89 trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos fueron despedidos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, sin seguir el debido proceso, denuncian empleados de esta institución.
Los despidos se han desarrollado mediante la figura de "supresión de plaza" y bajo la política de reducción presupuestaria para el presente periodo fiscal, señaló Guillermo García, trabajador despedido.
Dijo, además, que entre los despedidos hay siete miembros de la Junta Directiva del sindicato, a quienes se les han violado derechos constitucionales como la libre sindicalización y el fuero sindical.
“Me sorprende la forma en que lo despiden a uno, diciendo una ‘supresión de plaza’. ¿Por qué me sorprende? Porque para hacer esto tendríamos que seguir el debido proceso y esto es lo que se ha roto en este momento", expuso por su parte Jesús Velázquez, quien se desempeñó como jurídico en la PDDH por casi 22 años. Ambos fueron entrevistados el jueves en radio YSUCA.
En la entrevista se expuso que una medida como la supresión de 11 mil plazas en instituciones de gobierno viene a generar una afectación "muy grande" a las familias en términos económicos y sociales.
Asimismo se señaló a la procuradora Raquel Caballero de menoscabar la institucionalidad, al fusionar la Procuraduría Adjunta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la Procuraduría Adjunta de Medio Ambiente.
"Pareciera que esto es un total desmantelamiento de la institución. A nivel nacional hay delegaciones y departamentos que han sido afectados muchísimo (con la supresión de plazas). Por ejemplo, tenemos el caso del Departamento de Derechos Políticos, que únicamente se queda con dos personas, eran cinco, seis. Hoy sólo queda la jefatura y un jurídico, desmontado completamente”, denunció García.
Más despidos en el sector público
Los entrevistados señalan que son 150 personas las que serán despedidas de la PDDH como parte de la política de ahorro fiscal del gobierno en turno.
Respecto a este tema, diferentes organizaciones sociales han señalado recientemente un retroceso en materia de derechos humanos en El Salvador, los cuales, tras la firma de los Acuerdos de Paz, debía fortalecerse con la creación de instituciones como la PDDH, la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador (CDHES) ha manifestado su preocupación ante un escenario de violación a derechos en el que vive el país, lo cual- considera- coloca a la población en una condición de vulnerabilidad y debilitamiento institucionalidad.
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) también denunció recientemente retrocesos y cierre de dependencias de instituciones que fueron creadas como garantes de derechos humanos, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, así como el despido de más de 5,500 trabajadores públicos.
Según sus datos, desde el 19 de octubre de 2023 se han despedido a 300 trabajadores de la PNC; 102 en la PDDH y 140 del Tribunal Electoral.
Ante esta ola de despidos, el MDCT señala que existe "una clara violación" al derecho de sindicación y al fuero sindical reconocido en el artículo 47 de la Constitución de la República.
Desde el 19 de octubre pasado hasta el 10 de enero de 2025 se tenía un recuento de 75 sindicalistas separados de sus puestos de trabajo, de entre 3,498 trabajadores de diferentes instituciones despedidos en el mismo periodo.
Según datos del MDCT, en el primer mandato de Nayib Bukele (2019-2024) hubo 20,650 personas separadas de sus puestos de trabajo, en entidades de gobierno, alcaldías y la Asamblea Legislativa. Para el segundo periodo, hasta octubre de 2024 ya se tenía 2,250.
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