Desde el 27 de marzo, cuando comenzó el régimen de excepción, al pasado 19 de mayo, la organización de derechos humanos, Cristosal, ha recibido 555 casos de denuncias de violaciones a dichos derechos, según reveló este viernes.
En las 555 denuncias son 596 las personas afectadas, mayormente por capturas arbitrarias, es decir, sin que la policía tenga indicios de los delitos que les imputan: pertenencia a organizaciones terroristas (pandilleros).
La mayor cantidad de víctimas, según el informe, son personas entre los 18 a 30 años, con un 56.4% de afectación, y la mayoría son hombres; mientras que un 32.7% de afectados son personas de 31 años o más.
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Del total de hechos denunciados por Cristosal, el 87.7% corresponde a detenciones arbitrarias, aunque también hay casos de lesiones, robo y muerte de la persona capturada.
David Morales, de Cristosal, informó que en el mismo período, se ha documentado la muerte de 15 personas, ya sea por golpizas o porque las autoridades de centros penales bajo cuya responsabilidad estaban las víctimas, no les permitieron el acceso a sus medicamentos.
“En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida por las autoridades por muertes arbitrarias”, aseguró Morales.
Durante la vigencia del régimen de excepción, a través de medios de comunicación se ha conocido de múltiples casos de personas que fueron capturadas y que murieron mientras estaban bajo la responsabilidad del Estado.
Las familias de estas víctimas han denunciado que los cuerpos de sus parientes tenían señales de haber sufrido golpizas que les ocasionaron lesiones que derivaron en su muerte.
Ningún funcionario público se ha pronunciado sobre esas muertes.