Una joven de 17 años sufrió una emergencia obstétrica que le provocó la pérdida de su embarazo después de ser golpeada durante su captura en el régimen de excepción, según ha denunciado su familia.
Karla G., quien tenía cuatro semanas de embarazo, fue capturada por un grupo de soldados el pasado 18 de junio, en una zona rural de Sonsonate, según consta en la copia de una petición de habeas corpus presentada por la familia ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La madre relató que ese día, la hermana mayor de Karla le pidió que saliera a la calle y le avisara cuando viniera el bus porque iba a salir a hacer unos mandados y en esa zona rural el transporte público no pasa de manera constante.
Karla salió a la calle, en la parada de buses ya estaba un joven esperando el transporte y en ese momento llegó un grupo de cuatro soldados en un vehículo particular, uno de ellos se dirigió a apresar al muchacho, al cual, al parecer, andaban buscando.
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Los soldados asumieron que Karla estaba con el joven y la capturaron también. Sus familiares salieron inmediatamente para interceder por la adolescente, pero los soldados los amenazaron con detenerlos a todos y les ordenaron regresar a su vivienda.
“La hincaron luego la botaron de un ´empujón´ frente a unas piedras”, a pesar que la madre les explicó que su hija estaba en estado de embarazo y que no tenía nada ver con las pandillas. Luego de unos minutos tanto el joven como Karla fueron subidos a la cama de una patrulla policial y trasladados a un recinto policial.
La joven de 17 años fue enviada al centro de menores Rosa Virginia Pelletier, en el municipio de Ilopango, donde su familia le llevó los primeros paquetes con insumos de primera necesidad y vitaminas por su embarazo.
Además, enfrentó su primera audiencia de manera virtual, en la que, según la familia, el juzgado determinó que Karla pasara a la siguiente fase del proceso, por el delito de agrupaciones ilícitas.
La semana pasada que la madre llevó por tercera vez la ayuda para su hija, le informaron que la joven había perdido a su bebé a las 12 semanas de gestación, mientras se encontraba recluida, relata la señora.
“Me dijeron que ella ya no estaba embarazada”, asegura la madre de Karla, quien además explica que en ningún momento le avisaron cuando su hija sufrió la emergencia obstétrica.
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Ante la desesperación de no saber con certeza sobre el estado de salud de su hija y la incertidumbre de si está con vida tras la emergencia, la madre buscó ayuda en el socorro jurídico de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Los abogados de esta organización le han acompañado para presentar un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue recibido por la secretaría de la Sala de lo Constitucional el 6 de octubre.
En la petición de habeas corpus presentada por la familia de Karla solicitan a la Corte Suprema de Justicia la liberación de la joven, alegando que su captura es arbitraria e ilegal.
“No habiendo fundamento legal para su detención, ya que la persona detenida no ha cometido ningún delito, además los agentes de autoridad (militares)actuaron sin tener orden de captura por escrito”, señala el documento.
Ese mismo día por la noche, Ingrid Adriana Escobar, abogada del socorro jurídico de la Alianza Nacional explicó la situación jurídica de la menor en un Twitter Space organizado para realizar la denuncia de este caso.
“Han capturado una niña inocente en estado de gravidez y donde estaba recluida perdió el bebé”, aseguró Escobar. La abogada agregó que de no tener una respuesta en el tiempo que la ley estipula, van a recurrir a instancias internacionales.
“Debido a que el caso es gravísimo, lo vamos a escalar hasta donde sea necesario. Queremos a la niña en libertad para saber que está con vida y para que le hagan los exámenes pertinentes”, dijo Escobar.
El socorro jurídico consiste en la asistencia técnica en materia penal que es brindada por abogados a personas que han sido víctimas de posibles capturas arbitrarias y violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
Escobar aseguró que en dos meses el socorro jurídico de la Alianza Nacional ha atendido 1,250 casos de denuncias de violaciones de derechos humanos, de los cuales cerca de 500 ya se presentaron los habeas corpus correspondientes ante la Sala de lo Constitucional.