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Asamblea aprueba ley que exonera de impuestos hasta por 15 años a inversiones tecnológicas

Los diputados de oposición cuestionaron que se busca favorecer a las grandes empresas, por encima de las pequeñas.

Por Milton Rodríguez/ Jessica García/ Eugenia Velásquez | Abr 18, 2023- 10:59

Diputados de la Comisión de Economía. FOTO EDH Cortesía.

La Asamblea aprobó exonerar hasta por 15 años de impuestos a las empresas de tecnología. La medida fue cuestionada por diputados de la oposición, quienes señalaron que busca dar ventajas competitivas a cierto sector por encima de otros, como las micro y pequeñas empresas.

El beneficio se hará mediante la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica que fue avalada ayer con algunos cambios hechos en el pleno, a solicitud de Rodrigo Ayala, de Nuevas Ideas.

Esta nueva ley, según el diputado Ayala, será de beneficio para el rubro de manufactura tecnológica. “Así sea una empresa pequeña, una persona que esté comenzando con su emprendimiento o una gran compañía”, remarcó el legislador oficialista.

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La diputada del FMLN, Marleni Funes, cuestionó que la nueva ley pretende favorecer a empresas relacionadas con el Bitcoin; mientras que Claudia Ortiz, de VAMOS, dijo que se aprobó una normativa que no tiene una medición de cómo beneficiará a la generación de nuevas fuentes de trabajo.

Plazo de quince años

El artículo 7 de la nueva ley dice que los beneficiarios de esta normativa que cuenten con un Acuerdo de Calificación Vigente emitido por el Ministerio de Economía “podrán optar a incentivos fiscales por el plazo de quince años”. Esto en referencia a la exención total del Impuesto sobre la Renta respecto a las actividades incentivadas; exención de todo tipo de retenciones del Impuesto sobre la Renta; exención total de impuestos municipales; exención del pago de ganancia capital y de los derechos arancelarios a la importación.

El artículo 9 establece los requisitos para ser beneficiario de tales beneficios fiscales y, entre estos, se menciona ser personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, estar registrado ante la autoridad tributaría salvadoreña y acreditar que las actividades corresponden a nuevas inversiones.

No hay criterios de selección

Las visiones sobre la ley están divididas entre los parlamentarios. El diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, dijo en la comisión de Hacienda que la medida es buena, pero le hace falta establecer los criterios con los que el Ramo de Economía seleccionará a las empresas; mientras que Ortiz aseguró que es una medida “alejada” de las actuales necesidades económicas de la sociedad salvadoreña. Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, consideró que la ley representa un “esquema desfavorable para empresas pequeñas y medianas que ya operan en el país”.

#EnVivo | Sesión Plenaria N° 103 ✍️

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Posted by Asamblea Legislativa de El Salvador on Tuesday, April 18, 2023


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"Aquí existe un margen de discrecionalidad y por eso esperamos que en los reglamentos se establezcan muy claramente cuáles tienen que ser esos criterios para calificación de aquellos inversionistas y aquellos proyectos que sean de carácter tecnológico. Siempre es mejor que todo esto quede ya plasmado en la ley y que no se relegue a un reglamento donde ahí se pueden dar algunas interpretaciones", expresó el diputado Rodrigo Ávila, de ARENA.

La parlamentaria Ortiz asegura que es una medida "alejada" de las actuales necesidades económicas de la sociedad salvadoreña.

"Se está proponiendo quitar impuestos al sector privado en materia de tecnología, independientemente del tamaño, pero a los salvadoreños no se les quiere quitar los impuestos por los alimentos que consumen día a día", cuestionó.

Añadió que se van a crear incentivos a las empresas tecnológicas, pero no necesariamente a cambio de generar empleos decentes, a cambio de generar mejores condiciones a los derechos laborales, mejor ingreso para las familias salvadoreñas o un plan que esté vinculado a educación, por ejemplo.

Por su parte, el diputado por Nuestro Tiempo, Johnny Wright, considera que la aprobación de la medida representa un "esquema desfavorable para empresas pequeñas y medianas que ya operan en el país".

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