Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de la organización humanitaria Human Rights Watch, no duda en llamar a la comunidad centroamericana a rechazar la imposición de nuevos Guantánamos en la región, específicamente en El Salvador, que en convierten en "hoyos negros" para los derechos humanos.
"Creo que necesitamos una respuesta firme de los gobiernos de la región, para oponerse a estas iniciativas de crear espacios por fuera de la protección de la ley", subrayó.
En entrevista con El Diario de Hoy, Pappier vaticina una crisis constitucional en Estados Unidos por el incumplimiento del gobierno Trump a las sentencias de la Corte Suprema y los tribunales inferiores. "Aquí hay una orden que dice que el Gobierno de Estados Unidos sí tiene que tomar medidas decisivas para lograr el retorno de esta persona (Kilmar Ábrego) y esa orden judicial hay que cumplirla".
Human Rights Watch ha calificado como desapariciones forzosas las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador ¿Qué fundamento tiene su organización para calificarlas como desapariciones forzadas o forzosas?
Bajo el derecho internacional, una desaparición forzada es un arresto o una privación de libertad cometida por un Estado o por un actor bajo apoyo del Estado, seguida de una privación de información a los familiares sobre el paradero o la suerte de la persona detenida. Nosotros hemos realizado 40 entrevistas con familiares de las personas que al parecer habrían sido enviadas a El Salvador y lo que hemos documentado son instancias reiteradas en las que se les niega información a estas personas sobre el paradero específico de sus familiares y sobre la suerte de estas personas.
Cuando estas personas que han sido enviadas a El Salvador estaban detenidas en centros migratorios de los Estados Unidos, se les informó inicialmente que iban a ser enviadas a Venezuela. Luego, estas personas fueron borradas del sistema de localización de migrantes detenidos de los Estados Unidos, lo cual también dificulta que sus familiares los puedan encontrar. Y cuando estas personas solicitaron información tanto a las autoridades de Estados Unidos como a las autoridades de El Salvador, las respuestas han sido completamente evasivas sobre el paradero o la suerte de estas personas detenidas.
Es decir, que aquí estamos ante desapariciones forzadas conforme a la definición del derecho internacional y creo que es importante para dar respuesta a este fenómeno empezar a llamarlo por su nombre. Estas son desapariciones forzadas, es decir, son graves violaciones de derechos humanos, hechos de extrema gravedad que deben ser remediados de forma urgente tanto por las autoridades salvadoreñas como por las autoridades de los Estados Unidos.
¿El Salvador es signatario del Estatuto de Roma? ¿Qué implica esto de cara a lo que está sucediendo?
El Salvador ha ratificado el Estatuto de Roma. Una desaparición forzada por sí sola no constituye un crimen de lesa humanidad. El Estatuto de Roma permite al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos internacionales. Una desaparición forzada o varias por sí solas no constituyen necesariamente un crimen de lesa humanidad.
Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Si el fiscal de la Corte Penal Internacional llegara a esa conclusión de que aquí existieran crímenes de lesa humanidad, podría iniciar de oficio un proceso en su fiscalía para examinar si aquí hubiera crímenes de lesa humanidad y qué medidas se están tomando o no en El Salvador y en otros países para investigar estos hechos. Y si concluyera que aquí no se están tomando medidas para investigar estos hechos, podría abrir su propia investigación en la Corte Penal Internacional.
Es muy temprano para anticiparnos a esos hechos porque todavía no hemos, por lo menos desde Human Rights Watch, concluido que aquí hay crímenes de lesa humanidad, pero sí creo que el hecho de que estemos ante desapariciones forzadas es de extrema gravedad y empieza a abrir preguntas sobre la rendición de cuentas a nivel internacional en el futuro por estas atrocidades que estamos documentando en El Salvador.
¿La desaparición forzada no llega a ser un crimen de lesa humanidad en este caso?
La desaparición forzada por sí sola no es un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada puede constituir un crimen de lesa humanidad cuando es parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil y eso es lo que tienen que analizar las autoridades internacionales para determinar si aquí hay o no crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
Pero la desaparición forzada es un crimen de extrema gravedad que acarrea responsabilidad internacional para el Estado, que genera una obligación de investigar a los responsables incluyendo la cadena de mando y que genera la obligación de remediar la situación inmediatamente, de develar el paradero de estas personas, de permitir que se comuniquen con sus familias y de compensar a aquellos que hayan sido víctimas de desaparición forzada.
Al ser signatario de El Salvador del Estatuto de Roma, ¿bajo la jurisdicción de qué tribunales caen estos casos?
Aquí lo que hay es un esfuerzo por dejar a estas personas por fuera de la protección de la ley. Es decir, lo que está intentando Trump con Bukele es crear una especie de Guantánamo en esteroides, un Guantánamo incluso peor que el que existió durante la administración Bush.
