La próxima actualización de la lista Engel podría incluir a jueces y fiscales salvadoreños debido a que son ellos los que "están sosteniendo el régimen de excepción". Así lo señaló recientemente la directora del área Anticorrupción y Justicia de Cristosal Ruth Eleonora López, en un foro realizado por el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en Centro América (CCI).
Esto al hablar de la nómina que publicó el pasado 20 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la que figuran Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la Presidencia, y Javier Argueta, quien ha fungido como asesor jurídico de Casa Presidencial, así como Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista, y Will Salgado, alcalde de San Miguel.
Dichas funcionarios salvadoreños han sido designados en la “Sección 353 B de actores corruptos o antidemocráticos” de Centroamérica, conocida como Lista Engel y a quienes las autoridades estadounidenses han retirado la visa.
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A juicio de López, un elemento novedoso de esta última actualización para el caso salvadoreño es el señalamiento directo de actores que socavan el proceso democrático y eso podria significar que jueces y fiscales salvadoreños también sean incluidos en la siguiente actualización que realice el país norteamericano.
"Es un tema novedoso en el caso nuestro porque corruptos siempre hemos tenido, pero esos señalamientos directos de personas que socavan los procesos democráticos y teniendo en cuenta que nos encontramos en un régimen de excepción no me extrañaría que en las próximas actualizaciones de la lista también tuvieramos un fenémeno como el de Nicaragua que se han consignado jueces y fiscales", dijo López.
Su opinión la argumentó en que "en este país, en estos momentos, ellos son quienes están sosteniendo el régimen de excepción" que ha sido impulsado desde finales de marzo pasado por el gobierno de Nayib Bukele con la justificación de "combatir la delincuencia" y que ha permitido la captura de más de 48,000 personas.
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La experta dijo que de la organización Cristosal a la que ella pertenece "tiene más de 2,400 denuncias solo de detenciones arbitrarias y de personas cuyas familias aseguran que no tiene ninguna pertenencia con pandillas y que incluso, algunos familiares que son los denunciantes están siendo perseguidos".
Además, subrayó que hay más de 65 personas fallecidas bajo custodia del Estado en este régimen de excepción.
"Este es un tema que hay que tener en cuenta porque en el caso nicaraguence precisamente se vio la inclusión de jueces y fiscales que han intervenido en detenciones arbitrarias son los que han sido incorporados, también a partir de otras regulaciones", manifestó.
Luego destacó que en la última actualización de esta lista aparecen nuevamente personas que intervinieron en el golpe del 1 de mayo del 2021 cuando se destituyó a magistradosde la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al fiscal general de la República.
La directora del área Anticorrupción y Justicia de Cristosal criticó el silencio del Gobierno de Bukele en relación a sus funcionarios involucrados en este listado y enfatizó en la importancia de que se iniciela respectivas investigaciones.
"El gobierno, en esta actualización, ha guardado silencio. Es común la inexistencia de una respuesta real en contra de la corrupción y del combate frontal contra la corrupción", concluyó.