El Balance Humanitario 2022-2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indica que en El Salvador hubo 692 personas desaparecidas en 2022, lo que resultaría en casi dos desaparecidos por día, de acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, obtenidos a través de la Policía Nacional Civil.
El documento fue difundido ayer tras la presentación de las actividades que realizó en el 2022 la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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“Si bien estos datos confirman que la desaparición es una deuda pendiente, no hay cifras homologadas ni registro que permitan a las autoridades vinculadas a la búsqueda de personas sistematizar la información de los casos ocurridos en contextos de violencia, de migración y del conflicto armado del pasado”, reza parte del informe.
Señaló que el Comité promueve la creación de un registro único y un sistema de búsqueda que incorpore diferentes estrategias de colaboración y manejo de información, con un enfoque humanitario, para trabajar en la ubicación de las personas desaparecidas.
Además ofrece asesoramiento técnico para la creación de un marco jurídico que responda a los derechos y necesidades de las personas desaparecidas y sus familiares.
Enfoque de atención para familiares de desaparecidos
La Cruz Roja señaló también la importancia de atender las necesidades psicoemocionales de los familiares de personas desaparecidas.
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Por ello, indicó, se ocupa de sensibilizar a las autoridades pertinentes para que incorporen un marco psicosocial en su abordaje, así como de difundir entre los profesionales de la salud mental, el modelo de atención psicológica basado en la pérdida ambigua.
El informe consignó el testimonio de Guadalupe Castro, quien es miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos por Violencia (COFADEVI) y que participó en la primera conferencia regional de familiares de personas desaparecidas convocada por el CICR.
Guadalupe relató, según consta en el documento, que “el estar con otros colectivos y con colectivos de México fue una experiencia muy bonita, uno aprende de ellos y sabemos que ellos también buscan a sus familiares. Lo que me gustó fue que nos enseñaron a unirnos con otros comités para que nos escuchen y nos atiendan el llamado que nosotros hacemos”.
El CICR dio a conocer que 17,094 salvadoreños recibieron mensajes sobre las consecuencias de la desaparición de niñas, niños y jóvenes, a través de una campaña de difusión pública.
Además que 80 servidores públicos recibieron una formación sobre las necesidades y los derechos de los familiares de las personas desaparecidas; 111 profesionales de la salud, la justicia y encargados de las actividades de búsqueda asistieron a sensibilizaciones sobre las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial de los familiares de las personas desaparecidas, y que 60 profesionales de salud mental recibieron formación para fortalecer su acompañamiento.
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“En El Salvador sigue siendo difícil conocer la cifra exacta de personas desaparecidas, ya que no existe una base de datos consolidada. Por ese motivo, el CICR pone a disposición sus conocimientos técnicos sobre protección de vínculos familiares y promueve, al igual que en otros países, la creación de un registro nacional consolidado de personas desaparecidas que permita a las autoridades responsables de su búsqueda sistematizar la información sobre el tema en los contextos de violencia, migración y conflicto armado”, se lee en otra parte del documento.
El CICR ha realizado acciones para atender diferentes problemáticas. Por ejemplo, de personas desplazadas, migrantes y retornadas, comunidades afectadas por la violencia armada y personas detenidas.
El Diario de Hoy consultó sobre este último punto, en el marco del régimen de excepción, si se considera que ha existido violaciones de derechos humanos; pero la entidad se excusó de opinar al respecto porque no se expresan de manera pública sobre algunas situaciones.
El jefe de misión del CICR en El Salvador, Ahmad Hallak, señaló que cuando tienen observaciones y recomendaciones las transmiten a las autoridades correspondientes en el marco del diálogo bilateral que sostienen.
“Pero hablando de nuestras actividades en El Salvador durante el régimen de excepción, y antes, brindamos asistencia a migrantes retornados y desplazados como hacemos en Guatemala, Honduras y México. También trabajamos por las familias de personas desaparecidas y con las autoridades que tienen a cargo la problemática en el país”, indicó Hallak.
Agregó que “nuestra acción humanitaria se basa en acompañarlos, asistirlos y asesorarlos técnicamente según las necesidades identificadas. También como hacemos en otros países, dialogamos con fuerzas de seguridad. El CICR ha centrado su labor en difundir y promover el respeto de las normas internacionales en el uso de la fuerza para prevenir violaciones de los derechos humanos y minimizar las consecuencias humanitarias”.
El Comité Internacional de la Cruz Roja también señaló ayer que la privación de libertad de las personas migrantes debería de ser el último recurso que se implemente y que personas vulnerables no deberían de ser sujetas a dicha medida.
Dicha postura fue expresada a raíz de lo ocurrido el pasado 27 de marzo, cuando 40 migrantes murieron, entre ellos siete salvadoreños y otros centroamericanos, en un incendio ocurrido en el centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, México.
“Es un momento (donde) en México se podría discutir este tema, de cómo abordar flujos migratorios, aún más importante, con esta mirada de dignidad y respeto a los derechos de las personas migrantes”, expresó el jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central, Olivier Dubois.