Los familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales presentaron, ayer, a la Fiscalía General de la República (FGR) un álbum de fotografías de sus parientes, sobre quienes existe un proceso de búsqueda, como medida de presión para agilizar las investigaciones que, en sus palabras, han debido hacer por su cuenta y sin ayuda del Estado. Incluso, afirman que han utilizado sus propios recursos.
Algunos de los peligros que enfrentan los familiares de personas desaparecidas son tener que ingresar a fincas y cañales en jornadas diurnas y nocturnas para realizar las búsquedas. La madre de Carlos Abarca, un joven desaparecido desde el 1 de enero de 2022, hizo un llamado al fiscal Rodolfo Delgado: “Está incumpliendo su código de ética, él mismo lo firmó y lo está incumpliendo, no hay respuestas”, expresó durante la concentración.
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Con la recopilación fotográfica, las organizaciones y familiares de las personas desaparecidas pretenden reiterar el llamado hacia las autoridades sobre la necesidad de que se tomen medidas concretas para hacer frente a la problemática. Además, solicitan a la FGR que haga las investigaciones que sean necesarias para ubicar a sus familiares.
El álbum contiene 43 casos de personas que han sido reportadas como desaparecidas entre el 27 de agosto de 2007 y el 13 de septiembre de 2022. Los casos proceden, en su mayoría, de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana. Las edades de las víctimas van de 14 a 45 años. Previo a la entrega del álbum, las organizaciones se contactaron con el fiscal para que pudiera recibir personalmente el documento, sin embargo, no sucedió así. “Eso dice mucho del cumplimiento de las obligaciones de la institucionalidad en El Salvador, no pedimos otra cosa más que las instituciones funcionen”, expresó Henry Fino de Fespad.
“Venimos aquí a ver si logramos encontrar respuesta por medio de la Fiscalía porque sabemos que en el país hay cementerios clandestinos que no quieren decirnos que existen”, expresó la madre de Rodrigo Montalvan, quien desapareció en marzo de 2015, cuando salió a su colegio y ya nunca volvió.
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Por otro lado, uno de los mayores disgustos que las familias expresaron tener, es estar obligados a hacer el trabajo de un investigador porque desde las instituciones gubernamentales no tienen apoyo. “Son seres humanos que merecen una cristiana sepultura”, expresó la madre de Rodrigo.
El álbum, tal como lo dice el comunicado presentado por las organizaciones, también es un esfuerzo ciudadano que busca insistir en la necesidad de una atención adecuadas, tanto para la investigación de los hechos denunciados, la ubicación de la persona desaparecida, como para que se proporcione atención psicosocial, reparación simbólica y material a las familias que aún no obtienen respuestas de sus desaparecidos. Los familiares de las personas desaparecidas exigen que las autoridades hagan una labor que ellos están asumiendo debido a la falta de apoyo y respuestas del Estado ante esta problemática con la que llevan años luchando.