La Fundación para el Debido Proceso (Dplf) inició el martes una campaña de sensibilización denominada: “Laberinto de la (in)justicia”, la cual forma parte de una iniciativa para evidenciar el tortuoso camino de las víctimas de crímenes cometidos durante la guerra civil, en la búsqueda de la verdad y la justicia.
La actividad consiste en la difusión de afiches de 14 casos de masacres y crímenes de guerra, con una reseña histórica de la ruta que familiares y organizaciones sociales han realizado tratando de obtener justicia y reparación.
Sonia Rubio Padilla, oficial del programa sénior de Dplf, explicó que los 14 casos seleccionados para la campaña muestran que el sistema de justicia salvadoreño ha sido incapaz de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes cometidos en el contexto del pasado conflicto armado.
Por su parte, David Morales, jefe de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos, considera que en El Salvador la impunidad se ha institucionalizado y es uno de los países más férreos en proteger criminales de guerra.
Morales explicó que el posicionamiento del poder político en el país a lo largo de los años ha sido en favor de la impunidad que discrimina a las víctimas y trata de proteger a los criminales de guerra.
Recordó los posicionamientos de los presidentes, desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta la actualidad, en los que se niega la historia y se desprestigia a las víctimas desde el discurso oficial para minimizar sus demandas de justicia.
“El gobierno y el régimen actual sigue con esa postura negacionista”, aseguró Morales.
El exprocurador recordó el discurso del presidente Nayib Bukele, en El Mozote, “negando la historia de la guerra, negando los Acuerdo de Paz y agraviando con ello a las víctimas”.
Otro de los puntos señalados por Morales es que los altos mandos de la Fuerza Armada de los diferentes gobiernos han tenido una clara posición política desde los Acuerdos de Paz para bloquear información, obstaculizar investigaciones y proteger a sus propios criminales de guerra.
Morales añadió que los archivos militares de los extintos batallones élites y de los cuerpos de seguridad sí existen y están en el archivo central del Estado mayor de la Fuerza Armada, lo que está demostrado en causas judiciales.
“La posición de bloqueo sigue en el actual régimen autoritario. Casos como la de la masacre de El Mozote están muy bien documentados con pruebas, la verdad es incuestionable”, dijo.
Fernando Serrano, en representación de los familiares de los desaparecidos, expresó que como familia siempre ha deseado conocer el paradero de sus hermanas desaparecidas durante una operación militar denominada “Operación Limpieza”, en el Municipio de San Antonio de La Cruz, departamento de Chalatenango.
Las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz tenían 7 y tres años de edad cuando fueron desaparecidas durante la emboscada del batallón Atlacatl.
En marzo de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado salvadoreño por la desaparición forzada de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz durante un operativo militar en 1982.
Sin embargo, hasta este momento no se ha cumplido con las medidas de la sentencia de investigar y determinar el paradero de las hermanas Serrano, individualizar y sancionar a los responsables.
Si deseas solidarizarte con los familiares de las víctimas del conflicto armado puedes descargar las imágenes en la cuenta de twitter @DPLF_info y compartirlas en tus redes sociales con el hashtag #LaberintoDeLaInjusticia