Pese al régimen de excepción, la Policía Nacional Civil recibió 692 denuncias de desaparición de personas de enero a junio de este año, señala el informe “La desaparición de personas en El Salvador, el continuum de la impunidad”, presentado el martes por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Del total de casos 180 aún se encuentran activos, es decir, sin que las autoridades hayan dado con el paradero de las víctimas.
Los otros 512, la Policía Nacional Civil los ha catalogado como “finalizados”.
Los casos finalizados son divididos en cinco categorías. De esa manera los registros finalizados han sido categorizados de la siguiente manera: 40 denuncias fueron finalizadas tras encontrar con vida a la persona reportada, pero que había sido víctima de un delito.
En 31 de los casos finalizados, la persona fue encontrada muerta, víctima de delito.
Luego se registraron 423 personas encontradas con vida, pero que no habían sido víctimas de un delito. Por otra parte , se localizaron 10 personas fallecidas, pero que no fueron víctimas de delito.
Y un total de ocho casos fueron finalizados sin localizar a la víctima.
El informe del OUDH también hace referencia a los patrones de la respuesta estatal que re-victimizan a los familiares de las personas reportadas como desaparecidas.
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Entre esos patrones sobresale la estigmatización que sufren en especial las mujeres que son reportadas como desaparecidas. “Si la persona desaparecida es una mujer, las autoridades tienden a criminalizar a las víctimas por cuestiones de género, sugiriendo que se fueron por su propia voluntad con “un novio”, migrando hacia Estados Unidos, abandonando a sus hijos o porque tenían algún problema que querían ocultar a sus familias”, subraya el informe.
La exclusión de la familia en el proceso de búsquedas es otro de los factores de discriminación ejercida desde el Estado, según el OUDH.
Los integrantes del Bloque de Familiares de Personas Desaparecidas han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de información por parte de los investigadores y los fiscales sobre los casos de sus parientes desaparecidos.
Esta situación se ha agravado con el régimen de excepción, debido a que desde que inició el 27 de marzo de este año, los familiares de los desaparecidos no han sido informados sobre cómo va la investigación de sus casos.
Entre esos casos que han quedado en el limbo están el de Víctor Omar Franco Puro y los tres trabajadores raptados y desaparecidos en la zona de El Boquerón en mayo de 2018.
La madre de Franco Puro fue sometida a una prueba genética, después que las autoridades encontraran más de 30 restos en varias fosas de un cementerio clandestino de Nuevo Cuscatlán.
Sin embargo, desde que inició el régimen de excepción Mari, la madre de Franco Puro, no volvió a tener información sobre la investigación.
Igualmente los familiares de Neftalí Castro Melgar, Jorge Cisneros y Matías Palacios, tres trabajadores raptados y desaparecidos en la zona de El Boquerón, fueron sometidos a pruebas genéticas tras la captura de una estructura de la Mara Salvatrucha en octubre del año pasado, acusados del hecho.
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Sin embargo, hasta ahora los parientes de los tres hombres no han tenido una respuesta de parte del Estado.
Otra de las situaciones que señala el informe es la suspensión de la búsqueda de los desaparecidos desde que entró en vigencia el régimen de excepción.
Esto ha generado que familias como la de Carlos Ernesto Santos Abarca, desaparecido el 1 de enero de este año, y de Víctor Omar Franco Puro, desaparecido el 16 de octubre del año pasado, hayan emprendido su propia búsqueda.
“Le hemos pedido a Dios la fuerza y el valor para poder emprender este camino. No es fácil sentirse abandonado porque llevamos un año de espera por una respuesta por parte de las autoridades y no hay un resultado”, expresó al respecto la madre de Omar.