Es decir, que estas personas estén completamente por fuera de la protección de la ley y para eso utilizan el CECOT, sabiendo que el CECOT está fuera del territorio de los Estados Unidos y en un país donde no hay separación de poderes y donde no hay Estado de Derecho como El Salvador. Entonces aquí hay un esfuerzo por privar a estas personas de la protección de la ley. Para garantizar sus derechos, lo que hay que hacer es iniciar múltiples litigios para intentar asegurar los derechos de estas personas.
Hay algunos procesos pendientes en los Estados Unidos con los que estamos colaborando, aportando información. Hay esfuerzos por iniciar habeas corpus en El Salvador, aunque me temo que la Corte Suprema salvadoreña, que tiene pésimas credenciales y que carece de independencia, difícilmente pueda dar una respuesta. Existe la vía de llevar estos casos al sistema interamericano de derechos humanos. Y hay que iniciar todos estos litigios en lo posible de forma paralela para lograr presión para garantizar los derechos de estas personas. Cuando ocurrió lo de Guantánamo, durante el gobierno Bush, al comienzo fue gracias al trabajo combinado de abogados, organizaciones de derechos humanos y periodistas, que se logró acceder a las personas detenidas en Guantánamo y garantizar sus derechos. Y aquí estamos ante un esfuerzo similar, pero incluso más desafiante que el que tuvimos frente a Guantánamo en la administración Bush.
Este fin de semana, Eric Prince dijo que había propuesto al gobierno de los Estados Unidos convertir un área del CECOT donde están recluyendo a los venezolanos en un mini-territorio estadounidense, un segundo Guantánamo. ¿Qué opina de eso?
Bueno, son preocupantes las declaraciones de Eric Prince por el récord de su compañía a nivel global. Y por lo que vemos, un fenómeno de expansión de su trabajo en América Latina.
También ha tenido conversaciones con el gobierno de Ecuador para enfrentar a los grupos criminales en el Ecuador. Creo que es un reconocimiento, una admisión, de que aquí hay un esfuerzo por crear una especie de Guantánamo centroamericano, que sería una pésima noticia para la vigencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho a nivel regional. Porque estas especies de Guantánamos son agujeros negros.
Lo que quieren crear es un agujero negro donde no rige la protección de los derechos humanos. Y cuando se crean estos agujeros negros, primero se pueden utilizar contra deportados, contra presupuestos criminales, pero luego eso puede utilizarse y abusarse para personas que no han cometido ningún delito, para personas que simplemente han criticado a su gobierno. Es decir, cuando se crean estas especies de Guantánamos, eso pone en peligro los derechos humanos de todos.
Creo que necesitamos una respuesta firme de los gobiernos de la región, para oponerse a estas iniciativas de crear espacios por fuera de la protección de la ley.
El presidente Trump dijo esta mañana en la visita del presidente Bukele que son millones de personas las que calificarían para ser deportadas y que le ha pedido a El Salvador que reciba cuantas le sean posibles. ¿Qué opinión le merece este imperativo del presidente Trump para el gobernante de El Salvador?
Bueno, lo primero es que el presidente Trump ha descrito a las personas enviadas a El Salvador como supuestos miembros del Tren de Aragua. Nosotros a la fecha hemos analizado los expedientes, los récords de antecedentes penales de 20 de esas personas de los 40 casos que hemos documentado. Y los hemos analizado a nivel federal en los Estados Unidos y en los 50 estados de Estados Unidos.
Y en la inmensa mayoría no hemos encontrado evidencias de que estas personas sean criminales. Y creo que ese debe ser un mensaje que la diáspora salvadoreña de los Estados Unidos debe mirar con preocupación. Porque me parece que para ellos debe ser grave que el gobierno de El Salvador esté siendo cómplice de violar los derechos humanos de personas que son migrantes.
Que son migrantes que en este caso han huido de Venezuela y que hacían lo que podían en los Estados Unidos dentro de la ley trabajando como cualquier otro migrante, como Uber, como en el sector de la construcción, en el sector de la limpieza, tratando de ganarse la vida porque en su país de origen las condiciones son aberrantes. Y me parece, espero, que la diáspora salvadoreña de los Estados Unidos vea con preocupación esta complicidad del presidente Bukele en violar los derechos humanos de migrantes que no han cometido ningún delito.
¿Podría estar en desacato la Casa Blanca de una orden judicial expresa? A esto se agrega el hecho de que el presidente ha dicho en Estados Unidos que no va a enviar de regreso a Kilmar Ábrego…
En una primera declaración, el presidente Trump dijo que él tenía un enorme respeto por la Corte Suprema y que si la Corte Suprema ordenaba esto lo iba hacer. Pero hoy en la en sus tuits sobre la visita del presidente Bukele ha dicho que esto queda en manos de Bukele, y que Bukele le ha dicho que él no devolvería a esta persona.
