La disolución del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) significaría el cierre de espacios para la sociedad civil, principalmente para las asociaciones de salvadoreños en el exterior, de acuerdo a abogadas y diputadas de oposición.
El Consejo es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores formado por representantes gubernamentales, representantes de asociaciones de salvadoreños en el exterior, de organizaciones no gubernamentales inscritas en el país, así como de universidades y representantes de pequeñas y medianas empresas.
“Creo que el cierre de CONMIGRANTES se enmarca en la política gubernamental de cierre de distintos espacios a distintos sectores de la sociedad. Y asume una posición de control de todas las relaciones, lejos de facilitar la participación de la sociedad civil, en este caso de las asociaciones de los salvadoreños residentes en el exterior”,
Ruth López, abogada
Parte de los argumentos del oficialismo para disolver CONMIGRANTES es que el Viceministerio de Diáspora y Movilidad de la Cancillería tiene las mismas funciones.
“Es parte de esta reducción de una estructura de gobierno que afecta directamente la representación de la sociedad en distintos espacios que existían”, agregó López.
Y es que con la “Ley de Integración de funciones del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) al Ministerio de Relaciones Exteriores”, cuyo dictamen fue aprobado el miércoles por los diputados de Nuevas Ideas y el PCN de la Comisión de Relaciones Exteriores, dicho entidad será disuelta y los fondos para su funcionamiento pasarán al Fondo General de la Nación.
Actualmente, la Ley Especial de Migración y Extranjería establece en el artículo 326 que de los ingresos generados por el cobro de la tasa por salida de cada pasajero vía aérea, se destinará $1 al patrimonio del Consejo, fondos que se transfieren de manera trimestral.
El presupuesto aprobado de 2023 inició con $77,960 y a finales de agosto se aprobó una reforma presupuestaria que incorporó $972,025 a CONMIGRANTES, para una asignación de $1,049,985 a la línea de trabajo Protección y Desarrollo a la Persona Migrante Salvadoreña.
“El impago de la deuda previsional, la disolución de entidades y el traslado de recursos a Hacienda, la reducción de inversión en áreas claves y la reestructuración de la deuda de corto plazo no son resultado de una gestión financiera exitosa, sino más bien todo lo contrario”,
Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)
Suprimir instituciones
La diputada Marcela Villatoro, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), mencionó que la supresión de instituciones por parte del gobierno busca concentrar el poder y manejare recursos.
“La disolución de CONMIGRANTES tiene el objetivo de trasladar fondos a Hacienda, como una estrategia de que el Gobierno encuentre otra fuente de donde depredar dinero público”,
Marcela Villatoro, diputada de ARENA
Mencionó la iniciativa es similar con la de disolución del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) en la que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, dispondrá del 80 % de las aportaciones que realizan los empleadores.
“En pocas palabras, están convirtiendo en impuesto lo que antes era aporte. La eliminación de CONMIGRANTES e INSAFORP también tiene a la cabeza eliminar la participación de la sociedad civil en las decisiones de la cosa pública”, agregó.
Con la nueva ley será el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana el que sucederá en las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y obligaciones al CONMIGRANTES.
“En pocas palabras, ahora solo habrá participación gubernamental en las decisiones tomadas en torno al tema y dejando a la sociedad civil fuera”, dijo Villatoro.
Para la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el problema central de esa dinámica de eliminación de instituciones es que “la población migrante queda desprotegida”.
“Porque no hay garantía que el Viceministerio cubra todas las funciones. Y pareciera que el fondo de esta y otras eliminaciones es más el acaparar recursos”,
Anabel Belloso, diputada del FMLN
El dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores pasaría a aprobación del pleno legislativo en próximas sesiones.