Organizaciones defensoras de derechos humanos, medioambientales, sindicalistas y representantes de grupos indígenas han denunciado la captura de más de 20 defensores de derechos humanos y líderes comunales durante el régimen de excepción, así como persecución y criminalización del sector.
Representantes de la Unión Nacional para la Defensa de la clase Trabajadora (UNT) señalan la utilización del régimen de excepción para “encarcelar a quienes defiende derechos humanos” y hacen un llamado a las autoridades de seguridad pública y al presidente Nayib Bukele a poner un alto a esta práctica .
No sólo criminalizan a personas inocentes sino que además crea graves afectaciones economías, sociales y psicológicas a las familias de los detenidos, pues en su mayoría son personas de escasos recursos, explicaron.
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“Como movimiento sindical, campesino, popular y defensor de derechos humanos contamos además con una víctima mortal (capturado durante el régimen), nuestro compañero sindicalista José Leonidas Torres”, señaló la UNT.
Torres era trabajador de la alcaldía de Mejicanos y líder sindical, su salud se complicó en el penal de Mariona. Su familia dijo que sufría de hipertensión y al no ser atendido adecuadamente fue trasladado en estado delicado al hospital, donde días después falleció.
El Movimiento Indígena para la integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) es otro de los grupos organizados que exige de las autoridades un cese a la persecución de los defensores sociales.
MILPA es una iniciativa que busca reivindica el tema del derecho a la tierra y a la protección de los ecosistemas naturales en el departamento de La Unión. Uno de sus miembros fundadores está entre las capturas más recientes. Óscar René Iglesias, fue capturado el pasado 9 de junio en Intipucá cuando regresaba de sus labores de pesca.
“Consideramos que estas capturas son de carácter político, una represalia por parte del Estado por todas las acciones reivindicativas que se están haciendo. Y denunciamos ante organismos internacionales los abusos de poder de este gobierno”, sentencia Ángel Flores, representante de MILPA.
Para Sonia Viñerta, de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, tras la represión de la que están siendo objeto defensores sociales hay temas de los que poco se está hablando, señala que las capturas de estos dirigentes viene además a generar más pobreza, y son las mujeres y sus hijos quienes resultan afectados.
“Es la mujer la que está sosteniendo la búsqueda de justicia sin ninguna información porque en esto (régimen) nadie conoce el procedimiento. Los hijos y las parejas están siendo objeto de una estigmatización porque aquí se ha perdido el derecho presunción de inocencia”, añade.
A esta denuncia también se han unido organizaciones internacionales que representan la lucha social en países como Italia, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, la región centroamericana, y la Red Internacional de Solidaridad y Lucha (RSISL), entre otros, quienes han dirigido correspondencia a organismos como la ONU y piden la aplicación de estándares internacionales de protección tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En el país existen los mecanismos y los instrumentos internacionales que le mandan el actuar del Estado cuando son, por ejemplo, sindicalistas, defensores derechos humanos, el tratamiento debe ser diferente, pero se está tratando a los compañeros como delincuentes sin que en ninguno de los casos se compruebe delito”, exclama Viñerta.
Campaña internacional
Erick Zelaya, secretario general de la UNT agrega que en las próximas semanas diferentes organizaciones visitarán consulados y embajadas de El Salvador en el mundo para que se conozca lo que está ocurriendo en El Salvador. “Creemos que no podemos permitir este grado de retroceso democrático que estamos viendo en el país”, puntualiza.
Una captura insignia para los defensores es la Óscar René, la cual dio paso a la promoción de una campaña que está dando la vuelta al mundo con el hashtag #VivoSeLoLlevaronVivoLoQueremos.
Iglesias ha sido uno de los luchadores sociales que ha promovido la defensa de los territorios que están amenazados por iniciativas económicas que implican despojos de las comunidades campesinas y rurales.
Además es uno de los integrantes de la resistencia a la construcción del Aeropuerto del Pacífico, y otras iniciativas de construcción de complejos hoteleros en zonas como de las playas de Jucuarán, Chirilagua e Intipucá, en La Unión.
Asimismo forma parte de comités de trabajo de la Asociación de Desarrollo Comunal de la comunidad Nuevo Amanecer a la que pertenece. “La comunidad Nuevo Amanecer es ejemplar en el tema organizativo y en la defensa de los derechos de las poblaciones rurales”, explica Flores.
A Oscar René se le acusa por agrupaciones terroristas. En la primera audiencia se decretó un año detención provisional, pese a presentar pruebas de arraigo robustas, según los denunciantes.
En la comunidad Nuevo Amanecer otros dos jóvenes fueron detenidos el 27 de marzo de 2022, el primer día del régimen de excepción, uno de ellos miembro de la ADESO, y el otro un atleta quien también se involucraba en actividades organizativas de la comunidad.
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Se les acusó de ser colaboradores de pandillas. Ambos siguen detenidos. En uno de estos casos su familia denuncia que se les notificó en diciembre que su pariente sufría una ulcera gástrica y se le había detectado una bacteria. Desde esa fecha desconocen su condición de salud. Cuando los capturaron, ambos eran menores de edad.
En Izalco, Sonsonate, en febrero de este año también fue detenido Benjamín Castillo, otro de los fundadores de MILPA. Castillo fue detenido en sus horas de trabajo en una microempresa. Su familia tampoco ha recibido información de él.
Cinco familiares capturados
Silverio Morales, líder del Movimiento Unificado Indígena (MUINA), conocido en Nahuizalco, Sonsonate, además como un guía espiritual, defensor de la vida, el medio ambiente y los sitios sagrados, ha denunciado la captura arbitraria de cinco de sus familiares.
El caso más reciente es el de su hijo, Levi César Morales Ramírez, detenido el 11 de noviembre de 2022 cuando regresaba de lavar jícamas en el cantón El Cerrito. Dos primos de Leví también fueron detenidos el mismo día.
Morales explica que otros tres miembros de su familia también fueron capturados en mayo y junio del mismo año.
Ninguno ha sido liberado, pese a que no se les ha comprobado delito.
Hace unas semanas Morales ha denunciado actos de intimidación y asedio por parte de agentes de la PNC Nahuilingo, quienes se hacen presentes en la comunidad preguntando por él y otras personas de la organización. “Creemos que es un caso de intimidación para que él no continúe con los procesos de defensa de sus familiares”, acota Flores.
“Elevamos nuestra voz de alerta y hacemos el llamado a las organizaciones sindicales, populares, juveniles, indígenas, campesinos, de mujeres (…) a generar una campaña conjunta por la defensa de los y las defensores de DD.HH.”
Erick Zelaya. Secretario UNT