Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció este lunes amenazas y la fabricación de delitos en contra su directora, Ingrid Escobar, sobre quien presuntamente la Fiscalía desarrolla una investigación.
Representantes del movimiento pro derechos humanos llegaron en horas de la mañana a una sede de la Fiscalía para pedir información sobre los casos que se le investigan. También acudieron para presentar una acusación formal por amenazas y expresiones de violencia en contra de un usuario de redes sociales que la señala de estar vinculada al caso de una menor de edad que presuntamente emigró hacia México.
En una conferencia de prensa, Escobar denunció que presuntamente "todo el aparataje seguridad del Estado" ha dado órdenes a subalternos para que busquen delitos en su contra y en contra del grupo que de manera voluntaria integran el Socorro jurídico Humanitario.
Escobar agrega que la supuesta orden incluye que, de no encontrar delitos, "busquen la manera" de construirles un caso de tal manera que haya una razón para llegar a la detención.
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"Estas acciones incluyen seguimiento y vigilancia a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo, a las instalaciones de la de Socorro jurídico. Hemos confirmado por medio de placas vehículos que son uso meramente policial como de la DECO, del CIP (Centro de Inteligencia Policial) de la delegación de Miramonte", apuntó.
Intervención ilegal de las comunicaciones por medio de sistemas espías como Pegasus, hackeo de celulares, redes sociales, cuentas de correo y computadoras, análisis de cuentas bancarias, ataques sistemáticos de cuentas en redes a cada uno de sus miembros son mecanismos que, señalan, estarían siendo utilizados por entidades de gobierno para construirles diversas acusaciones.
Para los denunciantes, está claro que a través de estas prácticas se les está vulnerando el derecho a la integridad personal, entre otros derechos.
"Nadie en el Socorro jurídico humanitario es parte de ninguna agrupación delictiva, tampoco defendemos pandilleros ni criminales como reiteradamente nos acusan, nosotros defendemos derechos de los detenidos inocentes de manera ilegal y arbitraria así como de los asesinados en centros penales o a los que han matado por negarles el tratamiento médico", expuso Escobar.
Estas denuncias, señalan, las hacen anticipándose a lo que pueda ocurrir. "Si no hay delito que perseguir van incluso a intentar modificar las leyes, así como hicieron con el joven artista que denunció que el gobierno de El Salvador daba a la baldosas y a los escombros de edificios históricos tratamiento de basura", expuso la representante del SJH.
En su intervención ante la prensa, el movimiento, que ha sido crítico a las medidas del gobierno y que ha señalado arbitrariedades y abusos en materia de derechos humanos en numerosos casos, responsabilizó al Estado de toda detención arbitraria en contra de su directora, y cualquiera de sus miembros, así como de todo ataque, desaparición u homicidio en su contra o de alguno de sus familiares.
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"Nosotros sabemos ahora la forma de operar del gobierno. Intentan montar un show para atribuir delitos a los defensores de Derechos Humanos y detenernos; en el caso de nosotros por haber denunciado a medios actos arbitrarios del gobierno, las capturas arbitrarias e ilegales de personas inocentes y nos han intentado criminalizar", apuntó.
Denuncia por amenazas
Este lunes, el movimiento presentó la denuncia formal en contra de Samuel E. O., quien a través de X señaló a Escobar de ser responsable de "la huida de una niña hacia México".
"Yo en ningún momento he tenido ni siquiera comunicación con nadie de esta familia, ni mucho menos he tenido que ver con la salida de esta niña para territorio mexicano", explicó Escobar.
La denuncia fue presentada por el delito amenazas y violación a la Ley especial integral para una vida libre de violencia.
"A ella le asiste el derecho de libertad de expresión, libertad de defensa y como defensora de derechos humanos a ejercer esa defensa en contra de las víctimas", expuso Jayme Magaña, abogada defensora de SJH.
Magaña añadió que se espera que en las próximas semanas se desarrollen las diligencias del caso ante los tribunales correspondientes, pues el acusado "lo que dice no solamente son amenazas verbales o expresiones de violencia"; si no también, "le está aduciendo un delito que no ha cometido", explicó la abogada.