“Mis papás ya no salen de la casa por miedo y mi esposa dejó de trabajar, solo yo sigo saliendo. Mis hijos, que tienen documentos, están más tranquilos”, lamentó Omar S., un salvadoreño que viajó a Estados Unidos hace más de 25 años debido a la violencia en su país.
En las últimas semanas, la comunidad migrante ha experimentado un aumento en el temor y la tensión debido a las deportaciones masivas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Esta situación ha convertido a muchos migrantes en blancos fáciles de estafadores, advirtió la abogada de inmigración Cynthia Grande, radicada en el extranjero.
La especialista explicó que los principales objetivos de esta administración son las personas con órdenes de deportación previas o aquellas que han estado en el país por menos de dos años.
Sin embargo, en los operativos realizados en lugares de trabajo, otros inmigrantes pueden verse afectados si no cuentan con un estatus migratorio regular.
“Hay mucho miedo en la comunidad; muchas personas han dejado de ir a trabajar. Para quienes ya tienen una orden de deportación, es más difícil acceder a un juez porque se considera que ya tuvieron su oportunidad”, señaló la abogada.
Hija de inmigrantes, la abogada Grande conoce de primera mano los desafíos que enfrentan los indocumentados, especialmente la barrera del idioma y la falta de acceso a representación legal. Por ello, ha iniciado una campaña para informar a la población sobre sus derechos y opciones legales.
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Derechos de los migrantes
“Es fundamental que las personas conozcan sus derechos. No están obligadas a permitir que agentes de inmigración entren a sus hogares o negocios sin una orden judicial firmada por un juez”, explicó la abogada.
Advirtió que, en muchos casos, las autoridades presentan órdenes firmadas por oficiales de inmigración, que no tienen el mismo peso legal.
Si un migrante es interrogado por un oficial de inmigración, tiene derecho a guardar silencio y no proporcionar información sobre su estatus migratorio hasta consultar con un abogado.
“No deben firmar ningún documento sin la revisión de un abogado. Tienen derecho a representación legal, aunque el gobierno no les proporcionará un abogado, por lo que es importante que las familias tengan un plan”, enfatizó Grande.
¿Pueden obligarme a salir del automóvil?
Una de las dudas más comunes entre los inmigrantes es si están obligados a salir de su vehículo cuando un agente lo solicita. Grande aclaró que solo los agentes policiales tienen autorización para exigirlo, no los oficiales de inmigración.
“Solo es obligatorio salir del auto si hay una orden firmada por un juez. Esto puede marcar la diferencia entre ser detenido o no”, recalcó.
La experta reiteró que, por ley, los agentes de inmigración no pueden ingresar a una vivienda, negocio o lugar de trabajo sin una orden judicial. Además, recomendó consultar con un abogado para evaluar posibles opciones de permanencia en el país. En algunos casos, un abogado puede gestionar la liberación del detenido mediante una fianza.
Si no hay alternativas legales para permanecer en el país, es importante que las personas preparen documentos como un poder notarial que permita gestionar cuentas bancarias, propiedades y el resguardo de menores en caso de deportación.
“Consultar con un abogado puede marcar la diferencia. Si una persona es detenida y se le concede una audiencia ante un juez, puede acceder a ciertos programas que le permitan quedarse en Estados Unidos y, eventualmente, obtener la residencia”, agregó.
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Proliferación de estafas
Desde que el presidente Donald Trump anunció medidas para acelerar las deportaciones, han surgido firmas de abogados y negocios que ofrecen asesorías migratorias sin contar con la experiencia necesaria, advirtió Grande.
“Muchas personas buscan ayuda y hay negocios que se aprovechan de su desesperación. Es fundamental informarse y buscar asesoría legal confiable”, indicó.
La experta recomendó acudir a oficinas comunitarias que ofrecen información y asesoría gratuita.
Si se contrata a un abogado, es recomendable preguntar sobre su experiencia, los tipos de casos que ha manejado y su afiliación a organizaciones legales reconocidas.
“Es lamentable que muchos migrantes paguen miles de dólares a personas sin experiencia. Invertir en un abogado migratorio desde el inicio puede marcar la diferencia”, subrayó Grande.
Recursos legales disponibles
Los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) o aquellos con hijos ciudadanos pueden recibir asesoría legal para salir del país y gestionar su residencia desde el extranjero, sin necesidad de regresar a El Salvador.
Otro recurso poco conocido es la Visa U, destinada a víctimas de delitos que han sufrido abuso físico o mental y han cooperado con las autoridades en la investigación o el enjuiciamiento del crimen. No es necesario que el caso esté resuelto, solo que la víctima haya colaborado con las autoridades.
“Muchas personas no saben que pueden beneficiarse de esta visa. Les permite obtener un permiso de trabajo y, con el tiempo, la residencia”, explicó la abogada.
Asimismo, quienes han residido en Estados Unidos por más de 10 años, han pagado impuestos y no tienen antecedentes penales pueden solicitar una audiencia ante un juez para obtener un permiso de permanencia.
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