Abogados, jueces y expertos en derechos humanos coinciden en que el golpe más fuerte asestado por Nayib Bukele a la institucionalidad fue anular la independencia judicial y poner a un fiscal dispuesto a obrar a su conveniencia. Con ello se aseguraba los resultados de acciones futuras, como la implementación del régimen de excepción.
“Lo más grave que ha hecho el actual gobierno en el tema de justicia, es anular la independencia judicial, uno de los pilares esenciales de la democracia. Este fue un proceso que tuvo su inicio el 01/05/2021, con la destitución arbitraria, sin el debido proceso, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y tuvo su culminación con el Decreto 144 del 31/08/2021, que cesó de su cargo a jueces de 60 años en adelante o 30 años de servicio, pudiendo estos continuar en su cargo bajo un régimen de disponibilidad, que no es otra cosa que renunciar a su independencia judicial, y jurar obediencia a la Corte Suprema servil al Ejecutivo”, afirmó Jorge Guzmán, quien como Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, llevaba el caso de la Masacre de El Mozote.
“Hoy no tenemos jueces que solo obedezcan a la Constitución y a la ley, sino jueces fieles a la Corte que sigue las directrices de Casa Presidencial; los pocos jueces que muestran en algunos casos, que son independientes, son castigados con traslados o sometidos a la difamación y linchamiento mediático, por parte del fiscal y funcionarios de gobierno”, detalló Guzmán, quien fue separado de su cargo a finales de septiembre de 2021, según él, de manera ilegal.
Por su parte, el juez Juan Antonio Durán asegura que “Remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, incumplir el mandamiento judicial 1-2021; nombrar magistrados fuera de la lista del CNJ (Consejo Nacional de la Judicatura), cesar a los jueces mayores de 60 años, ofrecerles el bono de 24 meses de sueldo para que aceptaran la renuncia; trasladar y nombrar ilegal y arbitrariamente jueces; y presionarlos para que resuelvan conforme a su voluntad” ha sido una de las mayores arbitrariedades cometidas por Bukele.
Durán fue trasladado del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, al Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, según él, en represalia por sus críticas al golpe a la Sala de lo Constitucional y por oponerse a las reformas de la Ley de la Carrera Judicial.
Mientras que Juan Pappier, investigador de Human Right Watch considera que una de las mayores abusos cometidos por Bukele fue “el descabezamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y del Fiscal General, que le permitieron evadir la prohibición constitucional sobre la relección constitucional y asegurarse la suma del poder público”.