Además de sustituir al diputado Rodrigo Ayala en la segunda vicepresidencia de la junta Directiva de la Asamblea Legislativa, también se le sustituyó en el cargo de presidente de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, para lo que se nombró en su lugar a la diputada Dania González.
A Ayala se le concedió permiso para ausentarse de su cargo en la Asamblea Legislativa para asumir la presidencia de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), nombramiento que se dio a conocer por la cuenta en redes sociales de la Presidencia de la República el pasado 5 de junio.
La comisión sesionó al finalizar la tarde de este lunes e inició con la propuesta del diputado Mauricio Ortiz de elegir como presidenta de la comisión a la diputada González y en el cargo de relator al diputado Samuel Martínez, de Nuevas Ideas. Cuando se instaló la comisión a mediados de mayo, la diputada González fue nombrada en el cargo de relatora.
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Luego de la votación de los miembros de la comisión, asumió la presidencia de la misma la diputada González. “Estoy muy honrada por este nombramiento, esperamos sacarle provecho a esta comisión como lo hemos venido haciendo en toda nuestra trayectoria como diputados en esta Asamblea Legislativa”, dijo la legisladora.
Aceptan observaciones a reforma de 2022
Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aceptó este martes las observaciones del enviadas por el Presidente de la República, Nayib Bukele, al decreto de reforma a la Ley de Protección al Consumidor, que fue aprobada el 7 de junio de 2022, las cuales se dieron por aceptadas.
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión conoció y aprobó el dictamen aceptando las observaciones en la sesión del lunes.
Una de las observaciones es al literal k) que fue incorporado al artículo 7 de la ley respecto a las obligaciones de los proveedores de servicios, que dice: “No ofrecer, vender ni poner a disposición bienes o servicios a precio superior al regulado por la ley, u ofertado por cualquier medio escrito o mediante avisos o carteles fijados en lugares visibles del establecimiento o etiquetas adheridas a los bienes”.
Sobre ese literal, el presidente, señala que está en una parte regulada como obligación la posible fijación legal sobre el precio de venta de bienes y servicios.
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“En este punto consideramos que las frases relacionadas con la regulación o establecimiento de precios antes mencionados debería eliminarse, dado que la afirmación que el Estado a través de la ley en mención regulará las actividades tendientes al equilibrio de los precios de los productos que componen el mercado en El Salvador sería incompatible con lo dispuesto en los artículos 101 de la Constitución de la República, que se refiere al establecimiento del sistema económico salvadoreño con un sistema de economía de mercado; así como en relación con la libertad económica consagrada en el artículo 102 de la Carta Magna”, dice la nota enviada por Bukele.
Agrega que la libertad económica se deriva en otros derechos como la libertad de empresa, libre acceso a los mercados y se vincula al derecho de propiedad.
De ahí que propuso sustituir el literal por el siguiente texto: “No ofrecer, vender ni poner a disposición bienes o servicios a precio superior al ofertado por cualquier medio escrito o mediante avisos o carteles fijados en lugares visibles del establecimiento o etiquetas adheridas a los bienes”.
Otra observación fue a la modificación del literal g, del artículo 18 de la ley, que califica como una práctica abusiva del proveedor el “recopilar, consultar, utilizar y transferir a cualquier título o destino los datos personales y crediticios” brindados por los consumidores o clientes sin la autorización o el consentimiento expreso de su titular. Y que esa información “solo podrá ser recopilada o transferida a las agencias de información de datos y suministrada por éstas a los proveedores, con la debida autorización de los consumidores o clientes”.
La Presidencia advierte que por el grado de especialidad de la Ley de Protección al Consumidor, propuso adicionar que “en ningún caso esa autorización podrá ser condición para la contratación o el otorgamiento de productos o servicios”; entre otras observaciones señaladas.
La diputada González calificó en la plenaria como “muy propicias” para la protección de los consumidores y aaseguró que se homologa con otras reformas aprobadas, como la ley del historial crediticio.
Por su parte, el diputado William Soriano destacó que la reforma habilita a los consumidores a buscar asesoría de la Defensoría del Consumidor en caso de sobreendeudamiento y se vean imposibilitados de cumplir con el pago o algunas cuotas.
El diputado Edgardo Mulato hizo un llamado a las compañías de telecomunicaciones y empresas “que respeten a la población y que promuevan la cultura del respeto al consumidor”.