Creo que si el presidente Trump no cumple con la sentencia de la Corte Suprema, Estados Unidos queda al borde de una crisis constitucional y es un mensaje muy preocupante que apenas en menos de 3 meses de la toma de posesión de Trump. Ya estemos en a este punto, está en riesgo la vigencia del estado de derecho en los Estados Unidos y eso puede tener un costo enorme para la democracia americana, pero también efectos para el resto del Continente. Espero que haya esfuerzos de presión nacional aquí en los Estados Unidos por garantizar que se cumpla con las sentencias de los tribunales y para evitar que el país caiga en una crisis constitucional.
¿Por qué habría una crisis constitucional?
Porque llegaríamos a un punto de desacato del presidente, un abierto desacato del presidente de una sentencia de la Corte Suprema, es decir, uno de los principios fundamentales de la separación de poderes es que aquí hay que respetar las órdenes judiciales, eso es lo que garantiza que el sistema de contrapesos y lo que garantiza que se protejan los derechos humanos de las personas,
¿Pero el presidente Trump puede alegar que el presidente Bukele no quiere enviar a esta persona y que es salvadoreño y que no puede obligarlo?
Sí, pero aquí hay una orden que dice que sí que sí puede, que el Gobierno de Estados Unidos sí tiene que tomar medidas decisivas para lograr el retorno de esta persona y esa orden judicial hay que cumplirla.
¿Y qué hay del régimen venezolano que ha querido aprovechar esta coyuntura para abogar por estas personas?
Del régimen de Maduro no hay que esperar. Este es el mismo régimen que tiene detenidos a cientos de presos políticos en su país, incluyendo decenas de ciudadanos extranjeros que están detenidos, algunos desaparecidos de forma forzosa, solamente porque el régimen los quiere usar de moneda de cambio con gobiernos extranjeros, eso incluye a líderes de la oposición venezolana, pero también tienen de detenidos turistas colombianos, españoles, franceses, americanos, es decir, este es un régimen, una dictadura con las peores credenciales y me temo que se están aprovechando de estas violaciones de derechos humanos contra ciudadanos venezolanos para intentar hacer una especie de show político e incluso hemos sabido que han intentado manipular la información que circula por parte de los familiares de estas personas eh detenidas en El Salvador. Entonces aquí del régimen venezolano no hay que esperar absolutamente nada bueno. Creo que aquí lo que hay que hacer es enfocarse en los litigios en los Estados Unidos a nivel internacional para lograr la protección de estos ciudadanos.
A varios de los deportados se les había dicho. incluso hasta la última noche, que serían deportados a Venezuela. ¿Hubo un engaño consciente para ellos? ¿Qué le dijo el gobierno Trump a estas personas antes de ser deportadas?
Lo que nosotros hemos documentado es que en varios casos estas personas estaban detenidas en centros migratorios de los Estados Unidos en Texas o en California desde la administración Biden. Pasaron varias semanas o meses en centros de detención migratoria donde las condiciones eran malas, con poco acceso a comida, agua, con mala situación de higiene, con insultos por parte de las autoridades migratorias americanas. Y cuando asume el presidente Trump, las autoridades migratorias les dicen que ya no pueden solicitar asilo para para evitar su deportación y que o bien esperan varios meses en detención o bien deben aceptar ser enviados a Venezuela y ellos informaron a sus familias que iban a ser enviados a Venezuela. Luego de la noche la mañana se los envió a una cárcel en El Salvador, es decir, que la información que se le ha dado a los familiares ha sido completamente engañosa, ha generado un enorme dolor para los familiares de estas personas no ver dónde se encuentran sus seres queridos y luego cuando los familiares llamaron a las autoridades migratorias de los Estados Unidos, estas autoridades les mencionaron que no podían darles información porque las personas habían sido deportadas, sin indicarles ni siquiera a qué país las estaban enviando.
También hemos documentado un caso de una persona que viajó a los Estados Unidos de forma completamente legal bajo lo que se conoce como mecanismo de movilidad segura, es decir, todo su proceso de reasentamiento a los Estados Unidos había sido verificado, aprobado en Ecuador, en una oficina de la OIM (Organización Mundial de las Migraciones) en Ecuador; llegó a los Estados Unidos de forma legal, con su pareja, y en ese momento a él lo detuvieron por tener tatuajes y lo enviaron CECOT por tener esos tatuajes, es decir, es un acto completo de engaño. A esta persona que había llegado, había seguido todos los procedimientos establecidos de forma legal para llegar a los
Estados Unidos y, sin embargo, termina deportada y presa en la cárcel salvadoreña,
¿Se sabe de personas que estaban siguiendo procesos legales facilitados por el gobierno de Estados Unidos y que fueron enviados al CECOT aun así?
Había varios, hay varios casos que hemos documentado donde tenían audiencias pendientes de asilo eh programadas incluso para los próximos días de su deportación y las autoridades migratorias hicieron caso omiso a esas audiencias que estaban programadas y deportaron a estas personas,
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