La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló, el viernes, un fallo de 2020 emitido por un panel de tres jueces en la corte de apelaciones con sede en California que permitió que la administración Trump terminara el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos y que son originarios de El Salvador, Haití , Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán.
Medios estadounidenses informaron que el tribunal federal de apelaciones decidió revisar un caso que podría decidir el destino de más de 300,000 inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos por motivos humanitarios.
Lea además: Extensión automática del TPS en EE.UU. tiene motivos económicos, según expertos
Los beneficiarios de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron la demanda en 2018, luego de que el expresidente Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y luego para Nepal y Honduras.
Desde entonces, la administración Biden ha redesignado el estatus de Haití y Sudán. La administración no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países.
Las conversaciones entre la administración Biden y los titulares de TPS se rompieron a fines de octubre de 2022, luego de 16 meses de negociaciones, dejando a más de 300,000 titulares de TPS en riesgo de deportación y a sus hijos en riesgo de separación familiar.
“Durante cinco años, mi familia ha enfrentado una montaña rusa de emociones, desde el miedo a los despidos hasta la euforia por estas victorias judiciales. Hacemos un llamado a la administración Biden para que regrese a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo”, dijo la demandante Cristina Morales, titular de TPS durante más de 20 años y líder en la Alianza Nacional de TPS.
Concediendo una solicitud de los abogados que representan a los inmigrantes inscritos en los programas de TPS, la corte de apelaciones dijo el viernes que escucharía el caso una vez más, esta vez “en pleno”, o con la participación de todos los jueces activos.
Aunque no está claro cuándo el Noveno Circuito podría pronunciarse sobre el caso nuevamente.
Lea además: Extensión del TPS es “mérito único y exclusivo de nuestros paisanos”, según politólogo salvadoreño
El fallo del viernes es una victoria, al menos a corto plazo, para los titulares de TPS y sus defensores, quienes han instado al Congreso durante años a permitir que las personas inscritas en el programa soliciten la residencia permanente en EE.UU.
Como parte de sus esfuerzos para reducir las políticas de inmigración humanitaria, la administración Trump intentó poner fin a varios programas de TPS, argumentando que otras administraciones habían abusado de la autoridad durante mucho tiempo.
Pero en el 2018 un juez federal prohibió a la administración Trump poner fin a los programas de TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, diciendo que los funcionarios no habían justificado adecuadamente la decisión y que las terminaciones planteaban “serias dudas” sobre si se derivaban de la animosidad contra los no -Inmigrantes blancos.
En 2020, un panel de tres jueces del Noveno Circuito anuló el fallo del tribunal inferior, diciendo que los tribunales no podían cuestionar las decisiones de TPS del gobierno federal.
El panel también dijo que no encontró un vínculo directo entre los comentarios despectivos del entonces presidente Donald Trump sobre los inmigrantes no blancos y las terminaciones del TPS.
Ese fallo nunca entró en vigor porque los abogados que representan a los titulares de TPS pidieron que se volviera a escuchar el caso. El litigio se conectó con otra demanda presentada contra los esfuerzos de la administración Trump para terminar con el TPS para Nepal y Honduras, y el gobierno acordó que no terminaría con esas políticas hasta que se le permitiera revocar los programas para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
A partir de 2021, el caso se detuvo durante más de un año cuando la administración de Biden inició negociaciones con los abogados de los titulares de TPS para tratar de llegar a un acuerdo para resolver el caso, incluso dando a los inmigrantes en cuestión un camino hacia el estatus permanente.
Pero esas negociaciones colapsaron en octubre de 2022, lo que generó preocupaciones de que los titulares de TPS de los países afectados podrían perder su estatus legal y verse obligados a abandonar los EE. UU. o permanecer en el país sin autorización.
En noviembre pasado, la administración de Biden anunció que permitiría que los inmigrantes en el centro del caso mantuvieran sus permisos de trabajo y protecciones de deportación al menos un año completo después de que se le permitiera al gobierno finalizar los programas de TPS en cuestión, o hasta el 30 de junio de 2024.
“Nos complace que el Noveno Circuito haya aceptado volver a escuchar este caso. Pero nunca deberíamos haber llegado a este punto. El presidente Biden tuvo, y todavía tiene, todas las oportunidades para cumplir su promesa de proteger a la comunidad de titulares de TPS”, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector de la facultad del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA.
Lea la orden: https://www.aclusocal.org/sites/default/files/2023-02-10_9th_cir_en_banc.pdf