La concentración del poder, poca transparencia, la reducción de la autonomía municipal y la falta de independencia de poderes fueron algunos de los efectos que dejaron al país las decisiones de la Asamblea Legislativa 2021-2024, de acuerdo a especialistas.
La legislatura que terminó su periodo el 30 de abril aprobó 1,007 Decretos, principalmente iniciativas provenientes del Órgano Ejecutivo, por medio de sus ministerios, que cambiaron leyes, estructura de instituciones públicas y los mecanismos de adquisiciones para los proyectos considerados estratégicos; además, de mantener por más de dos años un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales de la población.
La legislatura inició sus funciones con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Fiscal general y con el nombramiento de otras personas en su lugar. Y cerró su última sesión plenaria con un acuerdo de reforma al artículo 248 de la Constitución de la República.
“Podemos hacer como un resumen y llegar a la conclusión de que la Asamblea Legislativa en el periodo que ha desarrollado, a través tanto de aprobación de leyes como algunas reformas, ha cambiado sustancialmente la institucional democrática”, dijo Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal.
Añadió que se afectó la independencia judicial y el principio de separación de poderes con la destitución de los magistrados de la Sala, así como obligar al retiro de jueces y fiscales con más experiencia.
Además, también destacó las reformas en materia penal en el contexto del régimen de excepción que se implementó desde marzo de 2022. “Que dieron más facultades al fiscal general y a la Policía en detrimento de las garantías judiciales”, expuso.
Considera que hubo un retroceso hacia la opacidad por parte de la Asamblea con las medidas relacionadas al régimen, el cual también tiene su propio régimen de adquisiciones y contrataciones. “Ha llevado a que actualmente la regla general es que la mayoría de información pública está reservada”, dijo.
De acuerdo a los datos disponibles en el portal de internet del Órgano Legislativo, los diputados oficialistas aprobaron 695 decretos provenientes de la Presidencia, 282 por iniciativa de diputados, principalmente de Nuevas Ideas, 25 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y muy pocos de los partidos aliados.
Centralización
En ese lapso de tres años también se derogaron instituciones públicas y se crearon nuevas, como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal (ISDEM), cuyas funciones retomó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y se emitió una nueva Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) con una reducción de asignación de fondos para las alcaldías.
Ábrego indicó que con esta nueva institucionalidad se concentró las decisiones y el fondo que se destinaba para inversión en los municipios, lo que afectó la autonomía.
Similar postura brindó Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. “Hay un impacto administrativo y en la prestación de servicios de las municipalidades. Algunas señalaron que tuvieron que recortar una serie de actividades o servicios que prestaban o que se vieron en dificultad para prestarlos”, expuso.
Añadió que en la lógica de concentrar el poder, “es entendible" muchas de las reformas.
"Por ejemplo, si le deja el FODES a la municipalidades y les deja la potestad de decidir sobre las obras que van a hacer, significa que le esta dejando autonomía, le está permitiendo que ejerzan una parte del poder”,
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana
Cambio en régimen de compras
La Asamblea aprobó varios decretos que cambiaron la administración pública, como una Ley de Compras Públicas que sustituyó a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Se cambió el esquema de comprar públicas de un esquema competitivo, transparente y auditable a un esquema de compras directas, a dedo, oculto y sin rendir cuentas”, dijo el economista Rafael Lemus.
Cabe destacar que en algunos proyectos, como el aeropuerto y tren del Pacífico y el viaducto de la carretera Los Chorros, no tendrán que aplicarla, pues tienen sus propios regímenes de compras .
“La Asamblea y la Corte las convirtieron a las dos en instituciones dependientes, órganos dependientes del Ejecutivo. Y en especial la Asamblea se convirtió en una tramitadora directo de la Presidencia. No solo tramitadora, sino exprés, sin debate, sin consulta, rompiendo todo el esquema de control institucional”,
Rafael Lemus, economista
Consideró que otro aspecto que se modificó en la legislatura pasada fue “desmantelar todo el sistema de rendición y transparencia de cuentas”, con la reserva de información.
Lemus también destacó que la Asamblea permitió “más libertad” en gestión de fondos públicos con la creación de sociedades paralelas, como los casos de la DOM, el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica y el Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA).
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Escobar también cuestiona qué tanto se ha traducido en mejor desempeño institucional y manejo de los fondos públicos con las leyes aprobadas. “Y es que hacerlo rápido no necesariamente es sinónimo de eficiencia, o sea, no porque ahora se haga rápido quiere decir que sea eficiente o que eso se derive en que se maneje más transparentemente los recursos o que eso beneficie en mayor medida a la ciudadanía”, dijo.
Consideró que sería necesario analizar cada ámbito que fue regulado con los decretos emitidos. “Habría que ver compras públicas si eso agilizó o no, y si agilizó ¿en favor de quién?”, cuestionó.
Sustitución de instituciones
Otro aspecto fue el cambio del sistema de pensiones, cambiar la modalidad de los certificados de deuda previsional y crear al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), lo que a criterio de Escobar se debe revisar si ha beneficiado a los pensionados.
La legislatura pasada eliminó al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y creó el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), se derogó la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) y se aprobó la Ley Crecer Juntos con un nuevo Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA).
La Asamblea aprobó en la pasada gestión la disolución de la Dirección General de Estadísticas y censos (Digestyc) y pasó sus atribuciones al Banco Central de Reserva (BCR).
Cabe destacar que las nuevas instancias públicas que cuentan con consejos directivos son integrados principalmente por representantes del gobierno.
Cambia reglas electorales
Ábrego no dejó de lado las reformas que promovió el oficialismo para reducir la cantidad de municipios del país y la cantidad de diputaciones de la Asamblea Legislativa.
“Ha cambiado el sistema electoral, las reglas del sistema electoral en términos del respeto del principio de representación proporcional y representación de la minorías, el pluralismo político”,
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico Cristosal
Entre los cambios está la fórmula de asignación de escaños que redujo el pluralismo político y, a juicio del especialista, “ha llevado a la concentración de poder” en un solo partido político.
Principales áreas de legislación
De acuerdo a la materia, la Asamblea Legislativa 2021-2024 los diez temas con más decretos aprobados fueron:
- Decretos sobre presupuesto
- Autorización, ratificación y modificación de préstamos
- Administración pública
- Elección de funcionarios e integración de instituciones
- Distinciones honoríficas, premios y días nacionales
- Exenciones de impuestos
- Civil, mercantil
- Tratados
- Penales
- Régimen de excepción