Para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, la reducción de municipios y diputados no responde a un interés de economizar recursos o promover desarrollo territorial, sino más bien a “una necesidad electoral” del partido Nuevas Ideas.
Esto, añade, se debe a que el oficialismo prevé que podrían perder votos para concejos municipales y diputaciones de cara a las elecciones generales del 2024. De hecho, Anaya consideró que con esta propuestas se busca impedir que opositores al gobierno de Bukele logren obtener cargos públicos.
El pasado lunes, Ernesto Castro detalló que en las discusiones sobre el tema se maneja que sean “más o menos por los 50” concejos municipales y 64 legisladores propietarios. Al respecto, el constitucionalista dijo a El Diario de Hoy que no tiene “ningún sentido” tomar decisiones legislativas si no están apoyadas en un estudio poblacional, de tradiciones y de cultura.
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“No me atrevería decir si es conveniente o no reducir el número de municipios, sino hasta tener los estudios”, dijo y criticó que el oficialismo hace las leyes “sin ninguna base fáctica, de hechos, de conocer la realidad, sino que se inventan cosas”.
Necesidad electoral
En ese sentido, Anaya explicó la razón que podría estar detrás de tales propuestas. “Creo que la reducción de municipios y de diputados responden más a una necesidad electoral de Nuevas Ideas, con certeza ellos han apreciado que podrían seguramente perder municipios”, recalcó.
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En diciembre pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, planteó en su perfil de Twitter que la cantidad máxima de municipalidades en el país debería ser de 50 y no las actuales 262.
No obstante, el abogado Anaya recordó que el sistema electoral está basado sobre la población y en ese sentido explicó que “no se trata de escoger un número por escogerlo” sino de ver y conocer estudios.
Anaya dijo que si el interés es reducir el gasto del Estado, antes de reducir el número de diputados le parece bien que se disminuya la cantidad de empleados de la Asamblea.
Sin embargo, aclaró que debe reducirse plazas de “los que han llegado por clientelismo político” o reducir también el monto que se le concede a cada diputado para contratación de personal.