El Movimiento Indígena de para la integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) ha denunciado la captura de Óscar René Martínez Iglesias, miembro fundador de esta iniciativa que busca reivindica el tema del derecho a la tierra y de la protección de los ecosistemas naturales en La Unión. Además es uno de los integrantes de la Resistencia a la construcción del Aeropuerto del Pacífico, y un reconocido activista pro derechos de los pobladores.
Iglesias pertenece a la colonia Nuevo Amanecer, de Intipucá, en el departamento de La Unión, la cual está conformada por las familias que fueron desalojadas en 2012 del caserío Los Ranchos, de la misma localidad, quienes de forma organizada lograron que se les otorgaran parcelas en esta zona para construir sus viviendas.
“La comunidad Nuevo Amanecer es ejemplar en el tema organizativo y en la defensa de los derechos de las poblaciones rurales, lo cual ha generado una estigmatización por parte de las autoridades”, dice Ángel Flores miembro del movimiento MILPA.
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El activista fue detenido por efectivos de la Fuerza Armada el pasado 9 de junio cuando regresaba de realizar labores de pesca.
Las autoridades lo acusan por agrupaciones ilícitas. Su familia señala que al momento de ser interceptado por los militares, le notificaron que sería llevado a la delegación de El Tamarindo, donde realizarían algunas investigaciones, pero que solo era un procedimiento de rutina.
Denuncian que el joven, padre de una niña de 4 años y otro menor de año y medio, tiene unos tatuajes artísticos y que esta habría sido la razón por la que los militares decidieron trasladarlo a la delegación y sobre los cuales se realizaría la supuesta investigación.
El mismo viernes, Iglesias fue notificado que quedaba detenido por agrupaciones y fue trasladado a la delegación de La Unión donde, al 13 de mayo, permanece.
Para Flores no es una coincidencia la captura de Óscar Iglesias, pues explica es unos de representantes de la comunidad que ha venido denunciando los atropellos a los derechos de los pobladores y afectaciones ambientales en grandes proyectos como la construcción del Aeropuerto del Pacífico.
“Hemos denunciado, a nivel de afectación ambiental, se estaría afectando a las comunidades Contadío y Flor de Mangle con esta construcción. En ese sentido creemos que este es un mecanismo para ir limpiando o barriendo los territorios de los líderes y organizaciones comunitarias que son un ejemplo en temas de organización y defensa de sus derechos”, sentencia.
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Tercer detenido en la comunidad Nuevo Amanecer
Flores explica que esta es la tercera captura ocurrida en la colonia Nuevo Amanecer durante el régimen de excepción. El 27 de marzo de 2022, el primer día en el que entró en vigencia esta medida, impulsada por el gobierno para combatir a las pandillas, agentes de la PNC capturaron a dos jóvenes a quienes vincularon con pandillas, uno de ellos secretario de la ADESCO, y quienes a 13 de mayo de 2023 no han sido liberados.
“Agentes los identificaron como parte de “los revoltosos” que es la estigmatización que sufre en este caso la comunidad”, explica Flores.
Tras la captura de Iglesias, la comunidad sigue organizada y exigen de las autoridades su pronta liberación y que se respete su integridad física. Asimismo denuncian la criminalización, persecución y capturas de líderes y defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.
El martes se presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para denunciar el caso. Señalan que desde su captura no han podido establecer comunicación con él, y que su familia ha sido víctima de intimidación y criminalización por parte de representantes de la PGR.
“El día de ayer (lunes) se realizaron las diligencias en la PGR, su esposa Yohana buscaba contactar al abogado defensor, pero lamentablemente el abogado amenazó a la esposa de Óscar René de que se abstuviera de estar realizando vueltas en torno al caso porque podría ser capturada ella también, y que ya se fuera haciendo la idea de que no lo iba a volver a ver, por lo que iba a criar a sus hijos ella sola”, narró Maritza Ventura, suegra del acusado.
“Deberíamos sentirnos representados, pero lo que están haciendo es criminalizándonos”, lamenta la mujer.
La familia ha llevado además ante las instancias correspondientes documentos de arraigo del líder comunal, la solvencia de Centros Penales y solvencia de la Policía Nacional Civil así como cartas emitidas por organismos y de la cooperativa a la que pertenece.