“Mire señora este es uno de muchos casos de desaparecidos, nada más tiene que tener paciencia y si su hija regresa nos llama”.
Con esas desalentadoras palabras las autoridades habrían recibido la denuncia a Guadalupe López, cuando ella llegó angustiada en busca de ayuda tras la desaparición de su hija.
Han pasado ocho años desde entonces y ella sigue esperando, sin tener una respuesta sobre el paradero de su hija.
El miércoles 13 de julio de 2016, Katia Yamileth Quintanilla López recibió una llamada de una amiga, quien le dijo que se reunieron en el parque Infantil, en el centro de San Salvador.
La adolescente que entonces tenía 16 años, salió de su casa para reunirse con su amiga, pero nunca más volvió.
Cuando Katia no regresó, su mamá se preocupó e intentó llamarle al celular, pero ya no hubo respuesta.
La señora sospechó que algo grave le había sucedido y buscó la ayuda de las autoridades, pero en la Policía le explicaron que debían pasar 72 horas para considerar a una persona como desaparecida.
Debido a que Katia desapareció el miércoles y las 72 horas se cumplían el sábado, su madre tuvo que esperar hasta el lunes para que le tomaran la denuncia.
“Nada más nos tomaron la denuncia, llenaron una ficha, me dijeron vaya a Medicina Legal, a los hospitales, a la Fiscalía y me dijeron que esperara y ya llevo ocho años esperando” se lamenta Guadalupe.
Posteriormente la madre de Katia se fue a la Fiscalía con la esperanza que ésta actuará rápido al brindarles la pista de la llamada telefónica que recibió, pero no fue así.
“Yo les di el número de teléfono, la compañía, lo anotaron pero nunca pidieron la bitácora. Siento que en su momento hubiera servido de mucho, hubiera dado la ubicación de dónde estuvo, qué es lo que no sabemos hasta el día de hoy”, lamenta la señora.
Una desaparición anunciada
Seis meses antes de la desaparición, Katia fue víctima de una paliza, aparentemente porque se negó a ser novia de un marero.
La agresión quedó en la impunidad, porque denunciar era una sentencia de muerte para la familia, al vivir en una zona bajo el control de la pandilla.
“Poner una denuncia era darnos por muertos todos. Lastimosamente solamente nos quedó quedarnos con ese dolor de que le maltrataran un familiar y la impotencia de no poder hacer nada y pensamos que eso no iba a trascender”, relata Guadalupe.
Cuando el presidente Nayib Bukele anunció la guerra contra las pandillas y bajo ese argumento decretó el régimen de excepción, Guadalupe tuvo la esperanza para encontrar aunque sea los retos de su hija desaparecida y tener la respuesta, que otros gobiernos no le habían dado.
“Cuando inició lo del régimen pensé que era una puerta que se estaba abriendo para nosotros (familiares de desaparecidos)” dice.
Sin embargo, ya van 30 meses de implementación del régimen de excepción y ella sigue sin tener una respuesta.
Las madres de los desaparecidos consideran que los pandilleros capturados en el régimen de excepción podían dar información de las fosas y cementerios clandestinos donde enterraron a sus víctimas.
“Hasta ahorita no se ha visto eso, son pocos los casos que se han esclarecido debido a esto”, expresa la madre de la desaparecida.
El caso de Katia ha sido registrado en el primer registro ciudadana de personas desaparecidas creado por organizaciones civiles, ante la falta de esta herramienta de las instituciones del Estado.
“Nos sentimos impotentes, cada mes que pasa para nosotros es una tortura, pueden pasar mil años, pero el saber de qué no hemos encontrado aunque sea sus huesitos para enterrarlos, es una tortura”, expresa Guadalupe.
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) 3,859 personas fueron reportadas como desaparecidas en el país en 2016, año en el que desapareció Katia.
El fiscal general, de ese momento, Douglas Meléndez, aseguró ante la Asamblea Legislativa que la mayoría de desapariciones eran cometidas por la pandillas.