El Sindicato de Trabajadores de la Salud - FOSALUD ha confirmado la suspensión de contratos a personal interino de Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) asignado al área técnica y administrativa.
Uno de sus integrantes quien pidió la reserva de su nombre dijo a El Diario de Hoy que las notificaciones iniciaron el pasado viernes.
"Si se inició ayer con las notificaciones. Todavía no tenemos el dato concreto de cuántas personas han sido, tal vez la otra semana que hagamos reunión ya con gerencias y con el director podríamos tener más información", agregó la fuente en una conversación el sábado.
Según lo expuesto, las autoridades han notificado la suspensión de los contratos de manera escrita.
Lee también: Sector público | Hasta 8,000 servidores públicos fueron despedidos en 2024
Sonia Viñerta, del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) por su parte señaló que se estima que son alrededor de 1,000 personas cuyos contratos no serán renovados, y que la mayoría son mujeres.
Para viñerta el tema de despidos masivos en el sector público afecta no solo la condición laboral de los trabajadores, sino también la calidad del servicio que se brinda a la población.
Retroceso en derechos para mujeres
El sector de mujeres del MDCT reitara una grave violación a derechos humanos, con impacto diferenciado para las mujeres debido no solo a los despidos masivos en el sector público si no además al recorte presupuestario del Estado a carteras importantes, y la eliminación de instituciones clave en la protección de sus derechos.
El sábado, durante un encuentro en el que participaron representantes de varios sectores, denuncian estos atropellos y exigen al Estado la reivindicación de sus derechos.
"Estamos en un proceso bastante grave en materia de derechos humanos de forma amplia y de forma específica para las mujeres a partir de que las vulneraciones que están ocurriendo, los servicios públicos que se están desmejorando, las instituciones que se están suprimiendo, desapareciendo, el presupuesto de austeridad, toda la política del actual gobierno está generando un impacto diferenciado para las mujeres por razones de género, por razones del cuidado, de la subordinación, la carga que las mujeres llevamos de ser también proveedoras del hogar, pues muchas son madres solteras o proveedoras principales de sus hogares", opinó Viñerta.
Además: Más de 450 sindicalistas han sido despedidos en lo que va del año, denuncia la UNT
Esta situación, añade, afecta en la calidad de vida, asimismo, expone, contradice respecto a lo que las instituciones públicas deben hacer.
"Con eso que se ha despedido a tanta gente, no solo afectan a las personas trabajadoras como tales en su relación laboral, sino también en el ámbito familiar, pero también en la calidad de los servicios", sostuvo.
"Un despido, un encarcelamiento, una persecución nos afecta más a las mujeres porque muchas de nosotras estamos dirigiendo hogares, somos el sostén de nuestra familia", dijo por su parte Idalia Zuniga, del Frente Magisterial Salvadoreño y miembro del MDCT.
Zúniga por su parte señala además que las mujeres están siendo víctimas de acoso y hostigamiento en sus lugares de trabajo.
Cierre de instituciones
Las organizaciones representadas en el MDCT señalan también el cierre de unidades especializadas en temas de género dentro de las instituciones, lo que, consideran, es un grave retroceso en la promoción de políticas públicas a favor de este sector.
Para el caso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Viñerta expresa su preocupación al ser esta la única institución que tiene el mandato de generar políticas públicas con otras instituciones del Estado a favor de las mujeres, función que, a su juicio, hoy por hoy se ve amenazada.
"La unidad que trabaja ahí esa área tan importante, que es la razón de ser de la institución ha desaparecido y no hay una claridad de cuál es el enfoque con el que se va trabajar", señala.
La falta de acceso a la justicia es otra de las preocupaciones principales, señalan que denuncias por violaciones a derechos laborales y despidos arbitrarios no están siendo atendidas en las instancias correspondientes. Se reporta que en el Tribunal de Servicio Civil existen casos que llevan años sin ser admitidos.
Ante este escenario, las organizaciones manifiestan su preocupación por la invisibilización de estos problemas y la falta de datos oficiales sobre el número exacto de mujeres afectadas. También alertaron sobre la criminalización de la protesta y el temor generalizado a denunciar, lo que impide conocer la magnitud real del problema.
Las activistas hacen un llamado a la acción en contra de este retroceso a sus derechos, asimismo hacen énfasis en la necesidad de estrategias colectivas para enfrentar este escenario y buscar alternativas que garanticen la protección de las mujeres y la recuperación de espacios y derechos que han sido vulnerados.