El Grupo de trabajo por las personas desaparecidas presentó esta mañana el Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas de El Salvador, con el cual pretenden que familiares y organizaciones sociales cuenten con una herramienta que favorezca la búsqueda.
“El objetivo es dar una herramienta a la ciudadanía, que lamentablemente enfrenta una desaparición, para que pueda ingresar los datos de una persona desaparecida en una plataforma virtual, segura, moderna y que pueda dar cifras certeras”, manifestó Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (Asdehu).
Zepeda recordó que a diferencia de otros países de la región, como México y Colombia, El Salvador no cuenta con un registro único estatal de personas desaparecidas, pero además, el gobierno ha puesto en reserva la información relacionada a las desapariciones, es decir que la población no tiene no puede conocer esos datos.
“Vemos alertas en redes sociales de este fenómeno, incluso tenemos la percepción que este año ha incrementado, pero como la información está reservada, lamentablemente no tenemos cifras concretas, fidedignas de estas desapariciones”, señaló Zepeda.
Registros mínimos
Silvia Juárez, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, (Ormusa), explicó que el Estado debería contar con, al menos, siete registros mínimos para dar una respuesta integral a la problemática de los desaparecidos.
Los cuales son detallados de la siguiente manera: aviso de desapariciones y personas no localizadas, banco de datos forenses que incluyen ADN (genéticos) y registros dentales, registros de personas fallecidas y no identificadas, un registro de fosas y cementerios clandestinos, rutas y personas que han migrado de forma regular e irregular, hallazgos de personas encontradas o localizadas y los registros hospitalarios y de personas privadas de libertad.
Por otra parte, Juárez expuso que este registro ciudadano pretende que el relato de los familiares de los y las desaparecidas pueda ser relevante y válido para la búsqueda integral.
“El registro ciudadano es una forma de dar voz a la experiencia que tienen las personas que buscan, sabemos que las familias suelen ser estigmatizadas, culpabilizadas por las situación que están enfrentando y sus relatos no siempre son escuchados, muchas veces se ha usado el estigma y la culpabilización, incluso pública, para la situación de desaparición”, declaró.
#ElSalvador l El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas presentó este día el Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas, con el objetivo que organizaciones sociales y familiares cuenten con una herramienta que favorezca la búsqueda. Video EDH/ L. Lemus. pic.twitter.com/f3QkXiiZar
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) August 21, 2024
Mujeres más vulnerabilizadas
Juárez expuso que en el caso de las mujeres se agrava la estigmatización y la culpabilización que enfrentan ante una desaparición.
“Las mujeres enfrentan tres culpas alrededor de la desaparición: primero por desaparecer, se les culpa de su propia victimización, sino a sus madres o a las mujeres alrededor, incluso en las desapariciones de los hijos se culpabiliza a las madres”, declaró.
La segunda culpabilización que enfrentan las mujeres está relacionada con la búsqueda, Juárez manifestó que se les culpabiliza por buscar o por no buscar.
“Si las mujeres andan buscando se les culpabiliza porque creen que pierden el tiempo, que se meten en problemas, se meten en situaciones de riesgo, que descuidan a su familia, pero también se les culpabiliza por no hacerlo”, dijo.
La tercera culpabilización está relacionada al tiempo que invierten en la búsqueda, porque deben renunciar a su trabajo y se les señala que han descuidado a sus familias, por una personas que no tienen.
“Esta serie de condicionantes recaen sobre las mujeres, cuando la desaparición es un crimen, es una violación de derechos humanos sistemáticas mas crueles y no se puede responsabilizarse a las vícitmas por su desaparición o la de sus seres queridos”, enfatizó.
Víctoria Barrientos, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en Inglés) destacó que este esfuerzo de las organizaciones civiles no sustituye la obligación del Estado salvadoreño de contar con un registro único.
“Es el Estado el que tiene la obligación de facilitar estas herramientas, pero el Estado continuamente ha negado o ha minimizado las situación de las personas desaparecidas en El Salvador, la cual se ha intensificado en estos últimos meses”, dijo.
Según datos de las organizaciones sociales, en el período de enero a septiembre de 2023, los avisos por desaparición de personas incrementaron 9.9% en relación con mismo periodo de 2022.
Además, aseguraron que en el último informe de labores, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 366 delitos de privación de libertad, entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, sin detallar la situación de las víctimas, o si fueron encontradas con o sin vida.
Zepeda agregó que en agosto de este año han registrado al menos 12 reportes de personas desaparecidas, de los cuales cuatro fueron encontradas muertas.
El último informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) denominado “Situación de la desaparición de Personas en El Salvador y la respuesta
del Estado en la gestión gubernamental 2019 y 2022”, señala que en esos cuatro años se registraron alrededor de 6,443 reportes de personas desaparecidas, de las cuales un 37.20% no han sido encontradas.
Asimismo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023, recibió 54 denuncias de desaparición forzada de personas. De ellas, 40 corresponden a hombres (74.07%) y 14 a mujeres (25.93%).
Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos documentaron 327 denuncias de desaparición forzada, desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2024.
Alertas tempranas
Zepeda explicó que la plataforma estará disponible para que familias y organizaciones defensoras de derechos humanos ingresen los datos de la personas desaparecidas y de esa forma generar alertas tempranas que ayuden a la búsqueda y datos estadísticos desagregados por zonas geográficas, género de las víctimas y otras variables que permitan hacer propuestas de políticas públicas enfocadas en la prevención y a combatir el fenómeno.
La representante de Asdehu aclaró que se pueden ingresar casos del conflicto armado que no han sido resueltos.
Silvia Elizondo, de la Asociación de Mujeres Ixchel, agregó que este esfuerzo les permitirá a las organizaciones homologar datos de los casos que están acompañando en la búsqueda.
“El primer paso que queremos es hacer esa homologación, porque es parte de la experiencia que hemos tenido en los últimos años, cada organización cuenta con información de sus casos, que en algunas ocasiones tenemos repetidos”, manifestó.
Barrientos agregó que la homologación tuvo que haber sido una responsabilidad del Estado para saber cuántas personas desaparecidas hay en El Salvador, no solamente las desaparecidas por pandillas o por delincuencia organizada, sino también las desapariciones forzadas, es decir, ejecutadas por autoridades estatales.
“El fenómeno de la desaparición existe en El Salvador de tres formas diferentes: las desapariciones forzadas del conflicto armado, porque la desaparición es un delito continuado, mientras no se, no se sepa la suerte o paradero de persona, la desaparición todavía existe”, declaró.
La presentación del registro fue realizada previo a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, según lo estableció la Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General de 2010.
El Grupo de trabajo por las personas desaparecidas está conformado por la Asociación de Mujeres Ixchel, Alerta Raquel, Cristosal, Fespad, Asdehu, Cristosal, Ormusa, DFLF, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
Para ingresar datos sobre una persona desaparecida ingrese al Registro ciudadano de personas desaparecidas