Con aplausos por casi un minuto fueron recibidos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el pasado 18 de abril, los creadores de videos en YouTube que hacen contenido afín al Gobierno y al partido Nuevas Ideas.
“Las verdades también implican responsabilidades. Ahora ha llegado el turno de demostrar de qué manera están hechos, cuál es la visión que ustedes verdaderamente tienen, que han venido acompañando durante estos años”, decía sonriente el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a los youtubers que fueron invitados a la sesión plenaria de ese día.
Ese recibimiento contrasta con la atención hacia activistas ambientales, personas de la comunidad LGBTIQ+, salvadoreños que se sienten afectados por políticas económicas o familiares de personas desaparecidas en el país cuando se presentan al Palacio Legislativo para que sus necesidades puedan ser escuchadas por los diputados.
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En ocasiones, estos grupos de la sociedad han sido atendidos afuera del edificio parlamentario por algunos diputados de oposición, no así por los legisladores oficialistas.
En mayo de 2021, personas que luchan por la diversidad sexual llegaron hasta el portón sur de la Asamblea Legislativa para pedir a los parlamentarios la creación de una Ley de Identidad de Género. El portón no fue abierto para que fuesen recibidas, por el contrario, colocaron barricadas. La Ley de Identidad de Género aún sigue entre las legislaciones pendientes de aprobación.
También, en diciembre de 2022, angustiados familiares de personas desaparecidas se acercaron al edificio legislativo para entregar un álbum con 43 casos que no han sido resueltos por las autoridades y para presentar cinco peticiones frente a esta problemática, con el fin de que fueran estudiadas por los diputados, pero nuevamente los legisladores oficialistas no los atendieron.
“Está bien que abran las puertas del recinto legislativo, pero no solo a youtubers, sino que toda persona pueda ir al Congreso también para exigir cuentas a instituciones que toman decisiones importantes para el país”
ANGÉLICA CÁRCAMO, PRESIDENTA DE LA APES
Una de las peticiones que llevaron era la creación de una comisión especial que evalúe el trabajo de las instituciones encargadas de investigar las desapariciones, ya que señalaban la “pasividad” de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para dar resolución a estos casos que mantienen en vilo a los parientes de las víctimas.
En esa ocasión, las peticiones fueron escuchadas por diputados de VAMOS, Nuestro Tiempo y FMLN.
Tres meses después, en marzo de 2023, un conglomerado de diferentes organizaciones llegaron hasta la Asamblea Legislativa para solicitar que se prohíba definitivamente la quema de caña de azúcar debido a sus “graves impactos” en el suelo y en las comunidades. Para los activistas, aunque existe un decreto que no permite esta práctica “en presencia de fuertes vientos o cuando fuere declarada alerta roja por vientos”, no es suficiente, pues aún se continúa generando “daños en los ecosistemas y en la población”.
Las personas expusieron sus peticiones afuera del Palacio Legislativo mientras eran observadas por policías y personas que se asomaron a ver, pero los diputados no se acercaron a escuchar.
Así ha ocurrido también cuando se han acercado a pedir ayuda familiares de capturados bajo el régimen de excepción que aseguran que sus parientes son inocentes o cuando ciudadanos críticos a la Ley del Bitcoin han llegado a protestar.
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Derecho a la expresión y a la información
La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, señala que “(no estamos) en contra de los youtubers, quienes ejercen también un derecho que tiene que ver con la libertad de expresión. Me parece que está bien que se puedan abrir las puertas del recinto legislativo, pero no solo a youtubers, sino que toda persona pueda ir al Congreso a escuchar las plenarias para ver y conocer el trabajo legislativo y de paso, exigirle cuentas a instituciones que toman decisiones importantes para la vida de este país”.
Sin embargo, las puertas de la Asamblea no han sido abiertas para esas personas que han llegado en aquellas ocasiones con la esperanza de que sus peticiones fueran atendidas y para hacer valer sus derechos de igualdad o de recibir justicia.
“Amigos youtubers y generadores de contenidos, los invito a que vayan a las comunidades, colonias, cantones, caseríos que dejaron estigmatizados y abandonados los gobiernos anteriores, que hablen (con los habitantes), que les cuenten lo que está sucediendo en nuestro país, cuenten el milagro que está estamos viviendo acá en nuestro país”, expresó el presidente de la Asamblea el 18 de abril.
Y justamente un milagro es el que esperan los familiares de personas desaparecidas por meses y años; así como los ciudadanos que no logran cubrir lo básico, pese a las políticas económicas gubernamentales; o los habitantes de zonas rurales afectados por los daños medioambientales; y todos a los que el portón del Palacio Legislativo no les fue abierto.
“Esta decisión que hemos tomado de abrirle las puertas a ustedes en iguales condiciones que a nuestros amigos periodistas, es un paso que no debe tener retrocesos y que estamos seguros que nuestro país es el que va a ganar, que nuestra población es la que va a ganar”, argumentó Ernesto Castro.
La Fundación Construir, una organización boliviana dedicada a la investigación, la educación y la comunicación, destaca que “informar a la población y tener la libertad para ello forma parte fundamental de la democracia de cualquier país”.
También el artículo 6 de la Constitución de la República establece que “toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás”.