Las organizaciones salvadoreñas Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Cristosal presentaron este miércoles en Paraguay, en un evento paralelo la 54 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un panorama de la coyuntura salvadoreña frente a las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele y que ha llevado a la detención a más de 80,000 ciudadanos.
“El Salvador: Instalación del autoritarismo y sus consecuencias para la región” fue el evento en el que participaron Verónica Reyna, de la Dirección de Derechos Humanos del SSPAS, y Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal para exponer la situación en El Salvador.
Participaron también Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal de Perú, con el tema de “Concentración de poder y falta de independencia judicial”; Ramiro Orias, del Comité Jurídico Interamericano y de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con la exposición “Seguridad y derechos humanos. Y se contó con la participación de Edison Lanza, exrelator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Verónica Reyna describió las políticas de seguridad de Bukele como “represivas y punitivistas”, y que el modelo busca la detención masiva y donde la cárcel termina siendo el "símbolo perfecto" del supuesto éxito del modelo.
“Las organizaciones tenemos más de 6,300 denuncias de víctimas a violaciones a derechos humanos solo ocurridas en el marco del régimen de excepción y más de 260 personas muertas”, dijo la representante del SSP.
El integrante del Comité Jurídico Internacional y de la Fundación para el Debido Proceso, Ramiro Orias, aseguró que estas medidas de mano dura aplicadas en El Salvador ya han ocurrido en la región y en todas ocurrieron con consecuencias “nefastas”.
Orias señaló que es importante ante todo señalar si el modelo de seguridad que implementa Bukele en El Salvador es realmente un modelo: “¿Cómo puede ser un modelo si es tan único y excepcional?”.
El experto del Comité Jurídico Internacional explicó que el modelo de seguridad autocrático busca maximizar la seguridad a partir de reforzar las capacidades punitivas del Estado para mantener el orden público.
Para el experto, si se estudia cada una de sus variables cualquiera se da cuenta que el modelo “no es tan auténtico, original, ni tan innovador”. Además, según Orias, la contradicción entre el garantismo (de los derechos fundamentales) y la seguridad plantea un dilema falso.
“La contradicción más bien es entre el modelo democrático y el modelo autocrático”, aseguró Ramiro Orias.
Documental: El retroceso democrático en El Salvador
En cambio, el modelo democrático busca crear un ambiente sistémico, propicio, adecuado para la convivencia pacífica entre la ciudadanía, basada en el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de las organizaciones estatales y del Estado de derecho.
“El modelo democrático busca que las instituciones funcionen para dar condiciones de seguridad a los ciudadanos, mientras que el modelo autoritario busca reforzar la capacidad del Estado para mantener un orden atacando los efectos y no las causas”, dijo el experto.
Por su parte, la integrante del Instituto de Defensa Legal de Perú, Cruz Silva, consideró que no se debiera descartar en El salvador, ni en otro país de la región, cómo enfrentar los grupos de poder que buscan allanar otros poderes: “No solo ha sido Bukele, sino, todos los grupos de poder que con él se benefician de una o de otra forma y en diferentes grados”.
La escalada al autoritarismo
Zaira Navas explicó que hubo ocho momentos que marcaron los pasos hacia el sistema autoritario en El Salvador; siendo el primero la toma de Bukele junto con la Fuerza Armada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020.
Luego en mayo de 2021, la destitución y sustitución de los magistrados la Sala de lo Constitucional y del fiscal general; luego en septiembre del mismo año, la destitución de jueces y fiscales de carrera por medio de un retiro obligatorio, así como el nombramiento irregular de jueces.
Otro escalón al autoritarismo, según Navas, fue el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Corte de Cuentas de la República (CCR).
El 27 de marzo de 2022 inició otra de las escalas al autoritarismo con el régimen de excepción, indicó Cristosal, seguido de las reformas electorales de 2023 y por último en 2024 con el acuerdo de reforma constitucional, la reelección presidencial inconstitucional y con la falta de designación de ministros según las normas.
Orias aseguró que las políticas democráticas deberían ser basadas en consensos amplios, acuerdos políticos con participación y consulta de la sociedad civil.