Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer que el Ejecutivo pueda adquirir más deuda hasta por un monto de los $1,000 millones para el pago de deuda de corto plazo y trasladarla como deuda de mediano o largo plazo.
La bancada oficialista dio los votos suficientes para la petición enviada el 13 de junio del presente año por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para la creación de la “Ley Especial que Faculta la Realización de Operaciones de Manejo de Pasivos por Conversión de Deuda de Corto Plazo, a Deuda de Mediano y Largo Plazo”.
Esta nueva deuda, según la ley, se adquirirá a través de la emisión de “Títulos Valores de Crédito” a ser colocados indistintamente en el mercado nacional, regional o internacional, así como para que se realicen operaciones de administración de pasivos; esto incluye la facilidad para que Hacienda adquiera créditos puentes “que permita disponer de liquidez para cancelar deuda vigente de corto plazo”.
Entre los considerandos de la ley, se destaca que “con el objeto de mejorar el perfil del portafolio de la deuda pública y la administración de los riesgos asociados a este, es importante gestionar y obtener condiciones financieras favorables”.
Los títulos valores de créditos se emitirán conforme a tres condiciones
El rendimiento de los títulos será determinado en el momento de la transacción, estos podrán tener un descuento o premio de acuerdo a la práctica del mercado.
El valor nominal y los rendimientos de los títulos estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones incluyendo el impuesto a la transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de servicios.
La ganancia de capital obtenida por la compra venta de dichos títulos estará sujeta al tratamiento tributario que estipulan las leyes del país.
“Al Gobierno el dinero no le alcanza”
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, aseguró que con esta nueva Ley Especial para que la administración Bukele adquiera más deuda para pagar deuda “el mensaje que se manda no es que se está administrando bien el dinero público, el mensaje que se manda es que al gobierno el dinero no le alcanza, ¿por qué no le alcanza al haber tenido tantos recursos a su disposición?”, dijo.
Por su parte la diputada del FMLN, Anabel Belloso, aseguró que con la aprobación de este nuevo endeudamiento lo que implica es la “normalización de emitir toda la deuda solicitada por el Ejecutivo “aquí se hizo ley que cada sesión plenaria es nuevo endeudamiento”.
“Qué poca responsabilidad de Hacienda de ir saldando los compromisos de aquel tiempo (2020). Solo refleja la incapacidad del gobierno. La colocación de títulos valores siempre es más caro este movimiento y que refleja la grave situación de las finanzas públicas, no tienen para pagar el compromiso para este año. Esto tuvo que haber estado incorporado en el presupuesto de 2023”, aseveró.
La diputada de Nuevas Ideas Suecy Callejas justificó la nueva autorización para adquirir más deuda porque “bajaría alrededor de 2% el interés de la deuda renegociada a largo plazo y entonces no solamente baja el interés, sino que además la cuota del pago es menor”, dijo.
Deuda pasada
La Asamblea Legislativa oficialista autorizó en 2020 al Ministerio de Hacienda para obtener recursos hasta por $2,000 millones por medio de emisión de títulos valores o créditos hasta completar la suma.
Hasta el 31 de diciembre de 2022, la deuda en Certificados del Tesoro (Cetes) ascendía a $1,330.1 millones; mientras que en Letras del Tesoro (Letes) subió a $1,326.6 millones, según datos de Hacienda.
Para 2023, el gobierno tiene planificado la colocación de Letes por un monto de $1,698,851,895.
Entre las justificaciones que el gobierno plantea en el acuerdo para gestionar más deuda interna está que en el presupuesto de 2021 se aprobó buscar financiamiento complementario hasta por $1,412.9 millones. Y se agrega en el documento que el decreto legislativo 608, de marzo de 2020, facultaba a Hacienda a gestionar un crédito puente y la emisión de Cetes.
En los primeros cinco meses de 2023, el Ministerio de Hacienda ha emitido deuda de corto plazo para pagarla en menos de un año, tanto en Letes como en Cetes, por más de $572.9 millones.
De esa cantidad, $510,290,600 son colocaciones de Letes entre enero y mayo de este año.
Solo el mes de abril el gobierno pidió créditos por $54.4 millones en Letes; una colocación fue el 12 de abril por $13.9 millones, y dos más el 25 de abril: una por casi $8.5 millones y la otra por más de $32.5 millones. Además, el pasado 19 de mayo realizó dos operaciones para colocar más Letes: una por $22.4 millones y otra por $5 millones.
Esta nueva autorización para adquirir más deuda estaría vinculada al pago de la deuda de corto plazo.
Imponen tarifas a iglesias y ONG
Al cierre de esta nota, la Asamblea Legislativa también tenía previsto aprobar la Ley reguladora de tarifas por servicios que presta el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, la cual quedó pendiente, y otras disposiciones administrativas, con la que se exigirá a las instituciones que presenten sus sistemas contables, formal o informal, para su autorización en el registro público.
Las tarifas por los servicios prestados por el registro aplican para todas las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que operan en El Salvador, así como las iglesias. No se aplicarán estas tarifas a las asociaciones juveniles conforme a la Ley General de Juventud y las reguladas en leyes especiales que tienen su propio registro.
Acorde a la propuesta de ley, todo pago de tarifa deberá realizarse al momento de presentar la solicitud correspondiente al registro y pasarán a formar parte del Fondo de actividades especiales del Ministerio de Gobernación.
Las iglesias tendrán un plazo de 24 meses a partir de la vigencia de la ley para poder adecuar sus sistemas contables de conformidad a la misma ley.
Las instituciones tendrán la opción de pagar sus tarifas en efectivos cheques de caja, plataformas virtuales o por medios electrónicos.
Para los trámites relativos a la autorización de sistemas contables formal o modificación de sistemas contables se deberán remitir a través de su representante legal, incluyendo el balance inicial, con dos originales de sistema contable según las normas de contabilidad financiera.