El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) registró un aumento en las denuncias contra servidores públicos en un año, según su informe de rendición de cuentas que hizo llegar a la Asamblea Legislativa recientemente.
"Si bien la cantidad de avisos anónimos continúa siendo mayor a las denuncias; se advierte un incremento en el porcentaje de denuncias presentadas en comparación con el período de rendición de cuentas anterior: 36.90 % de denuncias en el período anterior y 42.24 % en el período actual", señala el informe.
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Según el informe, entre septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024 se analizaron 592 avisos, de los que 178 se trasladaron al Área de Recepción de Denuncias, pero de esos 414 fueron descartados.
El TEG, en comparación con el período anterior, tuvo un incremento en el porcentaje de avisos que cumplieron con los requisitos mínimos para proceder a conformar un expediente: 25.5 % en el período anterior y 30.06 % en este período.
Para el ente rector, lo anterior denota un mayor conocimiento de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) por parte de los denunciantes e informantes.
Para el mismo periodo, el TEG inició 258 procedimientos administrativos sancionadores, 109 por denuncia y 149 por aviso.
En lo recabado de 2023, para septiembre se iniciaron 24 casos; en octubre 19; noviembre, 23; en diciembre, 12; y a partir de 2024, en enero, 26; febrero, 26; marzo, 21; abril, 14; mayo, 35; junio, 13; julio, 22 y en agosto 23.
"El promedio mensual de casos iniciados entre septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024 fue de 21.5. Se advierte que, al igual que en el período anterior, la mayor parte de los procedimientos inició por aviso anónimo", destacó el TEG.
Además, el Tribunal indicó que las instituciones públicas con mayor número de personas contra quienes se iniciaron los procedimientos en el período de septiembre 2023 a agosto 2024 fueron:
- Ministerio de Educación, con 60 casos
- Corte Suprema de Justicia (CSJ), con 25
- Universidad de El Salvador (UES), con 18
- Procuraduría General de la República (PGR), con 14
- Ministerio de Salud, con 12 casos
Con relación a servidores públicos de municipalidades se iniciaron 72 procedimientos administrativos sancionadores contra 114 servidores públicos.
Respecto al ámbito territorial en donde laboran, el TEG recopiló que la mayor parte de los servidores públicos investigados laboran en instituciones de los departamentos de San Salvador (166), Usulután (30), La Libertad (23), Cuscatlán (22) y Chalatenango (21).
El ente de control manifestó que el incremento de denuncias refleja un "aumento en la confianza de los denunciantes" hacia el Tribunal.
Para la directora del Área de Transparencia de Funde, Jessica Estrada, consideró que no es el único motivo para denunciar.
"Puede que en este período, en comparación con el anterior que reportan, sean más los casos que la gente ha presenciado sobre faltas a la ética pública o hay cosas que resultan más evidentes que antes y que busca que se dé alguna sanción desde el TEG", aseguró Estrada.
Disminuye sobreseimientos
En el mismo periodo, el TEG pronunció 569 resoluciones, 388 de ellas de trámite y 181 de finalización de los procedimientos, de las cuales 159 fueron de terminación anormal o anticipada y 22 resoluciones definitivas.
De las terminaciones anticipadas 59 fueron improcedentes, 11 inadmisibles, 11 para sobreseimiento, 78 sin lugar a apertura de procedimiento sancionatorio. En el caso de las resoluciones finales dos resultaron absolutorias mientras que 20 fueron sancionatorias.
Con lo anterior vale decir que el porcentaje de casos culminados de análisis por el TEG y que resultaron favorables a sanción o multa solo fue el 11 %.
"Es importante destacar que la cantidad de sobreseimientos disminuyó significativamente con relación al período anterior (32 sobreseimientos en el período anterior y 11 en el actual); ello refleja que se han realizado mejores investigaciones en los procedimientos administrativos sancionadores", alegó el Tribunal.
Adicionalmente, el TEG indicó que actualmente se encuentra en trámite de casos únicamente de los dos últimos años, mientras que en períodos anteriores existía mora correspondiente de hasta cinco años. Para el registro de sanciones, el TEG indicó en su informe que desde septiembre de 2023 hasta agosto 2024 impuso 27 sanciones, o sea multas, a 24 servidores y exservidores públicos.
"Éstas suman $22,410.92; asimismo, en el presente período se han cancelado multas por parte de las personas sancionadas, lo cual asciende a un monto total de $19,980.42", detalla el informe.
Por otro lado, remitió a la Fiscalía General de la República 28 multas para su cobro que fueron impuestas a 28 servidores públicos por incumplimiento de pago en el plazo legal.
Las faltas cometidas
Las faltas éticas que más cometieron los servidores públicos y por los que fueron multados son: percibir más de una remuneración gubernamental, cuando las labores deban ejercerse en el mismo horario; excusarse de intervenir en situaciones con conflicto de intereses, realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo y la de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos incompatibles entre sí.
Los servidores y exservidores públicos también fueron sancionados por faltas como utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados; exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales.
También por aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública y por exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales.
El Tribunal de Ética explicó que si se hace una comparación entre instituciones del gobierno central y las municipalidades, acerca de las transgresiones a la Ley de Ética Gubernamental, del total de transgresiones del período comprendido en este informe que suman 27; de ellas, siete corresponden a transgresiones cometidas en municipalidades; y 20 corresponden a transgresiones cometidas en instituciones del gobierno central y autónomas.
El procedimiento a seguir por el TEG
El Tribunal analiza el aviso o denuncia y si lo considera procedente, ordena que este pase a investigación preliminar a fin de recolectar elementos para determinar si debe decretarse o no la apertura del procedimiento.
Según lo establece el TEG, se concede al funcionario o servidor público investigado el plazo de cinco días para que ejerza su derecho de defensa; luego se abre a pruebas el procedimiento por un plazo que puede oscilar entre ocho y 20 días para que se presenten o recopilen todos los elementos de prueba correspondientes.
Tras recopilar las pruebas, se otorga al investigado el plazo de diez a 15 días para que se pronuncie sobre la prueba, finalmente, se emite la resolución final en la que se decide sancionar o absolver a la persona investigada.