El 2024 cerrará con un aproximado de 8,196 servidores públicos cesados del gobierno bajo la figura de supresión de plazas, despidos y retiros voluntarios, según datos de la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT).
"Los servicios se van a precarizar en las carteras de Estado, los trabajadores públicos cumplen funciones basadas en derechos de la población", expresó Erick Zelaya, de la Federación.
Según la UNT, la Corte Suprema de Justicia experimentó la mayor cantidad de despidos, con 2,220, de los que 1,800 serían por retiro voluntario. Sigue el Ministerio de Hacienda con 1,103 (de estos solo tres no fueron por retiro voluntario).
El Ministerio de Salud (MINSAL) tuvo 580 despidos; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 104 y el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), también 104.
Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), informó que dentro de la red de salud se han visto afectados con los despidos servidores públicos del hospital Rosales, Psiquiátrico, etc. y de diversas unidades de salud.
Según Rodríguez, a las enfermeras del Hospital Zacamil solo les otorgaron el equivalente al aguinaldo de 2024 sin su salario de diciembre y su indemnización sería efectiva hasta 2026, porque el presupuesto 2025 no lo incluía.
Otros ministerios también se vieron afectados, pues el movimiento contabilizó para el mismo periodo 16 despidos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) también sufrió de al menos 175 despidos.
Del Ministerio de Cultura se contabilizan 600 despidos, indicó la Federación.
En la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) se registraron 16 despidos, esto además de que según el sindicato, la institución comenzó a cerrar oficinas de la autónoma como las de Zacatecoluca, Sonsonate y La Unión.
Del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se registran al menos 50 despidos; de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), 76; y la de la Procuraduría General de la República (PGR) serían 450.
En la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) hubo 500 despidos de empleados en edad de jubilación y de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) 100 empleados habrían sufrido despidos.
En el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) habrían despedido a 103 colaboradores, en las sedes de atención a las mujeres.
SUCESOS 2024: "Duro golpe" para Salud y Educación en el país
Héctor Rodríguez explicó que en las sedes de atención a mujeres de Colón, en La Libertad, "no alcanzaron a informarles del cese de sus funciones, pero que esperan que lo hagan en los primeros días de enero 2025".
De la Policía Nacional Civil (PNC) se registran al menos 300 despidos durante el año.
"En este 2024 mes a mes han ido despidiendo a trabajadores de todos los niveles, incluye administrativos, PPI asignados a la Policía, no a funcionarios y también los oficiales", explicó a El Diario de Hoy Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía.
"Para 2025 se prevé que la cúpula de la Policía, los comisionados de la primera, segunda y tercera promoción se irían todos, entonces ya quedaría una nueva generación al mando de la PNC, los que fueron los fundadores", añadió.
Del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la llegada de las nuevas magistraturas a sus cargos se despidió a 150 colaboradores, de los que la mayoría eran expertos en la administración y ejecución electoral, además de otros líderes sindicales.
La Asamblea Legislativa tendría 950 despidos, según la Federación. Rodríguez, por su parte, explicó que una gran cantidad de despidos se realizaron en el Órgano Legislativo luego de que el grupo de "hacktivistas" Ciber Inteligencia SV divulgó el listado de contrataciones que tendría la fracción de Nuevas Ideas.
En contraste, instituciones más pequeñas como el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) reportaron despidos mínimos, con solo 6 y 2 respectivamente, según la Federación.
La Federación también contabiliza 480 empleados despedidos de alcaldías tras la reestructuración municipal.
Del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), tras su disolución, 65 empleados quedaron despedidos; así como 120 del también disuelto Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).
Despidos arbitrarios
Rodríguez dijo que más de la mitad de los despidos que contabilizan fueron notificados sin que hubiese entrado en vigencia la Ley de Salarios 2025, además de carecer de fundamento técnico.
"Y fueron notificados de que se iban las personas debido a la supresión de la plaza en la Ley de Salarios, cosa que ni siquiera estaba votada ni mucho menos promulgada en el Diario Oficial", expresó.
"A muchos no les dieron la hoja de notificación, los despidos en su mayoría han sido verbales, cosa que imposibilita al trabajador al ejercicio de su derecho de defensa, tampoco ha ocurrido ningún estudio técnico, de acuerdo a la Ley del Servicio Civil, que fundamenta el despido", añadió.
Asimismo, denunció que entre los despedidos hay personas con discapacidades físicas, entre ellos dos no videntes y usuarias de silla de ruedas.
"Esta administración, lejos de contratar a personas con discapacidad, lo que ha hecho es despedir a los que ya estaban", dijo Rodríguez.