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Defensora de Derechos Humanos fue detenida por la PNC en Jiquilisco, Usulután

Roselia Elvira Rivas Alfaro fue sorprendida en su casa por agentes policiales y de la Fuerza Armada, su familia desconoce su estado de salud.

Por Roberto Montano | Abr 04, 2022- 20:00

Roselia Elvira Rivas Alfaro es una defensora de derechos humanos que fue detenida por la PNC. Foto EDH Cortesía

La defensora de derechos humanos Roselia Elvira Rivas Alfaro, presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) en la comunidad Terciopelo de Jiquilisco, Usulután, fue golpeada, esposada y detenida por la PNC y la Fuerza Armada el martes 29 marzo 2022, según reportó la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

La organización relata en sus redes sociales que Roselia estaba descansando en su casa cuando cinco policías y tres miembros de la fuerza armada llegaron, y al ver que eran muchos y que se bajaban de la patrulla, ella comenzó a grabar todo con su teléfono celular, mientras caminaba hacia afuera de su casa.

Al ver esto, una agente de la policía la amenazó por estar grabando y le arrebató el celular. Después, la tiró al piso mientras le decía: “Si querés, te sigo pegando”.

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Durante la madrugada del domingo, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un régimen de excepción de 30 días. Foto: EDH / Jonatan Funes

La subieron a la patrulla y le pusieron la bota en la cara, según testigos. Después la policía no dio razón de Roselia, por insistencia de familiares, dijeron que fue detenida por resistencia y agrupaciones ilícitas.

Anteriormente, el sábado 26 marzo, la policía llegó al negocio de Roselia y revisó a todas las personas en el lugar, ella reclamó por el maltrato verbal policial y exigió respeto a sus derechos.

La familia de Roselia interpuso el miércoles 30 marzo una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pues desconocen su estado de salud y la gravedad de los golpes que recibió.

La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos hizo un llamado a los organismos internacionales para “dar seguimiento al Estado de excepción donde los derechos civiles están siendo vulnerados con detenciones arbitrarias e injustas y sin derecho a la defensa, en El Salvador”.

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