El Salvador ha sido incluido en la lista de países que experimentan un rápido deterioro de las libertades cívicas, elaborada por Civicus, una alianza global de sociedad civil con sede en Johannesburgo, que rastrea los sucesos más recientes en el ámbito de las libertades ciudadanas a nivel mundial, informaron en un comunicado de prensa.
“Esta calificación se suele otorgar a los países en los que las personas con poder cuestionan el espacio cívico e imponen restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales”, indica la plataforma ciudadana.
La inclusión de El Salvador en ese registro negativo está basado en la extensión de las medidas del estado de excepción en el gobierno del presidente Nayib Bukele, las cuales, según el informe, no solo se aplican a los grupos del crimen organizado como las maras y pandillas, sino también a los medios de comunicación y a las personas críticas a las políticas del gobierno.
“En vigor desde hace más de ochocientos días, el controvertido estado de excepción decretado por el Gobierno ha erosionado los derechos de activistas, profesionales de la prensa y ciudadanos que respetan la ley”, indica el comunicado.
El régimen de excepción fue instaurado el 27 de marzo de 2022, luego de una matanza de más de 80 personas en un solo fin de semana, según una investigación del periódico digital El Faro, debido al rompimiento de la tregua entre las pandillas y el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La medida excepcional comprende la eliminación de derechos fundamentales para todos los ciudadanos como el derecho a defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, además, ha sido acompañada de una serie de reformas penales, que riñen con el derecho internacional, han denunciado en reiteradas ocasiones organismos internacionales.
“Los amplios poderes que se le otorgaron al presidente han facilitado una mayor vigilancia, las detenciones sin orden judicial y la supresión de las garantías procesales en los tribunales”, agrega el informe de Civicus.
Para la elaboración de la lista a nivel mundial, la alianza de organizaciones civiles rastrea los sucesos más recientes en el ámbito de las libertades cívicas en 198 países, entre ellas, la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
El Salvador ha sido catalogado como uno de los 40 territorios a nivel mundial donde las libertades ciudadanas están obstruidas, al igual que Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, Ucrania y Marruecos, entre otros.
El informe de Civicus agrega que desde la instauración del estado de excepción en marzo de 2022, las organizaciones defensoras de la sociedad civil han registrado más de 16,000 casos de violaciones de los derechos humanos.
En abril, el informe sobre prácticas derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que hay información creíble de que funcionarios gubernamentales emplean la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y otros abusos conexos, en el contexto del régimen de excepción.
El gobierno estadounidense también recalca que según datos de las organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía General no había abierto ninguna investigación por denuncias de tortura, abuso o maltrato por parte de los custodios penitenciarios.
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Periodistas bajo amenaza
Por otra parte, la plataforma civica indica que los profesionales del periodismo se enfrentan a un entorno hostil caracterizado por la difamación, la intimidación, las campañas de desprestigio y la restricción al acceso a la información.
“El propio presidente Bukele se sirve habitualmente de X para desacreditar a los medios de comunicación que investigan actos de corrupción estatal y violaciones de los derechos humanos, mientras que otros cargos públicos amenazan a profesionales del periodismo por no revelar la identidad de sus fuentes anónimas”, destaca el documento.
Civicus indica que la situación de los profesionales del periodismo se deterioró aún más durante las elecciones generales y municipales realizadas en febrero y marzo de 2024.
Durante esos meses, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 319 violaciones de la libertad de prensa, perpetradas principalmente por personas que ostentan cargos públicos.
El monitoreo realizado por la APES durante las elecciones registró un twitter Félix Ulloa, vicepresidente de la República, en el que acusaba a los medios de comunicación.
“Vamos a elecciones con una oposición política irrelevante, con medios facciosos y ONG´s militantes que toman su lugar para atacar el Pte. Bukele. Entre ellos destacan El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, el Colatino, TVX, El Faro, Cristosal, Fespad. Fuera del país vienen de El País de España, Le Monde, France 24, DW y the Economist, en USA el New York Times y el Washington Post, la CNN en español, HWR, entre otros y unos cuantos congresistas desorientados” se lee en el post publicado por Ulloa a las 8 de la mañana del 4 de febrero de este año, el cual luego borró.
En el pasado, Ulloa fue colaborador de las páginas editoriales del diario Colatino.
“Esa es la postura de alguien que dice que no están atacando periodistas y que dice que defienden derechos como la libertad de expresión, pero que en la práctica con ese tipo de publicaciones deja entrever todo lo contrario” señaló en ese momento, Angélica Cárcamo, presidenta de la APES.
Civicus agrega que el proceso de acreditación de los profesionales del periodismo durante el procesos de elecciones fue deliberadamente lento y opaco y dificultó la cobertura periodística de los actos oficiales.
Por otra parte, denuncia que las mujeres periodistas se enfrentan a amenazas físicas y digitales en el contexto actual.
Según el Informe sobre violencia digital basado en género, entre el 1 de octubre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024, se registraron 665 ataque a mujeres periodistas, solo en la red social X, conocida como Twitter.
En el análisis de datos de la APES encontró que los picos de conversación generalmente son relacionados a posturas de periodistas sobre la administración actual, los cuales generan una primera ola de ataques, posteriormente son retomados por influenciadores afines al gobierno que generan una segunda ola de ataques.
Críticos criminalizados
El informe de Civicus también señala la situación de activistas y organizaciones de la sociedad civil, la cual es igualmente precaria.
“Los últimos cuatro años han sido de los más difíciles desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. En 2024, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos informó que las personas defensoras de los derechos humanos han padecido actos de vigilancia, acoso y diversas formas de violencia, incluidas desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de mujeres defensoras de los derechos humanos”, destaca.
Datos del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), el cual fue creado en 2019 con el fin de apoyar a las familiares de los detenidos por razones políticas, indican que al menos 90 detenidos han sido registrados en esa condición.
El registro de Cofappes incluye a personas que se encuentran en prisión, los que tienen medidas sustitutivas a la detención y refugiados o exiliados debido a la persecución política.
Ivania Cruz, vocera de Coffapes, explicó que se considera como persecución política aquellos casos que denotan que hay indicios de “una fabricación” de un delito, con el fin de criminalizar a opositores, críticos al oficialismo, líderes sociales, sindicalistas y a los miembros de organizaciones sociales.