Un total de 2,878 denuncias de casos de violaciones de derechos humanos contabiliza la organización no gubernamental Cristosal en su cuarto informe sobre el régimen de excepción y sus siete prórrogas.
Los datos del informe dan cuenta de al menos 80 personas que han muerto bajo custodia del Estado, entre ellas una mujer de 48 años, sin que las autoridades asuman la responsabilidad por estas muertes.
En este sentido, Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, rechazó las declaraciones del director de Centros Penales, brindadas en televisión el martes, en las que afirmó que las personas que mueren dentro de las cárceles es porque “padecen hasta cuatro morbilidades y se niegan a recibir sus tratamientos”.
Según los datos recopilados por Cristosal a través de testimonios de personas que estuvieron detenidas, de los que fallecieron “un número importante fueron golpeados al momento de la detención; otros sufrieron lesiones graves y no se les dio atención médica y en otros casos fueron víctimas de abuso y tortura en el interior de los centros penales”.
Navas explicó que las personas entrevistadas relataron que presenciaron castigos graves de los custodios a los detenidos en el momento de su ingreso en las cárceles. “Les dan la bienvenida con palizas o con vapuleadas extremas”, aseguró.
“Existe una grave responsabilidad por estas muertes. Cristosal ha documentado varios casos en los que las personas fueron torturadas en el interior de la prisión, salieron casi muertas y cuando llegaron al hospital murieron”, explicó Navas.
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Para la especialista en derechos humanos, una segunda causa de muerte es la deliberada desatención médica y la falta de provisión de medicamentos. Navas explicó que en los centros penales no se puede ingresar medicamentos especializados (diabetes, hipertensión, esquizofrenia, insuficiencia renal) si no presentan una constancia médica.
“Es vergonzoso que el director de centros penales diga que la gente no quiere tomarse los medicamentos”, dijo Navas.
Según Cristosal, aunque el régimen inició el 27 de marzo, no ha sido hasta mediados de mayo que se ha permitido a las familias que lleven una receta médica certificada por un médico para el ingreso del medicamento.
Capturas arbitrarias
A parte de las muertes, Cristosal ha registrado diferentes violaciones a los derechos humanos donde persiste el patrón de detenciones arbitrarias como el más común, al que se suman prácticas de tortura, malos tratos y desplazamiento forzado.
Navas explicó que las capturas en las prórrogas del régimen son arbitrarias porque los decretos de prórroga no habilitan a la policía para realizar capturas sin orden judicial “que no sean en flagrancia (por delitos cometidos en el momento u horas después de cometidos)”.
Según las denuncias recibidas en Cristosal, las personas han sido capturadas dentro de sus hogares, cuando se transportan de un lugar a otro o cuando están en sus trabajos.
Un segundo patrón de violación de derechos registrado en los datos de Cristosal es el allanamiento de morada. Navas expuso que en muchos casos las personas son engañadas por los agentes del Estado, quienes les dicen que van a ingresar a hacer una revisión en sus residencias, donde les registran su identificación y semanas después regresan para capturarlas.
Navas también mostró su preocupación por el uso de las denuncias anónimas a través de una línea habilitada por la Policía, pues se ha prestado a denuncias de ciudadanos que tienen rencillas personales, problemas de deudas o simplemente por enemistades.
“Hemos detectado una situación gravísima, que es el uso abusivo y arbitrario de la Policía y la Fuerza Armada para capturar a personas que son sus enemigas o de quien quieren cobrar venganza”, explicó Navas.
Algunos de los casos documentados por Cristosal son de personas que antes denunciaron en la Inspectoría General de la Policía o en la Procuraduría de Derechos Humanos a policías que después fueron investigados.
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Mujeres, las más afectadas
La investigación de Cristosal enfatiza que uno de los grupos poblaciones más vulnerados por el Estado durante el régimen de excepción son las mujeres, tanto las que han sido capturadas como las que son familiares de los detenidos.
“A través de testimonios constatamos que la situación en la cárcel de mujeres (Ilopango) era sumamente grave y violatoria a sus derechos. El índice de hacinamiento y sobrepoblación es extrema. Más de 150 mujeres fueron recluidas en celdas con espacio para 20, no se les provee agua para bañarse ni toallas sanitarias”, expresó Navas.
La especialista explicó que las víctimas relatan que dormían hasta cuatro mujeres en una misma colchoneta lo que genera que muchas sean víctimas de abuso sexual. Además, las mujeres son obligadas a bañarse desnudas y en grupo, eso implica una exposición grave y de riesgo de ser abusadas sexualmente.
Otro de los problemas graves expuestos por las mujeres es la limitación al agua, que en algunos casos les daban solo un vaso de agua para todo el día y solo se les permitía usar el baño dos veces al día.
Exreclusas relataron que en muchos pabellones, que se habilitaron por la cantidad de capturas del régimen no había servicios sanitarios, por lo que debían defecar en cubetas, las cuales cuando se llenaban eran llevadas a las letrinas. “Por lo general, las internas castigadas eran las encargadas de lavar las cubetas”, relataron las personas entrevistadas.
“Es una situación indignante. Hemos recibido reportes de mujeres con depresión severa, estados de salud críticos, particularmente de salud mental y enfermedades en vías urinarias”, explicó Navas.
Inconstitucionalidad
El director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, hizo un llamado al cese del régimen de excepción por considerarlo inconstitucional e instó al cese de las violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado.
Navas explicó que los tres últimos decretos aprobados para las prórrogas tienen “graves vicios de inconstitucionalidad porque no pueden prorrogar el decreto 333 (del régimen) porque ya se ha modificado”.
“Si tuviésemos una Sala de lo Constitucional independiente obviamente, hace mucho tiempo hubieran declarado inconstitucional el régimen por vicios de fondo y forma”, sentenció.
La última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA) da cuenta de que un 66.4 % de los salvadoreños está en desacuerdo con las capturas sin orden judicial, mientras que un 80.2% cree que las autoridades no deberían mantener detenida a una persona por más de 72 sin indicarle los motivos por los cuales ha sido detenida.
