Retroceso en el respeto a los derechos humanos y debilitamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) son los aspectos que señaló Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), en un balance sobre los derechos humanos en 2022.
El especialista reflexionó que en los gobiernos anteriores hubo un avance en esa materia, aunque no de forma voluntaria, sino fruto del esfuerzo y la lucha de los ciudadanos.
Sin embargo, explicó que también hubo períodos críticos en cuanto al respeto a derechos humanos en otras gestiones presidenciales, pero no como en la actualidad. “Hubo momentos difíciles, pero nunca se llegó a un ataque tan sistemático a los defensores y defensoras de derechos humanos”, expuso.
El especialista manifestó que los defensores son estigmatizados, atacados y criminalizados. Fino lamentó que el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, se burla de las instituciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
Además, asegura, el mandatario ha estigmatizado al defensor de derechos humanos como “defensor de criminales’’, lo que pone en peligro a todos los que ejercen esta labor. “Eso nos pone en un altísimo riesgo”, aseguró.
Uno de esos ataques a los que se refiere Fino quedó registrado en un tuit del presidente Bukele, publicado el 23 de abril de 2022, en el que se lee: “La estrategia de las pandillas es idéntica a la de la oposición y las ONGs de derechos humanos”.
El director ejecutivo de Fespad agregó que, hasta ahora, las autoridades no han detenido a ningún defensor institucional, pero han capturado a líderes comunitarios y sindicalistas que ejercen el papel de defensores de derechos humanos en sus comunidades.
En abril de 2022, la Fundación Hermano Mercedes Ruiz (Fundahmer) denunció a través de un comunicado la captura de una lideresa comunitaria y defensora de los derechos en el cantón Sisiguayo, del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután.
De acuerdo con el comunicado difundido, Esmeralda Beatriz Domínguez de Peña fue capturada el 19 de abril de 2022 acusada de asociaciones ilícitas.
“Mi hija cayó mal porque siempre defendía los derechos de las personas, siempre platicaba con los policías, que esas cosas no habría que hacerlas sin investigar”, afirmó la madre de la detenida durante una entrevista en YSUCA.
Fino, además, expuso que a cada denuncia de violación a los derechos humanos que realizan hay un reacción violenta de parte del presidente, sus funcionarios y el “ejército” de trolls.
“En cuanto a respeto a los derechos humanos ha habido un retroceso, no a la época de la guerra, sino (a una época) mucho antes que eso, lamentablemente”
Henri Fino, director de FESPAD
El debilitamiento de la PDDH es otra de las dificultades que ha impactado a la población en materia de derechos humanos, según Fino.
“En este periodo se ha debilitado totalmente la función de la procuraduría (…) su función institucional tenía un rol importante”, aseguró.
El especialista en derechos humanos recordó el papel ejercido por la exprocuradora Beatrice Alamanni de Carrillo, quien en su gestión expuso en sus informes las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
En contraste, Fino expuso que el exprocurador José Apolonio Tobar se plegó totalmente al régimen, después de la destitución inconstitucional de los magistrados y el fiscal general.
En octubre de 2022, la Oficina de Asesoría Legal y Anti-corrupción de El Salvador (ALAC) denunció que la PDDH incumplió la ley, al declarar como “reservada” la información sobre la visita realizada a los centros penales por el exprocurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar.
El 11 de julio de 2022, Tobar en compañía del director de Centros Penales, Osiris Luna, recorrieron las instalaciones del Complejo Penitenciario, la fase III del Centro penal de máxima seguridad y la Granja Penitenciaria, en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, para verificar las condiciones en las que se encuentran los reclusos, en el contexto del régimen de excepción.
Ese mismo día, el ahora exprocurador emitió un comunicado, el cual fue publicado en la cuenta de Twitter de la Procuraduría, en el que aseguraba que se habían realizado entrevistas a los internos, quienes relataron que recibían alimentos en los tres tiempos de comida, contaban con disponibilidad de agua para consumo y aseo personal, recibían la atención y los insumos médicos que requieren.
Sin embargo, Tobar obvió mencionar en su informe las denuncias públicas realizadas por familiares de personas que han sido víctimas de posibles actos de torturas y de las que han fallecido mientras estaban en custodia del Estado, omisiones por las que fue fuertemente criticado por diversos sectores.
Fino explicó que el debilitamiento de la PDDH continuó con la elección de la procuradura actual, Raquel Caballero de Guevara.
El especialista explicó que la funcionaria no era la persona idónea para ocupar el cargo, debido a que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por nepotismo y por el uso de recursos del Estado para beneficio personal.
Caballero de Guevara fue sancionada por el TEG en octubre de 2019 por promover en la PDDH, cuando fue titular de esa institución, la contratación de su hijastra Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya y también por abogar por el incremento del salario de otra hijastra que laboraba en la institución, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla.
Sin embargo, los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC justificaron que su nombramiento en 2022 se debió a que cumplió con todos los requisitos de ley.
Pero Fino agregó que Caballero de Guevara no cumple con el requisito de “ ser de moralidad notoria” para ocupar el cargo de procuradora. “La procuraduría de nuevo está en la más oscura sombra, no se ha pronunciado por los cercos militares, por los fallecidos en centros penales, por los desaparecidos”, dijo.
En diciembre de 2022, el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas instó al Estado salvadoreño a velar porque la PDDH pueda efectuar visitas a cualquier lugar donde haya personas detenidas, y a hacer un seguimiento de los resultados de sus actividades de vigilancia.
Asimismo, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal, en su informe sobre derechos humanos, pidieron a la PDDH impulsar investigaciones sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos e informar sobre los hallazgos de forma transparente y periódica. También, estas organizaciones exigen investigar los abusos cometidos por las pandillas y plantear recomendaciones al Gobierno sobre cómo proteger a la población de esos grupos, sin dejar de lado el respeto a los derechos humanos.