Luego de la aprobación de la prórroga de 30 días del estado de excepción solicitada por el presidente Nayib Bukele, , los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un decreto transitorio para facilitar las compras directas.
Lo anterior significa que, durante el período que se mantenga vigente el estado de excepción, el gobierno podrá realizar compras de bienes y servicios sin apegarse a lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).
Este decreto fue aprobado con 67 votos y sin mayor debate, en plenaria extraordinaria, pasadas las 9 de la noche del domingo.
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Dicha ley se encarga de regular los procesos de adquisición de bienes con dinero público, a la vez que establece los procesos de licitación que deben llevar a cabo las instituciones públicas. Con el decreto transitorio, el gobierno podrá realizar esas compras sin someterlas a concurso público.
Durante la discusión previo a la aprobación del “Régimen de Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado, en el Marco de la Declaratoria de Régimen de Excepción”, la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, aseguró que servirá como una herramienta para dotar de insumos de forma rápida a los cuerpos de seguridad.
Asimismo, el decreto incluye la exoneración de impuestos y aranceles a las compras que realice el gobierno entorno al estado de excepción, mismo que fue aprobado inicialmente el pasado 27 de marzo luego de una ola de violencia que dejó más de 80 muertes violentas en 72 horas.
Las compras directas son una práctica que ha realizado el gobierno salvadoreño en varias ocasiones, principalmente, durante los primeros meses de pandemia por covid-19. En esa ocasión, también se realizaron durante un estado de excepción que se aprobó para frenar los contagios de coronavirus.
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El año pasado, la Corte de Cuentas de la República (CCR) hizo una serie de reparos debido a las irregularidades que se encontraron en las distintas auditorías relacionadas con esas compras directas y, de hecho, funcionarios como el ministro de Salud, Francisco Alabí, y el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, fueron enviados a un juicio de cuentas por la falta de claridad en la ejecución de fondos públicos en el marco de la pandemia.