Yolanda Fabián y Carolina Vásquez enfrentan dificultades a diario desde la tercera edad y la discapacidad visual, respectivamente; las dos realidades son muy diferentes, pero convergen en las profundas necesidades y el llamado a cambios para que el Gobierno enfoque esfuerzos en esos sectores.
Así, Yolanda recordó cómo en plena pandemia debió pagar por los servicios de salud mental, pues en el Seguro Social, ISSS, le negaron la atención.
Ella, quien tiene solo un poco más de 60 años, buscaba ser tratada por la depresión que llegó a padecer cuando el gobierno ordenó el confinamiento de la población.
“Ellos (el Seguro) estaban enfocados a pacientes por covid, descuidaron muchas otras áreas, esa atención la debí buscar en lo privado y la debí pagar con el dinero de mi bolsa, teniendo disponible el Seguro”, detalla Yolanda.
A pesar que se encuentra retirada, ella sostiene que su vida es muy activa y que para aquel entonces, igual que hoy, dedica tiempo a organizaciones que velan por los derechos de las personas de la tercera edad; y el encierro la obligó de un día para otro “estar de brazos cruzados frente al televisor”.
“Fue tremendo. Yo pude pagar mi atención, pero hay otras personas que no lo pueden hacer. El discurso del gobierno asegura la atención integral para los adultos mayores , pero ya en la práctica no cumplen”, sentenció Yolanda.
Además, ejemplificó con el desalojo que en pocos días enfrentaría un grupo de aproximadamente 850 personas quienes reciben talleres en la Ciudadela del Seguro Social, en la colonia Monsterrat.
“Desde hace años les han ido reduciendo espacio, pero esta semana ya les advirtieron que deberán desalojar el lugar, para dar paso a la construcción de dos hospitales, parecería que el gobierno dice algo pero hace lo contrario”, puntualizó Yolanda.
Sostuvo que si bien existen leyes que velan por los adultos mayores, como la aprobada en 2001, “estas carecen de dientes”, y solo son “letras sin cumplir, más aún cuando no han sido elaborados los reglamentos para que sean cumplidas”.
Carolina, quien no ha encontrado empleo desde hace al menos 6 años -momento en que la discapacidad visual fue total-, sostiene que las fallas que rondan la inclusión son graves.
“Tengo experiencia en muchas áreas, además soy estudiante de ciencias jurídicas, pero cuando aplico a un empleo no se me da la oportunidad, a veces paso la entrevista pero se ha llegado al punto que me niegan el trabajo con el argumento que la empresa no cuenta con equipos como computadoras adecuadas para personas con discapacidad. Es que la discapacidad cierra puertas”, sostuvo Carolina.
Enfatizó que la afectación por discapacidad es para todo el colectivo, “al no tener políticas definidas o claras”. Además, señaló la falta de programas de salud integral, educación inclusiva, y empleos con ajustes o adecuaciones razonables. “Hay cifras que ubican en 500,000 a las personas con discapacidad, y todas tienen incontables dificultades cada día”, agregó.
“Esas limitantes en servicios y necesidades básicas que como personas con discapacidad tenemos nos imposibilitan el desarrollo digno y adecuado del ejercicio de nuestros derechos”, concluyó Carolina.
Tanto Yolanda como Carolina son parte de la Alianza de personas con discapacidad y la Coalición de Adultos mayores.
“Hay avances en los esfuerzos, pero hace falta mucho por recorrer. Buscamos el desarrollo con dignidad de los adultos mayores y las personas con discapacidad”, indicó Emilio Espin Amprimo, coordinador de la Alianza.
Emilio señaló que serían más de un millón de personas adultos mayores están desprotegidos en el país, después de haber dado “su vida por el país”.
“Desde Casa presidencial parece que quieren crear el reglamento para la ley de adultos mayores, nos alegra , pero desconfiamos. No los han escuchado, solo los han oído”, concluyó Emilio.