El integrante del Instituto Nacional Democrático (IND), Eduardo Nuñez, considera que a lo largo de la historia reciente del país la legislación electoral ha carecido de rigidez para con los partidos políticos.
Actualmente, el país se encuentra en campaña electoral de las candidaturas presidenciales, y si bien la ley que debe publicarse la información financiera de cada partido, solo uno de trece la tiene pública (Nuestro Tiempo).
¿Qué se requiere en las contiendas electorales para que sean igualitarias?
Hay que verlo de distintas dimensiones. Desde la perspectiva de la igualdad de condiciones de ejercicio de los derechos políticos lo vital es reconocer cuáles son las brechas fundamentales, la que quisimos evidenciar particularmente es la brecha entre hombres y mujeres, que es una brecha importante, a pesar de la cuota legislativa sigue habiendo un largo camino para recorrer que tiene que ver no solo con el acceso a cargo, sino también erradicar las diferentes manifestaciones de violencia que afectan mucho más a las mujeres.
Con Andrisas hemos venido haciendo un monitoreo de la violencia digital y es brutal la violencia contra las mujeres.
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Entonces una de las primeras cosas es cerrar las brechas de participación hombres-mujeres, personas con discapacidad, derechos de la diversidad sexual en donde se pudiera ver afectado. Ahí hay un primer elemento que tiene que ver con igualdad y equidad.
Lo otro tiene que ver más con la equidad de la contienda electoral. Esto está más centrado entre la competencia de los partidos políticos.
Partidos políticos que no son alineados al del gobierno no han recibido su deuda política, ¿es esa una desventaja?
Ese es un tema que es relevante, el cómo acceden al financiamiento político, si es por la vía al financiamiento público o por la vía de acceso a financiamiento privado, cómo acceden a los medios de comunicación, cómo acceden a pautar en redes digitales; y ahí es todo un desafío sobre si la cancha está pareja o dispareja.
Dentro de estas variables, sin lugar a dudas si el acceso a la deuda política o no es un factor de igualdad y equidad en la competencia o el uso o no de recursos del Estado a nivel municipal, departamental o nacional.
¿Debiera ser el TSE quien exhorte al ministerio de Hacienda a entregar a los partidos en contienda su correspondiente deuda política?
Sí. Corresponde a las instituciones públicas en general garantizar la aplicación estricta de la ley, en ese sentido, sancionar las prácticas que puedan lesionar la contienda electoral, si hay prácticas de campaña anticipada, todo este debate que también ha estado presente.
También hay que velar por la entrega puntual de los recursos que el Estado prevé para el funcionamiento de los partidos políticos.
Este tipo de compromisos que habla de una aplicación estricta e igualitaria de la ley apunta a garantizar que no solo el Tribunal, sino que todo el sistema institucional en su conjunto se comprometa a garantizar que las leyes y procedimientos que garanticen que la elección se dé de manera cierta, segura y competitiva se apliquen de una manera igualitaria.
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¿Cuál es el principal riesgo a la que se enfrenta una contienda electoral que no cumple con la igualdad de condiciones para los partidos políticos en contienda?
Los riesgos son muy variados, cada elección tiene riesgos endógenos.
En El Salvador la legislación electoral ha sido históricamente débil en materia de control y fiscalización de las finanzas privadas de los partidos políticos.
Los partidos políticos han tenido un régimen muy laxo en rendición de cuentas, en materia de cómo o dónde obtienen los recursos y cómo lo usan, ahí hay un déficit endógeno que puede afectar las condiciones de participación.
También hay factores exógenos o externos a la vida de los partidos o al régimen del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, el tema de la violencia. Hace un tiempo el problema estaba asociado con la presencia de grupos criminales y la forma en que estos distorsionaba la contienda electoral o la administración electoral.
También, pueden haber otro tipo de expresiones, habría que preguntarse cómo es un proceso electoral en un contexto de estado de excepción, que es una novedad con el proceso electoral.
Tenemos que hacer un análisis a la medida de cuáles son los riesgos que una elección específica enfrenta en un contexto electoral como este, y crear un marco de observación sistemática para tratar de tener un sistema de alerta temprana sobre dónde estamos viendo problemas y cómo se pueden atenuar estos problemas o cómo se pueden prevenir esos problemas.
Estos pactos ayudan, pero ayuda mucho más un marco de coordinación interinstitucional, hay que fortalecer esto.