Los abogados del salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García pidieron con vehemencia al juez del caso que obligue a la administración Trump a traerlo de vuelta a Estados Unidos, después que fue deportado a El Salvador por lo que las autoridades reconocieron como “un error administrativo”, informó el periódico The New York Times.
Ábrego, residente Maryland y cuya esposa e hijo son ciudadanos estadounidenses, fue deportado el mes pasado a una prisión salvadoreña de máxima seguridad, destinada a pandilleros.
Los abogados de Ábrego García, de 29 años, cuestionaron airadamente que los funcionarios de Trump admitieron el lunes por la noche que habían cometido un “error administrativo” al enviarlo en un vuelo a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de que un juez de inmigración de EE.UU. ya había determinado que podría enfrentar tortura y hasta la muerte allí.
Los abogados también expresaron su indignación ante el hecho de que la administración afirmara tener poco poder para liberar a Ábrego García, pese a que “causaron intencionalmente o, en el mejor de los casos, por negligencia”, lo cual “es un conjunto de hechos escandaloso”, según informó el periódico.
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El caso ha generado preguntas no solo sobre cómo un hombre que había recibido permiso judicial para permanecer en EE.UU. pudo haber terminado en un vuelo a El Salvador, sino también sobre por qué la administración Trump aparentemente no ha hecho nada para corregir su error.
Además, el caso, que se está desarrollando en un tribunal federal de Maryland, ha puesto el foco en la descripción que la administración ha hecho de Ábrego García como miembro de la pandilla salvadoreña MS-13, una acusación para la cual hay poca evidencia y que él mismo niega.
Reconocen "error", pero acusan al afectado
El gobierno Trump reconoció “un error administrativo” en la deportación a El Salvador de Ábrego García, pero lo acusa de formar parte de la pandilla MS-13.
“Fue un error administrativo”, reconoció este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.
Pero “este individuo que fue deportado a El Salvador y no regresará a nuestro país era miembro de la brutal y viciosa pandilla MS-13”, dijo. Lo calificó incluso de “cabecilla”.
Además “tenemos (información de) inteligencia creíble que demuestra que este individuo estaba involucrado en el tráfico de personas”, añadió.
¿Fue condenado por un tribunal? le preguntó una periodista.
«Hay un montón de pruebas en el Departamento de Seguridad Interior» y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) «tiene esas pruebas», contestó Leavitt, quien asegura haberlas visto.
Poco después de que Ábrego García fuera detenido por la policía local en marzo de 2019 mientras buscaba trabajo en un Home Depot en Hyattsville, Maryland, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaron deportarlo.
Durante esos procedimientos, los funcionarios lo acusaron de ser miembro de MS-13 basándose en dos pruebas: una acusación de un informante confidencial que afirmó que Abrego García pertenecía a la pandilla y el hecho de que llevaba puesta una gorra y una sudadera con capucha de los Chicago Bulls, lo que los funcionarios consideraron como prueba adicional de su afiliación a la pandilla.
Abrego García apeló la orden de deportación y solicitó asilo, argumentando que su vida correría peligro si era enviado de regreso a El Salvador. En octubre de 2019, un juez de inmigración le otorgó un estatus conocido como “retención de expulsión”, que lo protegía de la deportación.
Sin embargo, el mes pasado, agentes de inmigración lo detuvieron nuevamente y, de manera errónea, le dijeron que su estatus de protección había cambiado. En cuestión de días, fue colocado en uno de los tres vuelos a El Salvador que la administración Trump organizó apresuradamente al comenzar a utilizar un estatuto de tiempos de guerra raramente invocado, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar a venezolanos acusados de ser miembros de otra pandilla, el Tren de Aragua.
Audiencia este viernes
La administración Trump ha instado a la jueza que supervisa el caso, Paula Xinis, a rechazar la petición de su familia para traerlo de regreso. Los funcionarios han alegado que la Casa Blanca no puede obligar al gobierno salvadoreño a liberarlo y que los tribunales federales de EE.UU. no tienen jurisdicción para ordenar su liberación.
La jueza Xinis tiene programada una audiencia el viernes para discutir la deportación. Antes de la audiencia, los abogados de Abrego García le dijeron a la jueza que era inconcebible que los funcionarios de Trump no hubieran hecho nada para traerlo de regreso, especialmente cuando administraciones anteriores, según ellos, habían trabajado rápidamente para lograr el retorno de personas que fueron removidas por error.
Los abogados han pedido a la jueza Xinis que ordene a la administración utilizar “presión financiera y diplomática” para asegurar la liberación de su cliente. Sin embargo, el Departamento de Justicia, en una aparente señal de resignación, respondió esta semana que no hay evidencia de que el gobierno salvadoreño aceptaría liberar a Ábrego García por dinero o siquiera consideraría hacerlo si la administración se lo pidiera.