Las principales responsables de agresiones a mujeres que trabajan de manera en favor de los derechos, entre 2020 y 2022, han sido las autoridades públicas, como diputados, alcaldes y otros funcionarios, quienes representan el 23% de estas agresiones, seguido de usuarios de redes sociales desconocidos, quienes representan el 20% de los casos, y en tercer lugar la policía con el 16%.
Así lo expone el informe trianual de la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que recopila las agresiones a mujeres que trabajan de manera pacífica, en favor de los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para Alejandra Burgos y Nataly Paz, representantes de la Red de Defensoras, es preocupante que sean las autoridades gubernamentales desde su posición de poder las que incitan y promulguen agresiones para desacreditar el trabajo de las defensoras.
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Asimismo, este informe establece quiénes son las defensoras con base en la profesión u ocupación que ejercen y que a través de ella aportan a la promoción de desarrollo del país y a la exposición de las demandas de los sectores sociales, por lo que entre estas profesiones están las periodistas junto a las comunicadoras, blogueras y activistas digitales, quienes en conjunto conforman la ocupación más agredida con el 38% de los casos, seguido de las trabajadoras de base, es decir, mujeres que ejecutan proyectos de desarrollo dentro de las comunidades y entre los movimientos sociales, quienes son el 9% de los datos registrados. El tercer lugar lo ocupan las mujeres sindicalistas, con el 6%.
Las comerciantes, empleadas de organizaciones, trabajadoras de apoyo jurídico, mujeres influyentes en la política y directoras de ONG son otras de las ocupaciones vulneradas según el informe.
Alejandra Burgos recalcó que los casos registrados han sido recopilados por denuncias hechas de manera directa a la Red de Defensoras y de monitoreo de casos; asimismo, destacó que al registrar los casos se les da un seguimiento y acompañamiento ya sea con apoyo jurídico o asistencia psicológica. “Algunos han sido casos de aviso en la Fiscalía General de la República, pero muchos de estos casos no tienen un proceso legal”, agregó.
El informe también destaca los derechos que estas mujeres han defendido a través de sus ocupaciones y por el cual han sido agredidas. El 37% de las agresiones han ocurrido cuando las mujeres defienden sus derechos, así como también cuando defienden el derecho a la participación política y comunitaria con el 17.2% de los casos. Además del derecho a la información y libertad de expresión, los cuales son el 16.7% de las agresiones, otra de las causas por las que son agredidas es por la defensa del derecho a la vida libre de violencia y los derechos de la población LGBTIQ+.
En el documento se destacan las agresiones colectivas, es decir, que se ha atentado en contra de las organizaciones sin fines de lucro que apoyan las diferentes causas, de las cuales han sido afectadas 35 organizaciones. El informe se limita a mostrar la cifra y no menciona a cuáles han sido.
El año más violento
Los datos presentados también determinan que la agresión a las defensoras ocurre principalmente por su género. “Muchas de estas mujeres han sido agredidas basándose en sus rasgos y en su físico”, dijo Nataly Paz, mientras mostraba que el año más violento en esta categoría fue el 2020.
Las activistas determinaron que estos casos se han registrado bajo las coyunturas de la pandemia por el covid-19, la pospandemia y el régimen de excepción, por lo que la forma en la que han ocurrido estas agresiones y vulneraciones ha cambiado según la coyuntura; sin embargo, no tienen ninguna duda de que el régimen de excepción ha recrudecido el tipo de agresiones.
Por su parte, Alejandra Burgos dijo que una de las principales razones por las que existen estas vulneraciones es por la falta de un marco legal que reconozca a los defensores de derechos y de protección de la labor que realizan, que tiende a dejarlos expuestos frente a las represalias del poder, pues la propuesta de ley que se entregó durante el periodo legislativo anterior fue archivada por la actual administración de la Asamblea Legislativa el 30 de mayo de 2021.
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“Esta acción viola tratados internacionales como la declaración de derechos a tener derechos de las Naciones Unidas en 1998, la resolución para la protección integral de mujeres defensoras del año 2013 el cual El Salvador no solo fue firmante, sino que también dio acompañamiento junto al Estado de Noruega a la Asamblea de la ONU”, dijo Burgos afirmando que incluso en los últimos años se han profundizado marcos legales destructivos y no que defiendan los derechos.
La activista recalcó que actualmente la labor de las defensoras no es reconocida y que más bien es discriminada con el fin de satanizar la labor de los defensores. “El derecho a tener derechos es constitucional. Estamos ejerciendo un derecho sustantivo como ciudadanos”, recordó.
La Red de Defensoras de Derechos Humanos documenta las agresiones a este sector desde el año 2012, las activistas recalcan que actualmente continúan documentando estos datos para en un futuro acceder a algún tipo de reconocimiento y justicia a este sector.
Para conocer más datos incluidos en este informe puede visitar este link