La falta de una ley para la búsqueda de personas desaparecidas sería un factor que estaría ralentizando las búsquedas de las víctimas, de acuerdo a la abogada de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU), Idalia Zepeda.
“No está contemplado en El Salvador un proceso de ley, no hay una ley de búsqueda de personas desaparecidas, entonces se busca el proceso ordinario penal, desde una visión bien punitiva”, señaló Zepeda, en una entrevista para YSUCA.
La abogada explicó que mientras no haya un capturado o un requerimiento fiscal tras la alerta o denuncia por desapariciones forzadas, los casos también mantienen “mucha reserva".
El Salvador, además de no contar con una ley de búsqueda para personas desaparecidas, no cuenta con una política pública para que las instancias pertinentes como Policía Nacional Civil (PNC) actúe en estos casos, pese a que la ONU ha facilitado al país orientaciones sobre estos casos.
“Por eso es que la ONU facilitó a El Salvador un protocolo de acción urgente en donde
dice que las primeras horas son cruciales. Lamentablemente en El Salvador por carencia de voluntad política, de presupuesto, de personal, de tecnología, este protocolo no se cumple a cabalidad”, apuntó Zepeda.
La experta enfatizó en que el tema de las desapariciones es un fenómeno dramático que llega a interrumpir la cotidianidad de una familia de forma abrupta.
“No solamente hay un proceso jurídico que llevar, una administrativa, penal o judicial, sino que también, un montón de dificultades psicoemocionales, familiares, económicas”, destacó.
“La mayoría de las que buscan son mujeres, madres, hermanas y parejas. En los casos excepcionales tenemos el acompañamiento de los padres o de las parejas actuales de las madres”, añadió.
A pesar de todo esto, en la Asamblea Legislativa, la comisión correspondiente para abordar este tema es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero lleva meses sin laborar y las últimas veces que lo ha hecho (una o dos veces por mes como en abril y julio) se han dedicado solo a tratar solicitudes de indultos.
ASDEHU actualmente da acompañamiento a 35 casos de desapariciones forzadas. Los 35 casos forman parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Sobre el caso de Carlos Ernesto Santos
La madre del joven Carlos Ernesto Santos, Eneida Abarca, aseguró este miércoles que al momento ella y su familia siguen sin respuesta estatal.
“Cumpliremos el 1 de octubre 21 meses, no hay una respuesta estatal, todo esto se hubiera evitado si ellos hubieran accionado el protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador”, lamentó.
Sobre el papel de la Fiscalía, Abarca denunció a través de una entrevista para YSUCA que los encargados de la investigación “han sido totalmente negligentes en los primeros dos equipos”.
“Ahorita estamos con un tercer equipo que ha vuelto a reiniciar desde el punto cero, como que Carlos ha desaparecido ayer. Es complicada la situación, no hay respuesta, no se encuentra rastro de Carlos”, lamentó la madre de la víctima de desaparición forzada.
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ASDEHU, quien también acompaña junto FESPAD el caso, señaló que con este tercer grupo a cargo sí hubo una serie de respuestas a las solicitudes hechas.
“Estamos esperando que respondan a nuestras solicitudes puntuales. Quisiera reconocer que en un principio lo han hecho, les solicitamos una investigación particular de ciertos perfiles de medicina legal, lo hicieron, les solicitamos la extracción de exámen de sangre para Eneida, para hacer el ADN y se hizo. Aunque es muy básico no a todas las familias les aceptan este trámite en la Fiscalía”, detalló Zepeda.
“Hubo algunos avances, ahora lamentablemente se ha vuelto a enlentecer el proceso y es válido hacer desde los espacios una vez más el llamado institucional a retomar el expediente, a poner los recursos que sean necesarios”, añadió.