El actual gobierno ha continuado la impunidad estructural en los casos de desaparición forzada cometidos durante el conflicto armado, sin cumplir con su obligación de de reconocer y proteger a las víctimas, denunció la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
“Las familias y sobrevivientes del conflicto armado siguen elevando la voz y exigiendo justicia, aquí la lucha de las madres que han luchado desde el conflicto armado no para. La situación del gobierno es continuar con la impunidad estructural que ha heredado de los últimos gobiernos, esa es la realidad en nuestro país”, declaró David Ortíz, representante de la Asociación Tutela Legal Doctora María Julia Hernández.
En comunicado de prensa que fue leído durante el evento realizado frente al Monumento a la Memoria y Verdad, en el parque Cuscatlán, las organizaciones que integran la Comisión manifestaron que el gobierno actual sigue sin cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las cuales han ordenado al Estado la aplicación de justicia transicional.
“El Estado salvadoreño debe cumplir su obligación de reconocer y proteger a las víctimas que por décadas han luchado por la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, manifestaron.
Sofía Hernández, presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos Marianella García Villas (Codefam) aseguró que mientras no tenga una respuesta estatal seguirán luchando por sus familiares desaparecidos en el conflicto armado.
“Las madres seguimos en el camino, porque no tenemos respuesta de justicia, verdad y reparación entonces seguimos en el camino buscando noticias. Estos son crímenes de lesa humanidad y no prescriben, así que vamos a seguir la batalla”, expresó.
Sofía relata que durante la guerra fueron desaparecidos seis integrantes de su familia, su hija, su esposo, dos hermanos y dos sobrinos. En el caso de su esposo, encontró sus restos, mientras que de los demás se desconoce su suerte.
“La vida cambió en todo, porque no he tenido respuesta de nada, nunca puedo vivir tranquila, porque siempre estoy pensando ¿Dónde estarán? ¿Qué hicieron con ellos?”, dice.
La representante de Codefam considera que solamente se puede llegar a la verdad si el gobierno ordenara abrir los archivos de la Fuerza Armada, pero lamenta que ni las administraciones de ARENA, ni el FMLN, ni el gobierno actual han tenido voluntad de hacerlo.
“Se ha luchado mucho porque haya justicia y reparación, pero no lo hemos logrado porque no han querido abrir los archivos de la Fuerza Armada y ahí está, porque ellos llevaban el control de toda la gente que asesinaban y desaparecían”, señaló.
En octubre de 2019, el presidente Nayib Bukele prometió hacer lo que ningún presidente antes había hecho: desclasificar archivos militares y conocer la verdad.
“Si hay algún archivo que desclasificar que esté clasificado y que ahí esté, pues, evidentemente lo vamos a hacer… la única forma de sanar las heridas del pasado es que se sepa la verdad. Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z”, declaró en una conferencia de prensa. Sin embargo, hasta ahora nada de eso se ha cumplido.
Sofía explica que cuando el FMLN llegó al poder tenían la esperanza de que este emprendiera acciones con el fin de conocer la verdad y hacer justicia para las víctimas del conflicto armado, pero fueron defraudadas. Con el gobierno actual lo ve más difícil, pero no pierde la fe y a sus 80 años de edad, solo le queda seguir luchando el resto de su vida.
“Si no se dio en esos años, muchos menos ahora que el gobierno no quiere saber nada de las víctimas, ni de los derechos humanos, dice que somos defensores de delincuentes, cuando sólo buscamos a nuestros desaparecidos en el conflicto armado”, manifestó.
En el comunicado brindado por la Comisión indican que en el contexto de la guerra, se calcula que hubo unas 10,000 víctimas de desaparición forzada.
Práctica continua desde el Estado
Las organizaciones señalaron que la desaparición forzada es parte del modelo de seguridad implementado por el gobierno actual con el régimen de excepción, el cual se ha vuelto permanente durante más de dos años.
“En el régimen decepción son miles de personas detenidas de forma arbitraria cuyas familias ignoran su paradero o la certeza si continúan con vida mientras se encuentran en las cárceles donde son sometidos a torturas o tratos crueles o degradantes”, enfatizaron.
Mauricio Ovidio, representante de Tutela Legal, explicó que “la desaparición forzada ha sido un instrumento utilizado por los gobiernos en el país “para aplacar las manifestaciones, la protesta y las denuncias”.
En un informe presentado en mayo de este año, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés, seis organizaciones defensoras de Derechos Humanos aseguraron que han documentado 327 denuncias de desaparición forzada, las cuales habrían sido cometidas desde el inicio del estado de excepción.
“A las miles de víctimas de la guerra se suman las miles de víctimas del régimen de excepción. La desaparición forzada es considerada, por el derecho internacional, como una de las peores formas de violaciones a derechos humanos , constituye un crimen de lesa humanidad y es un delito continuo y permanente cuyo efecto se prolonga en el tiempo y por generaciones”, declaró Ortiz.
Búsqueda heredada
Eduarda De Paz relató cómo la desaparición de dos hermanos en los años 80 afectó a toda su familia y el dolor y la búsqueda se ha ido heredando.
Su hermano menor fue encontrado muerto un año después de la desaparición, mientras que Alejandro, el mayor, sigue desaparecido.
“Los restos de mi hermano menor lo reconocimos porque usaba sombrero de pelo, porque era ganadero”, dice.
La señora que ha ido olvidando algunos detalles de esa triste historia, recuerda que sus padres tenían unos terrenos en el cantón San Antonio, jurisdicción de Cinquera, departamento de Cabañas, los cuales dejaron abandonados.
“Todo eso se perdió, mi papá dijo que no volvía a ese lugar, que le daba mucho dolor ir y no encontrar a sus hijos. Es duro ver sufrir a nuestros padres y no poder hacer nada” manifestó.
Alejandro De Paz fue sacado de su modesta casa por un grupo de hombres, presuntamente guerrilleros, y su familia nunca volvió a encontrarlo.
“Hemos llorado, seguimos llorando, extrañando, sufriendo por esa pérdida. Es bien difícil porque él dejó niños chiquitos, su esposa estaba embarazada. Ha sido un calvario”, expresa Eduarda.
Dos años después de la desaparición de sus hermanos, el esposo de Eduarda fue asesinado y ella se quedó a cargo de sus cinco hijos.