Las instituciones públicas de El Salvador están afrontando una desnaturalización y como una de las consecuencias directas es la vulneración de los derechos de la población, así confirmaron voces expertas a El Diario de Hoy.
El gobierno de Nuevas Ideas se caracteriza, desde su primer quinquenio, por la disolución de instituciones y la creación de nuevas que concentran las funciones que esas tenían y en algunos casos, son las mismas, pero con otro nombre. Además, de eso la cooptación de entes de control.
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El jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales, señala que la desnaturalización de las instituciones públicas lleva a una vulneración de los derechos de las y los salvadoreños.
"Observamos cómo ahora la tortura es una política de Estado, las detenciones arbitrarias masivas, los jueces actúan como autómatas ordenando detenciones provisionales ante requerimientos fiscales que carecen de prueba, todo esto para obedecer desde políticas dictadas desde el poder Ejecutivo", señaló.
Ejemplificó así la desnaturalización de las instituciones de control, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al omitir su rol de investigación en dichos casos.
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Para la jefa del Área de Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, hay diversas maneras de cómo se desnaturalizan en el país a las instituciones públicas; pero considera hay una mayor evidencia en las de control como la Corte de Cuentas, Fiscalía General y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
"Hay una desnaturalización de instituciones públicas en distintos sentidos, una de las instituciones más desnaturalizadas porque han dejado de cumplir su función son las de control y rendición de cuentas. Aunque formalmente la estructura sigue siendo la misma, pero funcionalmente están totalmente desnaturalizada porque esas instituciones no está cumpliendo su función", indicó la experta.
Según López, una característica relevante del gobierno es la opacidad y destaca esta arista en tanto que no se tiene una versión pública de cuál es la estrategia y la visión de gobierno para suprimir unas instituciones y crear otras.
"Lamentablemente, no hay la suficiente transparencia ni para estudiar cuál es el origen del cierre de instituciones públicas como para evaluar si las instituciones que se están cerrando han cumplido o no con su función", señaló López.
Para la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Gabriela Santos, lo que marca la desnaturalización de las instituciones públicas es la búsqueda por continuar con un mismo mandato, una misma orden en todas las instituciones de parte de unos pocos políticos.
"Ahorita ha quedado bien evidenciado lo que se busca actualmente, que es concentrar el poder en todo sentido y perpetuarse en el poder. El Ejecutivo lo que debería de hacer es descentralizar el poder y lo que estamos viendo en vez de descentralizar es concentrar el poder y darle menos autonomía a otras instituciones", señaló Santos.
Instituciones disueltas
El gobierno de Nayib Bukele, por medio de la Asamblea Legislativa, disolvió el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).
Y creó, en cambio, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) de la que no se cuenta con mayor información de ejecución de sus contrataciones. Según su misión institucional, está encargada de la calificación, aprobación, ejecución y liquidación o cierre de proyectos distritales y municipales.
Sin embargo, diversas obras, como la reparación de escuelas o calles, están en abandono, según denuncias de la ciudadanía.
El oficialismo también disolvió la Dirección Nacional de Medicamentos, el Consejo Superior para la Salud Pública. En su lugar creó la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que no solo concentra las funciones de los dos anteriores entes, sino que también adoptó funciones que le correspondían a los ministerios de Salud y de Agricultura y Ganadería.
El Instituto Salvadoreño para la Formación Profesional (INSAFORP) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) fueron disueltos y se sustituyeron por el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) y por la Dirección de Integración.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) las suprimió el gobierno, en cambio creó la Comisión Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y el Instituto Crecer Juntos.
En el rubro cafetalero, se disolvió el antiguo Instituto Salvadoreño del Café y el Consejo Salvadoreño del Café para crear un nuevo Instituto Salvadoreño del Café(ISC) que adoptó las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades, derechos y obligaciones que correspondían ambos.
El Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) fue disuelto, pero las mismas competencias las tomó la nueva Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (INVEST).
La Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) la disolvieron en 2022 y sus competencias las atribuyeron al Banco Central de Reserva (BCR). En materia económica también se creó la Oficina Nacional del Bitcoin.
En el rubro de la defensa nacional se disolvió la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) y se constituyó la Marina Nacional.
El gobierno disolvió el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), pero no instauró otra instancia de atención para dicho rubro poblacional.
Otras instituciones creadas por el gobierno son la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), la cual se pensó para contribuir a la seguridad hídrica; el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (CONADEM) y la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
Actualmente, el gobierno solicitó a la Asamblea que apruebe una ley de ciberseguridad que permitirá crear la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) que será la encargada de elaborar la "Política de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la Nación" con los lineamientos, planes y programas de acción, la cual deberá someter a aprobación de la Presidencia de la República.
"Todas las instituciones y los poderes públicos estatales tienen como objetivo fundamental el respeto y la garantía de los derechos humanos en el marco de sus competencias; sin embargo, cuando estos principios que rigen a las instituciones democráticas son alterados a partir del establecimiento de un sistema autoritario como el que tenemos, estas instituciones no pueden cumplir ese rol fundamental", señala también Morales.