Tres expertas en derechos humanos se refieren a la captura de Verónica Delgado, activista de derechos humanos y madre de Paola Arana, una joven de 17 años desaparecida desde mayo de 2022, como arbitraria y señalan al estado de criminalizarla. Verónica fue detenida el 11 de marzo en su casa por una orden de la Fiscalía.
La captura de esta madre "es una situación lamentable de falla sistemática del Estado donde no interesan los derechos de las mujeres, ni la promoción y protección de sus derechos ", dice Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), al referirse a este caso que ha provocado la denuncia de diferentes organizaciones sociales quienes de manera pública han exigido su liberación.
Para la representante del IDHUCA es lamentable ver como en el país se criminaliza a personas defensoras y madres que ante un sistema fallido están en busca de sus desaparecidos.
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"Es lamentable y condenable ver cómo el Estado le ha fallado una vez más a una madre que busca, no solamente con la detención arbitraria de su hija sino luego su desaparición, y cómo las madres se convierten en defensoras y después son detenidas en este contexto de criminalización", puntualiza.
Santos resalta el trabajo que Verónica, de 41 años, ha realizado como miembro del Bloque de Búsqueda de Personas desaparecidas, al que se unió en junio de 2022 tras la desaparición de su hija el 26 de mayo de 2022.
"Ante el silencio y la falta del Estado, cuando ya casi son dos años de la desaparición de Paola, estamos viendo cómo las madres siguen sin respuesta y ahora tenemos otra detención arbitraria", puntualiza.
Para Santos llama la atención la detención de Verónica luego de su participación en la marcha del 8 de marzo. A su juicio, esta es una fecha que no deja de pasar desapercibida por toda la lucha que implica, el caso particular de esta madre, así como por los casos de feminicidios registrados luego de la marcha del 9 de marzo.
"Estamos al lado de ellas (madres buscadoras). No hay espacio para la neutralidad ante injusticias como la criminalización contra Verónica Delgado y la desaparición de su hija Paola".
Celia Medrado. Experta en DD.HH.
En uno de los casos la víctima fue Brenda Leonardo, de 25 años, asesinada en la colonia San Carlos, Cuscatancingo, por su ex pareja, William Morales, un vigilante privado. Brenda sufría de abusos físicos y psicológicos por parte de William por lo que la pareja se había separado.
Casos como estos, dice Santos ponen en evidencia "una situación de falla sistemática del Estado".
Santos expone además como en el caso de Verónica se hace la captura en su casa de habitación, lo que a su juicio, pone vuelve a poner en evidencia "cómo este régimen se ensaña con las personas e irrumpe también en su privacidad, donde no hay presunción de inocencia y donde se asume la culpabilidad". Una vez más en este caso, dice la experta, se vuelven a violentar derechos de las mujeres.
Piden libertad para Verónica
Representantes de organizaciones sociales se han unido para exigir al Estado, además de respuestas a la desaparición de Poala Arana, la liberación de Verónica.
Idalia Zepeda, Coordinadora del área jurídica de ASDEHU, describe cómo esta madre pasó de ser víctima a defensora de derechos humanos a raíz de la desaparición de su hija, y habla sobre el importante papel que ha desempeñado en el bloque de búsqueda de personas desaparecidas, "siempre dispuesta, siempre acompañando las actividades y dando su solidaridad a las demás madres buscadoras", sostiene.
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Zepeda no descarta que la detención de Verónica esté relacionada al hecho de ser una mujer defensora de derechos humanos quien ha participado activamente en diferentes actividades del colectivo, tanto internas como públicas.
Para Celia Medrano, experta en derechos Humanos, casos como este evidencian como El Salvador está atravesando por momentos en los que la violencia es ejercida desde el Estado contra personas defensoras de derechos humanos, y al igual que durante los tiempos del conflicto armado, señala, son las madres de las personas detenidas arbitrariamente y de los nuevos desaparecidos las que están en primera línea exigiendo y luchando por sus causas.
"Estamos al lado de ellas. No hay espacio para la neutralidad ante injusticias como la criminalización contra Verónica Delgado y la desaparición de su hija Paola", apunta.
"Ante el silencio y la falta del Estado, cuando ya casi son dos años de la desaparición de Paola, estamos viendo cómo las madres siguen sin respuesta y ahora tenemos otra detención arbitraria".
Gabriela Santos. Directora IDHUCA
Mujeres enfrentan búsqueda en condiciones de riesgo
Medrado opina que, ante este hecho, no es difícil anticipar posibles reacciones del gobierno las cuales señala, en lugar de cumplir con la responsabilidad estatal de dar respuesta sobre la desaparición de su hija Paola, buscaran confundir a la opinión pública criminalizándola por exigir y no callar. "Típico de un gobierno que ha optado por la violación a los derechos humanos como política de Estado", opina.
La especialista se refiere además a planteamos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual establece que ante las condiciones de desigualdad de género persistentes en países como El Salvador, las mujeres han asumido la búsqueda de sus familiares desaparecidas.
"Tanto en contextos de guerra, conflictos armados, dictaduras o regímenes autoritarios, las mujeres experimentan de manera diferenciada las consecuencias económicas, sociales y emocionales de la desaparición de sus familiares y además deben realizar la búsqueda de la persona desaparecida en condiciones precarias y de riesgo", añade.
Para la entrevistada es fundamental el trabajo que desde la CIDH se realiza, entidad que ha llamado a los Estados a proteger a las madres buscadoras y garantizarles el ejercicio de sus derechos, así como sus labores de búsqueda y defensa de sus derechos, con un enfoque de género e interseccional. En el caso de Verónica y Paola, agrega Medrano, "el gobierno salvadoreño hace totalmente lo contrario".