Representantes del Bloque Popular Revolucionario (BRP) con el apoyo de 70 organizaciones internacionales pidieron la liberación inmediata de los veteranos de guerra y excombatientes encarcelados desde el 30 de mayo de este año, por supuestos actos de terrorismo.
“Como organizaciones internacionales de derechos humanos, religiosas, ambientalistas y de la diáspora salvadoreña de 13 países, exigimos la libertad de los líderes sociales de la Alianza El Salvador el Paz. Permanecer en prisión preventiva representa una amenaza a la vida de estos líderes con estados de salud delicados y en deterioro”, manifestó Francisco Parada, representante de las organizaciones.
Este día como @Bloque_RP y @Unidehc presenta el respaldo y solidaridad de 70 organizaciones entre personalidades y partidos políticos dan el respaldo a los #presospoliticos de la Alianza Nacional. pic.twitter.com/3BA4BR24IQ
— Ivania Cruz (@IvaniaCruz15) August 13, 2024
Ivania Cruz, abogada de Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), que brinda apoyo legal a José Santos Melara y Luis Menjívar, aseguró que a los capturados no se les está garantizando el derecho a la salud
“Hemos puesto el recurso de apelación y a pesar de que se ordenó hacerles exámenes médicos y que (la orden) se tuvo que haber agregado en el expediente, para que en apelación se conociera, no se hizo”, manifestó.
Cruz agregó que el 26 de julio de 2024 el imputado José Santos Melara debió ser trasladado a una cita médica de endocrinología, por una orden emitida por el Juez 3 del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, pero no lo llevaron.
Asimismo el juzgado había ordenado que Melara fuera atendido por un médico especialista, pero tampoco se ha cumplido esa resolución judicial.
Por otra parte, manifestó que en el centro penal no les han recibido los medicamentos para Luis Menjívar, pese a que ya había una orden judicial para su ingreso.
“¿Qué garantías hay para el derecho a la salud de estas personas? ninguno, el riesgo a su vida sigue latente, puede haber resoluciones por parte de la administración de justicia, pero no vemos que los funcionarios de segundo grado lo cumplan”, declaró la abogada.
El representante del Bloque dijo que, en este caso, las autoridades han cometido graves violaciones al debido proceso, incluidas detenciones sin orden judicial y bajo falsos pretextos.
“Si el Estado insiste en presentar cargos penales, es urgente que se les otorgue medidas alternativas a la detención preventiva. La mayoría de los acusados son personas mayores, con problemas médicos complejos”, expuso Parada.
Las organizaciones sociales agregaron que la captura de los veteranos y ex combatientes es una persecución política con el fin de criminalizar a quienes protestan.
“El Estado ha violado el derecho a la presunción de inocencia, formulando falsas acusaciones, y violando la cadena de custodia de sus supuestas evidencias. Nos alarma que el gobierno los acuse de delitos de ‘terrorismo,’ un intento claro de criminalizar el trabajo de Derechos Humanos”, expresaron en un comunicado firmado por organizaciones de Estados Unidos, Canadá, Australia, América Latina y Europa.