Los problemas de Elbin Hernández con la Policía comenzaron en el 2012, cuando él era menor de edad y un grupo de agentes lo interceptó exigiendo que les proporcionará información sobre los pandilleros de su comunidad; ante la negativa del joven, su familia asegura que los policías comenzaron a acosarlo.
Elbin Hernández no es el nombre real de la víctima sino el seudónimo con que se identificó a la persona en la denuncia del informe de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, realizado por Cristosal y Human Right Watch.
Un familiar decidió denunciar a los policías ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; uno de ellos fue desvinculado temporalmente de sus labores, y el acoso cesó por algún tiempo.
Sin embargo, cuando Hernández cumplió 18 años, el mismo policía se presentó en su vivienda con una orden de captura acusándolo de homicidio. La familia relata que estuvo detenido dentro de un penal durante tres años, hasta que fue absuelto por el delito.
Días después que inició el régimen de excepción, la Policía llegó nuevamente a buscar a Hernández y amenazó con detenerlo, por lo que se vio obligado a huir ante el temor de una detención arbitraria.
El caso de Hernández es uno de las 2,237 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en los últimos tres años, según las denuncias atendidas en Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Representantes de Cristosal informaron que entre 2020 y 2022, atendieron 1, 227 personas en condición de desplazamiento. De las víctimas atendidas por Cristosal el 56.4% son mujeres, pero también atendieron 53 casos de la población LGBTIQ+ entre esos a 18 mujeres trans, dos hombres trans y dos personas no binarias.
En cuanto al rango de edad de la víctima, el 57% son adultas y un 36.3% corresponde a la niñez y adolescencia.
El desplazamiento de las víctimas atendidas por Cristosal fue por amenazas, amedrentamiento, homicidio de un familiar, lesiones y extorsión. En cuanto a los victimarios en un 70.7% fueron las pandillas, 10.8% civiles, 7.6% desconocidos y en un 6.8% los cuerpos de seguridad.
Johana Ramírez, del SSPA, explicó que en el análisis de datos realizado han visto un cambio sustancial en el ejercicio de la violencia, no solamente cometida por estructuras criminales, sino también por agentes estatales, que se ven agravadas en el contexto del régimen de excepción.
“Lamentablemente a partir del régimen de excepción hemos visto (...) el aumento o la visualización de los hechos de violencia ejecutados por los cuerpos de seguridad. Mucha gente se ve en la necesidad de desplazarse por el acoso que está sufriendo por parte de las autoridades pero también como un mecanismo de prevención ante detenciones arbitrarias y los abusos de forma directa que están cometiendo la Policía y la Fuerza Armada dentro de los territorios”, explicó.
Ramírez explicó que entre las acciones violentas cometidas por los agentes del Estado se encuentra la violencia de género, el acoso sexual, la intimidación y persecución a poblaciones en concidión de vulnerabilidad, juventudes, personas LGTBIQ+.
En el mismo periodo, el SPASS atendió a 358 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, quienes en un 91.1% son mujeres. Asimismo, detallan a dos personas afectadas de la población LGBTIQ+ y siete mujeres trans.
Entre los victimarios se menciona en un 63.4% las pandillas, 16.2% las exparejas, en un 12.8% la PNC, y en el 12.8% de los casos el desplazamiento es provocado por desconocidos.
Mientras que el Idhuca, atendió a 652 personas, a diferencia de las otras dos organizaciones, el 52.1% de los casos son hombres. En cuanto a las razones del desplazamiento el Idhuca ha documentado las amenazas, limitación ilegal a la libertad de circulación, allanamiento a la morada, privación de libertad, homicidio y tentativa de homicidio.
El Idhuca registró como victimarios en un 71.3% a las pandillas, en 15.4% a los agentes del Estado, entre otros.
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Ley muerta
En febrero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Interno, para atender a decenas de víctimas desplazadas, mayormente, por la delincuencia de grupos de pandillas.
Sin embargo, tres años después de que esa Ley fuera aprobada, el reglamento es inexistente. Tampoco se ha creado una política pública de protección y prevención, implementación de albergues y el registro único de personas en condición de desplazamiento forzado.
Ramírez expresó que como organizaciones sociales esperan que se retome, en algún momento, con la seriedad debida, la implementación de la ley.
Asimismo, si en determinado momento se espera, una derogación total de la ley, piden de parte del Estado que sus acciones sean consensuadas y transparentes, tomando en cuenta a las víctimas y a las organizaciones que atienden esta problemática.