Para cerrar con broche de oro el año, la Asamblea Legislativa aprobó en una sola jornada $1,614.4 millones. En total, en este 2022, los diputados terminaron incrementando la deuda pública en $3,843.2 millones.
En el presente año, el Órgano Legislativo ha autorizado 17 préstamos, algunos de ellos son de libre disponibilidad, según los datos que refleja el sitio web de la Asamblea.
Además de los créditos, los parlamentarios han tenido que reformar el presupuesto de 2022 en $1,832.9 millones provenientes de deuda. El dato corresponde al período de julio a diciembre.
Lo anterior confirma lo que dijo la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, que ante la falta de previsión en el gasto gubernamental, el gobierno ha tenido que solicitar en el camino incorporación de dinero.
Esto ha sido así porque el presupuesto de 2022 fue aprobado sin financiamiento suficiente para suplir las necesidades primordiales. Ortiz afirmó ayer que el gasto de 2023 va por la misma dirección.
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Ayer fueron ratificados tres créditos: uno con la Corporación Andina de Fomento (CAF), denominado “Programa Sectorial de Apoyo a la Infraestructura de Transporte Resiliente al Cambio Climático” por $75 millones.
Otro préstamo de $250 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), denominado “Operación de Políticas de Desarrollo (OPD) para Apoyar Acciones de Política Pública”, que permita promover la reactivación de la economía y el crecimiento económico del país, la protección de grupos vulnerables y el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, dice el decreto legislativo.
Además, autorizaron al Ministerio de Hacienda suscribir un contrato de préstamo por $150 millones con CAF, para el Programa Sectorial de Apoyo para el Equipamiento y Capacitación Docente de Tecnología, Innovación y Reducción de la Brecha Digital para el Aprendizaje en El Salvador.
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Para un fin similar, la Asamblea ya había aprobado en abril pasado $85 millones para el programa de conectividad digital social en escuelas y parques.
A esto se agrega la emisión de títulos valores por $1,139.3 millones para financiar las partidas del presupuesto de 2023 que no tienen respaldo financiero por medio de la recaudación tributaria.
Entre algunos créditos que fueron autorizados anteriormente se encuentran: $100 millones para el segundo financiamiento adicional de respuesta ante el COVID-19; otro de $200 millones para el programa de apoyo temporal ante la crisis de los combustibles; $100 millones para el programa de fortalecimiento del sector agua y saneamiento.
Haciendo una comparación entre los gobiernos anteriores y el actual, éste último lleva la delantera en cuanto a la deuda pública, a razón de $23,964 millones, tomando en cuenta información del BCR y de Hacienda, esto implica que son $5,647 millones más que en 2019.