La quema de las ramadas para desalojar a vendedores que se ganaban el sustento de sus familias frente al turicentro en la plaza Costa del Sol, ha desencadenado críticas y demandas por parte de comerciantes afectados y figuras políticas, destacando la omisión del cumplimiento de medidas judiciales y el presunto abuso de poder.
Por un lado, el abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Rudy Joya, ha denunciado lo que considera como desalojos arbitrarios en la zona de la Costa del Sol en La Paz, señalando la comisión de cuatro delitos penales. Estas afirmaciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a YSUCA.
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Según Joya, en estos desalojos se han vulnerado los derechos de 59 vendedores, resultando en la pérdida total de sus bienes y medios de sustento. Uno de los principales argumentos brindados por el experto, es la falta de cumplimiento de una sentencia judicial, la cual requería que las autoridades municipales realizaran una inspección previa antes de llevar a cabo los desalojos. Esta omisión, según Joya, constituye uno de los delitos señalados.
Además, Joya ha destacado la ausencia de asesoramiento legal adecuado para los afectados, lo que habría contribuido a la incorrecta interpretación y ejecución de la sentencia por parte de las autoridades municipales. "esto es por la falta de personas competentes dentro de las funciones públicas en este caso en la municipalidad. Si hubiesen tenido un abogado que les asesora bien en la interpretación de esta sentencia, esto no hubiese pasado y hubiera realizado los dos puntos específicos que las medidas cautelares del juzgado ambiental especificaban", detalló.
Elizabeth Jiménez, una de las comerciantes perjudicadas, ha manifestado que las pérdidas económicas que ha sufrido ascienden a aproximadamente 15 mil dólares. Jiménez, al igual que otros afectados, demanda una compensación por los daños ocasionados y expresa su preocupación por su capacidad para subsistir ante esta situación, dado que su actividad comercial era su única fuente de ingresos.
También, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, se ha unido a las voces críticas, calificando el proceso de desalojo como "sumamente arbitrario" y acusando un abuso de poder por parte de las autoridades.
Por otro lado, el ambientalista Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), expresó recientemente, que los desalojos se han llevado a cabo bajo el pretexto de proteger el medio ambiente, mientras que proyectos de deforestación continúan sin interrupción en todo el país. Navarro ha instado a las autoridades a detener estos proyectos y ha exigido responsabilidades tanto al alcalde como a la Policía.
El pasado 14 de mayo en la madrugada, el alcalde del municipio de La Paz Centro, Armando Jirón, fue capturado por el delito de “contaminación ambiental”, luego que habría ordenado la quema de 59 ramadas utilizadas por vendedores frente al turicentro de la playa Costa de Sol, en el cantón San Antonio Los Blancos, jurisdicción de San Luis La Herradura.