El sistema penitenciario liberó ayer a Melvin Eduardo Ortíz Cruz luego que el Socorro Jurídico Humanitario presentó una comunicación urgente ante el sistema de Naciones Unidas, denunciando que los centros penales se negaban a liberarlo, pese a que un tribunal había ordenado su libertad inmediata en 24 ocasiones.
“Con mucha alegría anunciamos la libertad de Melvin Ortiz Cruz, un joven empresario inocente, que tras 24 órdenes judiciales de libertad no lo querían liberar. Gracias a las Naciones Unidas por admitirnos este proceso urgente de comunicación”, publicó esa organización defensora de derechos humanos.
Escobar confirmó que Ortiz Cruz fue liberado días después que presentaron la denuncia y seguirá el proceso por el delito de agrupaciones ilícitas bajo medidas alternas a la prisión.
#URGENTE
— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) October 17, 2024
Con mucha alegría anunciamos la LIBERTAD de Melvin Ortiz Cruz, un joven empresario INOCENTE, que tras lograr 24 órdenes judiciales de libertad no lo querían liberar. Gracias a Naciones Unidas por admitirnos este proceso URGENTE de comunicación, gracias a los medios de… pic.twitter.com/TDv63sIo81
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, explicó que el 9 de octubre fue enviada la comunicación a Naciones Unidas por la desaparición forzada de Ortiz Cruz, luego que el Juez 1 del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, envió 24 oficios, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, a la cárcel de Izalco y Ciudad Barrios ordenando su liberación, pero todas fueron ignoradas.
El 18 de marzo de este año, en un oficio el juzgado le ordenaba por vigésima tercera vez, al director del Complejo Penitenciario de Izalco que diera efectivo cumplimiento a la orden de libertad.
La orden no fue atendida, posteriormente la familia fue informada que tenía que llevar el paquete al centro penal de Ciudad Barrios, por lo que en septiembre, el juzgado mandó nuevamente la orden, pero esta vez al penal de Ciudad Barrios, sin tampoco tener una respuesta inmediata.
La familia al no tener certeza que realmente estuviera vivo, solicitaron el apoyo jurídico de la organización defensora de derechos humanos.
Los representantes del Socorro Jurídico explicaron que cuando un director de una prisión no cumple de manera inmediata con una orden de liberación de un reo está cometiendo al menos dos delitos tipificados en el Código Penal.
“Cualquier persona que tenga una orden de libertad en favor de su familiar inocente detenido, puede poner a prueba la institucionalidad del Estado y denunciar a los directores de los centros penitenciarios que se niegan a cumplirlas, en la Fiscalía y ante la relatoría de detención arbitraria de la ONU”, aseguraron.
La organización dirigida por Escobar lanzó la semana pasada una campaña denominada “prueba de vida” que tiene como objetivo lograr que el gobierno informe sobre la condición de salud capturadas supuestamente de forma arbitraria en el régimen de excepción.
“A 30 meses del régimen de excepción y ante la falta de comunicación de las personas procesadas durante esta medida, se exige una prueba de vida”, indicaron.
El Socorro Jurídico agregó que los jueces deben ordenar a Medicina Legal la ubicación y revisión médica de las personas en centros penales. Las autoridades mantienen una prohibición permanente de visitas y de información para los familiares de los reclusos.