se extienden los procesos de legalización a todos los inmuebles necesarios para los servicios educativos, de administración y aquellos en los que el Ministerio tenga interés.
También se considerarán de utilidad pública cualquier inmueble donde operen Centros Educativos Oficiales (CEO), sus anexos y aquellos destinados a servicios educativos y uso administrativo, aunque el funcionario aseguró que no implica una expropiación.
Se incorporarán “por ministerio de ley” también al ramo de Educación las propiedades del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) usadas para centros escolares; se crean procedimientos especiales para agilizar la titulación de propiedades y el acotamiento de derechos proindivisos, facilitando la gestión de propiedades por parte del Ministerio.
Pineda mencionó que aunque la Asamblea creo un decreto transitorio para que pudieran invertir en escuelas que están en terrenos que no están bajo administración del MINEDUCYT, los bancos que están financiando las obras infraestructura no lo aceptan.
“Tiene que estar legalmente inscrito la administración para el Ministerio de Educación, si no, no lo aceptan”, dijo.
Con la reforma se permitirá realizar levantamientos topográficos sin contar con la autorización previa del propietario y se facilitará la inscripción de escrituras antiguas a nombre del Ministerio de Educación.
Además, se eliminan los costos, pagos y aranceles para agilizar el proceso ante el Centro Nacional de Registros.
Aunque se mantiene que el MINEDUCYT elabore el listado de los inmuebles que por distintas razones no están inscritos a su favor, elimina la parte de que el listado es información oficiosa y agrega que el CNR proporcionará la colaboración e información necesaria para elaborar el listado.
Convenio
Este martes también se ratificó, con 59 votos, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, adoptada el 23 de noviembre del 2025, en Nueva York.
Dicho instrumento reconoce la validez jurídica de las comunicaciones electrónicas y establece las normas para aspectos fundamentales, como la equivalencia funcional de la firma electrónica.