En los últimos cinco años El Salvador ha pasado de ser un país que estaba en una construcción democrática a ser un país donde no existe un sistema de pesos y contrapesos ni garantías de derechos de la ciudadanía, afirman expertos consultados por El Diario de Hoy.
“Hay un deterioro claro de las instituciones democráticas, y una dictadura es cuando se ejerce el poder sin contrapesos. En ese sentido, el camino que estamos tomando es un camino sumamente preocupante”, opina el historiador salvadoreño Héctor Lindo.
El académico agregó: “Es lo que se veía durante la época de Maximiliano Hernández Martínez, la existencia de espías, de escuchas telefónicas, de la posibilidad de que el Gobierno escuche lo que dicen los periodistas, la posibilidad de que la gente diga algo y lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en privado, pueda llegar a los oídos del Gobierno. Todo eso ya se está dando y puede aumentar en intensidad de una forma preocupante. La gente ya no dice lo que quiere”.
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Para el abogado José Marinero, El Salvador se encuentra en la fase final de la consolidación de un “modelo autoritario”.
“Una dictadura, por definición, se caracteriza por tres condiciones: la concentración ilegítima del poder, la ausencia de contrapesos y, finalmente, la perpetuación por la vía ilegítima en el poder. Esas tres condiciones ya se dieron en El Salvador. Se acaban, digamos, de consumar con la reelección (presidencial) el pasado 4 de febrero”, apunta el especialista.
Los expertos consideran que uno de los riesgos que se vive en el país en este momento es que se normalice el hecho de que alguien concentre todas las facultades del ejercicio del poder público.
Marinero expone que bajo estas circunstancias, en algún momento, la ciudadanía podría verse desprovista de sus derechos.
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“De expresar libremente su pensamiento, de ejercer su trabajo como periodista, la posibilidad de emprender un negocio en libertad, de organizarse en su colonia, en una asociación de vecinos; podría perder el derecho de estudiar libremente en una universidad que no esté controlada por el oficialismo e incluso perder la posibilidad de hacer uso de sus recursos materiales”, advierte el abogado.
Asimismo, la abogada Ruth López, de Cristosal, considera que actualmente la justicia no se aplica igual para toda la población.
“Un Estado de Derecho supone, por ejemplo, el respeto a la ley; supone un sistema de control, de sanciones a quien incumpla la ley. Pero en El Salvador los funcionarios incumplen la ley y no existen sanciones, existe una justicia muy discrecional”, indica.