Desde que llegó al poder el actual gobierno comenzó a crecer más el aparato estatal. Si bien han eliminado algunas instituciones y otras han sido absorbidas por carteras de Estado que ya estaban, la administración Bukele ha creado más entidades de las que suprimió.
Son al menos 15 nuevas entidades y cada oficina implica más personal contratado, por ende, más gasto de recursos públicos. Eso significa que cada nuevo empleado de gobierno recibe un salario que sale del dinero de los impuestos que pagan los salvadoreños.
Y el crecimiento en el aparato estatal va en contra de lo que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha remarcado al gobierno salvadoreño en sus informes para que haga un ajuste en el gasto en remuneraciones, porque significa más presión para las finanzas públicas.
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En el más reciente informe preliminar, tras revisar las finanzas del país, el FMI le señaló al Ejecutivo que debería “redimensionar el empleo público”, es decir cambiar el tamaño del aparato estatal y que los salarios vayan acorde a la calificación para el cargo que desempeña.
“A pesar de algunos esfuerzos por contener el gasto salarial en el presupuesto de 2023, se prevé que el gasto en remuneraciones siga superando el 11 por ciento del PIB. Por ello, debería considerarse la derogación de los mecanismos especiales de indexación salarial y una reforma del servicio civil que refuerce el vínculo entre cualificaciones y retribuciones, así como el redimensionamiento del empleo público”, dice en el documento del Fondo.
$2,461.8 millones
Es lo que el gobierno presupuestó para remuneraciones en 2023, según datos de Hacienda.
Una revisión detallada del Presupuesto General de la Nación de 2023 permite hacer una aproximación de la erogación de fondos que implican varias de las nuevas instituciones.
Desde 2020 han sido creadas más entidades, pero sobre todo en el último año cuando la reestructuración del aparato estatal ha tenido un mayor empuje.
Entre las más recientes dependencias están la Dirección de Trámites de Construcción, la cual está adscrita a Casa Presidencial y se encargará de la entrega de permisos ambientales y simplificar trámites a empresas constructoras y urbanizadoras, a través de una “ventanilla única”. Esta entró en vigencia el 21 de febrero de este año, pero sus gastos no han sido contemplados en el presupuesto 2023.
Asimismo fueron creadas la Oficina Nacional del Bitcoin, que entró en vigencia en noviembre de 2022; la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, contempladas en la Ley de Activos Digitales que fue aprobada en enero de este año. Sin embargo, ni en el presupuesto de la Presidencia ni en el del Ministerio de Economía se detallan los gastos en esas nuevas oficinas.
También ha sido creada la Dirección Nacional de Compras Públicas, tras la aprobación de la Ley de Compras Públicas en enero de este año, la cual sustituyó a la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública). Pero al igual que las anteriores nuevas dependencias se desconocen las erogaciones de fondos que requerirán para su funcionamiento.
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En cambio, la Dirección de Obras Municipales (DOM), otra de las cuestionadas entidades que ha creado el actual gobierno, manejará millones de dólares pero ha quedado blindada a la rendición de cuentas. Fue creada en noviembre de 2021 y le asignaron un presupuesto inicial de $900 millones para ejecutar proyectos de las alcaldías luego que les quitaran la asignación del Fodes y asumió funciones del FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local).
Según el presupuesto 2023, esa institución dispondrá de $392.8 millones, que es el monto más grande respecto a las otras entidades que también han sido creadas en la actual administración (ver nota aparte).
11% del PBI
El FMI prevé que el gobierno siga destinando más fondos para pagar salarios de empleados públicos. El PIB de 2022 fue de $31,816.6 millones.
Entre las dependencias nuevas de la Presidencia de Bukele están la Secretaría de Innovación, la cual requiere un presupuesto anual de más de $2 millones y, según el organigrama presidencial, tiene al menos 86 empleados.
También creó la Secretaría de Comercio e Inversiones con una erogación al año de $1,361,625 y cuenta con 27 empleados, de acuerdo a los datos oficiales.
Asimismo, se abrió la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, cuyo presupuesto es de $754,745 y tiene 27 empleados.
Esa instancia fue creada el 29 de junio del 2020, mediante el Decreto Ejecutivo No. 24, como una unidad administrativa con autonomía funcional dentro de la Presidencia de la República, actuando bajo lineamientos directos de Bukele.
Un factor común que tienen las instancias anteriores es que los funcionarios que las dirigen son designados directamente por el presidente de la República.
Entidades insignia
Una de las instituciones insignia que ha sido creada por el actual gobierno es el Hospital El Salvador, el cual fue abierto en junio de 2020 durante la pandemia y cuyo presupuesto anual está asignado al Ministerio de Salud.
De acuerdo a los datos del presupuesto, los fondos destinados este año a dicho centro de salud ascienden a $60,846,210 y de ese dinero utilizarán más de la mitad en remuneraciones: $31.4 millones.
También esa cartera de Estado tiene asignado el presupuesto para el Instituto Especializado Hospital El Salvador, el cual fue creado por decreto presidencial el 22 de julio y operará desde este año. Para su funcionamiento han proyectado $500,000, de los cuales $350,000 serán para pago de salarios.
Además, en febrero de 2022 abrieron el Hospital veterinario Chivo Pets, el cual fue construido con las supuestas “ganancias” de la compra de Bitcoin, pero se desconoce cuánto implica en gasto para su funcionamiento y en pago de salarios de los veterinarios y demás personal que atiende a las mascotas, ya que el gobierno no revela información.
Otra entidad que ha sido creada en la actual gestión es el Instituto de Bienestar Animal, cuyo presupuesto de más de $5 millones está asignado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
En el presupuesto 2023 se detalla que esa entidad gasta $2,386,880 en remuneraciones, es decir casi la mitad de los recursos que recibe. El Instituto tiene 113 plazas y la mayoría del personal gana entre $951 y $1,200.99 al mes. Los miembros de la directiva reciben $250 en dieta por cada sesión, es decir un máximo de $1,000 mensuales.
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A esa entidad se suma la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), la cual fue creada en julio de 2022 como un ente rector para el manejo del recurso hídrico. El presupuesto para su funcionamiento está adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y según el presupuesto de este año tendrá transferencias de fondos por $5,921,326, pero Hacienda prevé que sus ingresos corrientes ascenderán a $17,370,341.
De los casi $6 millones que le transferirán del presupuesto usará $3,689,152 en remuneraciones y en pago de dietas a los directivos, las cuales son de $200 por reunión y pueden acumular un máximo $800 al mes.
Mientras que en el Ministerio de Seguridad Pública el gobierno creó una oficina de “Reconstrucción del Tejido Social”, la cual tiene 22 plazas y la mayoría de empleados (16) reciben salarios de de $800 mensuales; pero hay otras de $1,500 y $1,400, así como de $900 y $1,000.
