La Comisión especial de antejuicio contra el diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) continuó este lunes con las etapas de presentación de argumentos por parte de la defensa del diputado y de la representación fiscal, donde se discutió la existencia de un posible doble juzgamiento.
En su primera exposición, el abogado defensor del diputado Romero, Ernesto Alfredo Parada, argumentó que el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) violenta los principios de persecución penal, ya que busca procesar penalmente al legislador por el mismo delito por el que tiene un proceso civil abierto, en referencia al caso que lleva la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque.
“Si lo están procesando en el civil y lo vamos a hacer penal por lo mismo, no hay que hacer un esfuerzo intelectual para comprender que lo vamos a juzgar dos veces por los mismos hechos. Y vale decir que la información está deformada también”,
Ernesto Alfredo Parada, abogado defensor de Alberto Romero
De acuerdo al abogado, aunque la Cámara dio un fallo, los magistrados tienen hasta el 2 de septiembre para emitir una sentencia definitiva; por lo que el proceso no habría terminado aún. “No ha terminado el proceso, no se puede decir que se ha enriquecido el ingeniero Armando Rodríguez ilícitamente. Aquí falta la apelación, falta la casación e incluso el amparo”, expresó.
Inclusive calificó que el requerimiento fiscal “está amañado” y que se miente en el documento presentado. Además, dijo que el diputado “debe estar en libertad”, dado que Romero se encuentra retenido dentro del recinto legislativo hasta que finalice el proceso de antejuicio.
De ahí que solicitó a la comisión suspender el proceso de antejuicio y desafuero contra el diputado Romero, a quien considera “inocente”.
La petición de la defensa solo contó con un voto a favor de la diputada Silvia Ostorga, de ARENA, por lo que no tuvo respaldo para suspenderse.
Por su parte, los diputados que desempeñan el rol de fiscales en la comisión especial, alegaron que el requerimiento fiscal cuenta con “indicios” de posible enriquecimiento ilícito en un periodo más amplio que el que se sigue en el proceso en la Cámara civil.
“Únicamente se investigó del 1 de mayo de 2009 al 30 abril de 2012 y del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015. Como se tienen más documentos que son indicios probatorios de que hay enriquecimiento ilícito y que también hay lavado de dinero y activos, la Fiscalía pide investigar hasta el año 2022, que es precisamente donde no podemos hablar que hay un doble juzgamiento”,
Giovanny Zaldaña, parte fiscal
Y el diputado sostuvo que la detención de Romero no tiene vinculación con el proceso para el desafuero. “Y es que el proceso de antejuicio que actualmente se está ventilando no es vinculante con la retención que actualmente tiene Alberto Romero. Y es que el proceso de antejuicio está versando sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y Alberto Romero ha sido retenido por otro delito que fue el de resistencia agresiva a la Policía”, dijo.
Oferta de pruebas
La comisión reanudará la sesión el miércoles 30 de agosto de 2023 con la recepción de pruebas de parte de la defensa y la fiscalía.
El abogado defensor ofertó como prueba la sentencia de la Cámara de Cojutepeque, y pidió que se requieran los audios de los días 9 y 14 de agosto de 2023 de las discusiones de la audiencia probatoria en dicha Cámara, así como la información de salarios, gastos de representación y viáticos de viajes devengados por el diputado Romero desde 2009.
La parte fiscal ofreció como pruebas declaraciones testimoniales de peritos financieros que participaron en el proceso civil, los testimonios de María de Jesús Guardado, quien laboró como asesora en la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; de Ricardo Gutiérrez Romero, quien laboró como colaborador administrativo en la Asamblea, de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza hasta el 1 de febrero de 2018; y de Ana María Gertrudis Ortiz Lemus, quien laboró como asistente de fracción de ARENA hasta el 30 de abril de 2018, para que expliquen las razones por las que hacían depósitos de dinero en cuentas de la esposa de Alberto Romero.
Además, la parte fiscal pide que se incluya la declaración de Ana de Lourdes Olmedo de Romero, esposa del diputado y de Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, hija del diputado.
Como prueba documental piden que se solicite la información legal y tributaria de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán a los ministerios de Gobernación y de Hacienda.